(ng) Ayer se venció el plazo legal para que los estados y el Distrito Federal adoptaran la Ley General de Víctimas y modificaran sus normas locales; paso indispensable para crear los consejos estatales de víctimas, los fondos de apoyo y la asesoría judicial. Ninguno cumplió al 100 por ciento.
Fue un año desde la promulgación de la referida ley en mayo del 2013, el tiempo que tuvieron los gobiernos y congresos locales para hacer realidad las modificaciones legislativas necesarias, las cuales son indispensables para que funcione de forme adecuada el sistema nacional de protección a víctimas.
Sin estas modificaciones, las personas que sean víctimas de delitos cometidos por la delincuencia común como violencia intrafamiliar, abusos sexuales, robos, o secuestros y homicidios que no sean cometidos por el crimen organizado, no podrán contar con un fondo para reparación de daño ni con un sistema que los respalde y asesore en las investigaciones.
De acuerdo con el reporte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solo 11 entidades, es decir 1 de cada 3 estados del país, tienen “avances significativos” en la adecuación de sus normas, aunque en ningún caso se reporta un cumplimiento cabal.
Se trata de Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.
En tanto, 16 estados se encuentran según la CEAV en un “mediano cumplimiento”, es decir, no hay un avance sólido en cuanto a los esfuerzos por adaptar su legislación local al nuevo modelo y más bien es un esfuerzo irregular e incompleto.
En ese escenario están el Distrito Federal, además de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
La peor realidad es la de Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, entidades calificadas por la Comisión como “omisas e indolentes” en la creación de sus sistemas de víctimas pues no reportan avance de ningún tipo ni trabajo realizado.
Cabe señalar que Guerrero encabeza la estadística nacional en homicidios, Tamaulipas lo hace en secuestros, y Michoacán también se ubica entre los primeras cinco entidades del país en ambos delitos.
No hay compromiso
Organizaciones y activistas manifestaron su preocupación y descontento por lo que califican como un desinterés y falta de compromiso a nivel estatal respecto a los temas de seguridad, como quedó de manifiesta con el incumplimiento con la ley de Víctimas y antes con las fallas en las unidades antisecuestro.
En entrevista con 24 HORAS el consejero de México Unido contra la Delincuencia, Fernando Ramos, dijo que de nada sirve que solo 5 o 6 estados trabajen en este tema pues se trata de un problema nacional.
“De los gobernadores seguimos sin ver su compromiso en ese tema (…) lamentablemente las víctimas siguen quedando al último, de qué sirve que exista una ley general si en la práctica no se aplica”, apuntó.
Recordó que los estados han fallado aun teniendo los recursos económicos para hacer las cosas. Hizo énfasis en el tema de las unidades especiales contra el secuestro, a las que se han asignado recursos desde el 2011 sin que hasta ahora haya una que funcione como debe ser.
“Y necesitamos también empezar a darnos cuenta y a auditar a donde se está yendo el dinero. Hay muchísimo dinero invertido en el tema de la inseguridad y los resultados no son acordes al gasto que se está haciendo”, apuntó.
El presidente de México SOS, Alejandro Martí, calificó como de “imperdonable” el poco avance en el tema. Dijo que es una pena que sólo se vea a las víctimas como una cifra y sostuvo que resulta aún más preocupante que estados con elevada violencia como Michoacán o Tamaulipas, sean los más atrasados.
“Los hago cien por ciento responsables y cómplices de los victimarios”, indicó.
Otra activista y presidenta de Alto al secuestro, Isabel Wallace, también condenó el pobre avance en el tema de víctimas en un evento realizado la semana pasada.
“Las víctimas no tienen por qué estar mendigándoles lo que les corresponde por ley. Las víctimas no tienen por qué andarles mendigando los recursos que ya fueron destinados para tal efecto. De qué nos sirve que nos convenzan por televisión o nos quieran convencer de lo que hacen algunos gobiernos estatales y gasten millones y millones de pesos en publicitarse, sin no son capaces de atender a quienes no fueron capaces de proteger”, aseguró.