El PRI y el PRD en el Senado tuvieron el primer “round de sombra” sobre el haber de retiro para los magistrados electorales mientras que el PAN consideró anticipada la confrontación de un asunto que aún no se publica en el Diario Oficial.
Desde la víspera y desde sus esquinas, priístas secundados por legisladores del PVEM y de Nueva Alianza anunciaron la presentación de una reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que los siete magistrados del tribunal electoral federal reciban el concepto sólo por los dos años siguientes a la conclusión de su cargo.
El diputado federal priista Héctor Gutiérrez de la Garza fue designado para subir a tribuna y defender el tema con el argumento que en la reforma política nunca se incluyó el tema de una pensión vitalicia para los siete magistrados electorales.
“En pocas palabras: no existe ni existirá pensión vitalicia en el caso de los magistrados electorales, que es el caso que nos ocupa”, lanzó el priísta desde la tribuna del recinto senatorial.
Desde la esquina del PRD lanzaron a un peso completo a responder. Alejandro Encinas apuntó: “son escasos los argumentos a favor de un haber de retiro para quienes integran el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, pues los recursos económicos no son garantía para actuar con imparcialidad y con apego a la ley”.
Acusó que el pretendido haber de retiro se suma las millonarias percepciones de los magistrados y puso como ejemplo el del presidente de ese órgano que recibe un sueldo base mensual de 182 mil 440 pesos.
Detalló que a ese monto se suman prestaciones nominales por 64 mil 505, una prima vacacional por 58 mil 447 pesos, un aguinaldo por 363 mil 713 pesos y un pago por riesgo por 411 mil pesos, que en conjunto alcanza un ingreso anual por cinco millones 985 mil pesos.
Encinas cuestionó el pago de riesgo a los funcionarios del tribunal electoral federal y argumentó que “los magistrados electorales no son presidentes municipales que trabajan con mucho más riesgo, ni periodistas que es una profesión de alto riesgo, ni mucho menos bomberos o judiciales que sí están expuestos a actividades de riesgo”.
Miguel Alonso Raya, también del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hizo el relevo a Encinas y presentó otra iniciativa para derogar la adición de la fracción XXXI al Artículo 209 del ordenamiento, que aprobó el Congreso de la Unión como parte de los dictámenes de las leyes secundarias de la reforma político-electoral.
Abajo del “ring” legislativo el panista Jorge Luis Preciado, desde su escaño, mediaba para frenar la situación al señalar que no había tema de debate ni para la presentación de esas iniciativas, pues la reforma política ni siquiera ha sido promulgada por el Ejecutivo Federal, quien además puede usar su facultad de veto en el tema.
Poco antes el coordinador del PRD, Luis Miguel Barbosa, instruía a sus pugilistas y declaraba en rueda de prensa: “nosotros decimos: no, no, no; no fueron parte de los acuerdos, eliminémoslo, deroguemos esa fracción. Haberes de retiro, legislemos abiertamente frente a la sociedad”.
El priista Emilio Gamboa, también en rueda de prensa, avaló la iniciativa de su partido para rectificar y acotar la entrega de ese concepto a sólo dos años y consideró viable presentarlas en este momento aún y cuando el Ejecutivo federal no ha ordenado su publicación en el Diario Oficial de la Federación.