Petróleo para la inclusión en Venezuela

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Por Mario Esquivel

Caracas (PL) La riqueza petrolera venezolana, codiciada presa de compañías energéticas transnacionales, llegó finalmente a manos del pueblo con el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1999, promotor de una política de inclusión social vigente en la actualidad.
Con reservas probadas en torno a los 298 mil millones de barriles y un volumen de exportación diario promedio de tres millones de toneles, el oro negro constituye un elemento de significativo peso para las estrategias de desarrollo del país.
En los años 90 del siglo XX, previo al triunfo electoral de Chávez, la llamada política de Apertura Petrolera bajo los preceptos de la globalización neoliberal se orientó a la transferencia al sector privado de importantes actividades del sector.
La relación de participantes incluyó a poderosos grupos estadounidenses como Mobil, Dupont, Conoco, Amoco y Benton, Veba de Alemania, la francesa Elf Aquitane, British Petroleum y Repsol de España, entre otros.
Unido a ello, se potenció la firma de tres decenas de convenios operativos en 1992, 1993 y 1997, bajo un esquema que cedió prácticamente la soberanía jurídica del país.
Según expertos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en la ejecución de esos negocios se cedieron a terceros actividades claramente reservadas al estado como las de exploración, perforación y producción de crudo.
Bajo ese escenario, la llegada al poder de Chávez marcó el principio de una estrategia de plena soberanía petrolera, con un saldo favorable para los programas de inclusión social que apuntan a beneficiar a amplios sectores de la población.
Entre las medidas adoptadas estuvo la decisión de migrar los negocios a la forma de empresas mixtas, con una participación mayoritaria (60 por ciento) para Pdvsa.
En especial destaca la nacionalizacion de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.
Pdvsa resaltó que la política del gobierno permitió completar la nacionalización de 33 convenios cooperatives y 11 proyectos de asociaciones, entre otras actividades.
La mayoría de las firmas extranjeras aceptaron los cambios, tanto en la forma de las operaciones como en los montos a erogar por concepto de regalías e Impuesto sobre la Renta, ajustados al alza por el gobierno en 2007.
Cabe mencionar que la tendencia privatizadora que caracterizó a la apertura petrolera venezolana, tuvo en la orimulsión uno de sus ejemplos más significativos.
Los crudos pesados y extrapesados que se localizan en la FPO no presentaban, antes de la nacionalización, interés comercial para su explotación como hidrocarburo y por ello se diseñó un producto más barato denominado bitumen.
La idea era promover una especie de combustible industrial diseñado para plantas de generación de electricidad, de fertilizantes, fábricas de cemento y complejos químicos, sin tomar en cuenta que en la práctica era petróleo.
La FPO, denominada recientemente Hugo Chávez, cuenta con una producción diaria promedio de 1,2 millones de barriles, con aspiraciones de alcanzar un potencial de cuatro millones de toneles hacia 2019.
Con un territorio de 55 mil kilómetros cuadrados, se ubica al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui y Monagas, dividido en cuatro grandes áreas (Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo).
La estrategia de desarrollo contempla la incorporación de seis mejoradores (tomando en cuenta las caracteristicas del crudo pesado y extra pesado), dos refinerías y facilidades de embarque.
Unido a ello, se prevé la perforación de más de 10 mil pozos y el incremento de la capacidad de almacenamiento a más de 15 millones de barriles de petróleo.
Al evaluar el impacto económico de la medida, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, recordó que entre 2002 y 2014 los ingresos fiscales provenientes de la actividad petrolera llegaron a 477 mil millones de dólares.
En contraste, entre 1990 y 2001 ese propio indicador fue de apenas 23 mil millones de dólares.
De esa forma, las acciones del gobierno recuperaron la verdadera condición del crudo del Orinoco, sujeto ahora a explotación bajo mecanismos que garantizan la soberanía venezolana sobre los recursos naturales.

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