Buenos Aires, 25 may (PL) Una nueva investigación corrobora los estrechos vínculos que tuvieron los grupos de poder económico en Argentina con la dictadura cívico-militar (1976-1983), resalta hoy un artículo del periodista y escritor Horacio Verbitsky.
La raíz económica del terrorismo de Estado quedó en evidencia en un extraordinario informe de la Procuración General sobre los beneficios que obtuvo Loma Negra con el golpe cívico-militar y el asesinato en mayo de 1977 del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, asevera Verbitsky en la nota que difunde el diario Página 12.
Loma Negra era una empresa productora de cemento propiedad de Amalia Lacroze, que obtuvo jugosas ganancias a partir del crimen de Moreno.
Por ese asesinato ya fueron condenados tres militares y dos empresarios. La investigación avanza ahora sobre el directorio que presidía Lacroze, señala el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
«Pocas veces las razones profundas de la complicidad del poder económico con la dictadura quedaron expuestas con mayor claridad y nunca antes una oficina del Estado las había investigado con semejante voluntad y capacidad técnica», remarca el articulista.
Por los juicios sobre la ley de contratos de trabajo que Moreno le ganó a la compañía por enfermedades ocupacionales y reclamos por la implementación de medidas de seguridad e higiene, la cementera incluyó en sus estados contables una previsión de pérdidas para el pago de indemnizaciones.
Ese monto se redujo en forma drástica luego del secuestro y asesinato del abogado por los militares, y del mismo modo se redujo el costo laboral de la empresa y se incrementaron sus utilidades, explica Verbitsky.
El estudio fue realizado por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración, una de las innovaciones impulsadas por su titular, Alejandra Gils Carbó, quien la creó el 12 de marzo de este año.
En abril de 2005, Lacroze y su hija Inés Lafuente vendieron el paquete de control de Loma Negra al grupo brasileño Camargo Correa Cimentos, que pagó por esas acciones mil 25 millones de dólares.
La expropietaria falleció en febrero de 2012, luego de colocar los fondos recibidos por la venta en un fideicomiso financiero para el que contrató como administrador al actual diputado republicano Alfonso de Prat Gay, detalla Verbitsky en su artículo.
Los actuales propietarios entregaron todos los libros contables de 1975 a 1983 -señala Verbitsky- a los investigadores argentinos para realizar la pesquisa.
Esa documentación muestra que Loma Negro presentó pérdidas en marzo de 1976, situación que se revirtió a partir del año siguiente, con un pico de ganancias en el ejercicio que cerró el 31 de marzo de 1981, durante la dictadura
Evidencian en Argentina nexos entre poder económico y dictadura
