Desbordante corrupción en Panamá

Panamá (PL) La corrupción en Panamá bajo el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli ha desbordado los límites de la imaginación al involucrar cientos de millones de dólares malversados y a casi toda la estructura de la administración pública.
Son emblemáticos los casos comprobados de corrupción del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén a quien ya se le han incautado 18 millones de dólares y numerosos propiedades,y el exministro de Desarrollo social Guillermo Ferrufino quien entró limpio al gobierno y sale nultimilloario.
Las acusaciones y denuncias de corrupción además de las estructuras del gobierno, incluido el expresidentes Martinelli, alcanza también a casi todo el Ministerio Público, desde la Procuradora y Contralora, hasta al actual presidente de la Corte Suprema de Justcia y fiscales anticorrupción.
Detrás de cada nombre -y son decenas los que se mencionan- hay complicadas y sórdidas historias con pruebas y testimonios, publicadas en los medios.
A Martinelli se le menciona en varios casos, pero hay tres de enorme envergadura:
1) los juicios por corrupción internacional en Italia contra Valter Lavítola y ejecutivos de Finmeccanica y empresas derivadas, que incluye supuestas coimas a su favor, no demostradas aún, y otros delitos, lo cual él califica de «telenovela italiana».
Martinelli no ha sido involucrado por el acusado principal Lavítola en Italia, pero sí por testigos en ese país como Mauro Velocci, representante en Panamá de la empresa italiana Svemark que debió construir cárceles modulares aprobadas por el ministro de Seguridad Raúl Mulino, quien dio detalles ante los tribunales italianos del pago de las supuestas coimas.
2) El proceso judicial en Panamá a Mayte Pellegrini por presunto desfalco de 14 millones de dólares y lavado de dinero de la casa de valores Financial Pacific. Se trata de uno de los más dramáticos casos en esta historia de corrupción.
A Martinelli se le señala como poseedor de la cuenta cifrada High Spirit para obtener información bursátil privilegiada que supuestamente usaría uno de sus hijos en adquisiciones de acciones de la minera Petaquilla.
El oficial Vernon Ramos, que investigaba el desfalco y esa y otras cuentas, desapareció en 2012 y sus familiares temen que haya sido asesinado. El Ministerio Público no investigó el caso.
3) La compra de equipos de espionaje telecomunicacional a Israel que se ha convertido en uno de los grandes escándalos porque ha involucrado no solamente la vigilancia a sus propios funcionarios y allegados, sino a embajadas y empresas extranjeras y nacionales con fines de chantaje y lucro.
Martinelli recurrió al Parlamento Centroamericano para investirse como diputado por derecho propio en su condición de expresidente y mantener su inmunidad.
Lo curioso es que lo hizo el mismo día 1 de julio cuando debía estar transfiriendo el mando a su sucesor Juan Carlos Varela y un día antes de que cambiaran las reglas de admisión por lo cual hay sospechas de irregularidad en su proclamación que, además, se realizó sin el quórum requerido.
Martinelli había hablado muy mal del Parlacen al que calificó cueva de ladrones y sacó a Panamá de legislativo, pero al final tuvo que aceptar una decisión que declaró ilegal su decisión y pagar las cuotas adeudadas. A la postre fue la única coraza protectora que encontró, a pesar de las críticas y sospechas de su actual presidenta.
En la larga lista de exfuncionarios que aparecen involucrados de una u otra forma en las decenas de denuncias de corrupción figuran  José Raúl Mulino (exministro de Seguridad), mencionado en el delito de coimas y compras de equipos con sobrecostos a Finmeccanica y otras firmas en el propio caso de Lavítola.
Orestes Del Río, dirigente del Partido Popular, denunció a Mulino en diciembre 2011 por supuestamente haber recibido coima de Finmeccanica por la compra de 19 radares a un total de 125 millones, pero no prosperó porque en su investidura de ministro, solo podía ser investigado por el Procurador y juzgado por el pleno de la Corte.
Ha declarado que no tiene nada que ver con las compras de equipos de seguridad a Finmeccanica. No ha sido procesado ni imputado.
Roxana Méndez (exministra de Gobierno), la cual mantiene muy bajo perfil desde que abandonó el cargo,  es mencionada también en el caso de Finmeccanica y citada varias veces en el testimonio ante los tribunales italianos de Mauro Velocci en el caso de la construcción de cárceles modulares.
Además se investigan las compras y contrataciones directas que hizo en su período como alcaldesa de la capital panameña.
José Federico Suárez (exministro Obras Públicas): presunto delito de peculado a favor de empresas propias y conjuntas con Martinelli, como una cementera y otras más ligadas a la construcción beneficiarias de contratos del Estado que podrían alcanzar los 400 millones de dólares cuando era ministro.
Las empresas de ambos construyeron la tercera fase del Centro Comercial Los Andes donde termina la primera línea del Metro. Después de su renuncia para acallar a sus críticos, Martinelli lo nombró ministro consejero.
Se asegura fueron los principales suministradores de cemento y otros materiales de construcción en las megaobras construidas por el gobierno de Martinelli como el Metro, la Cinta Costera y la ampliación del Canal de Panamá.
Franklin Vergara (exministro de Salud): nombrado por compras multimillonarias de equipos sanitarios innecesarios y evidentes sobrecostos, como pruebas portátiles antivirales. Martinelli le dio la tarea de la construcción de hospitales en cuyos contratos aparecía la empresa IBT, la cual finalmente se quedó con el grueso de ellos.
En la junta directiva aparecían amigos íntimos de los hijos de Martinelli y del propio Vergara y de su hijo Víctor lo cual generó controversia en  sectores de la sociedad que al final contribuyó a la salida de Vergara del Gabinete aunque IBT siguió con los contratos por alrededor de 500 millones de dólares. Después Martinelli lo designó ministro consejero.
Javier Díaz (exministro de Salud): aparece vinculado a acciones poco transparentes iniciadas por su antecesor Franklin Vergara en cuanto a los montos contratados de cinco hospitales que superan los 495 millones de dólares y los 21 MINSA-CAPSI, los 185 millones de dólares.
Guillermo Sáez-Llorens (exadministrador de la Caja del Seguro Social): aparece con numerosas denuncias desde antes de asumir ese cargo cuando era ejecutivo de empresas de Martinelli y Suárez. Muy cuestionado por no rendir informes del estado de las finanzas de la CSS ni dar detalles de las inversiones.
Se le responsabiliza de los problemas financieros y atrasos en la construcción de la Ciudad Hospitalaria. Se fue del país y, según las investigaciones, radica en España.
Se le acusa de negligencia en la muerte de nueve neonatos por mal uso medicamentoso de heparina, y por las decenas de muertes por la bacteria hospitalaria KPC, así como el desabastecimiento de medicinas en los hospitales de la CSS.
Giancomo Tamburelli (exsecretario general del Partido Cambio Democrático (CD), exdirector del Programa Nacional de Ayuda o PAN): se le acusa por delitos contra la administración pública, supuestos malos manejos al frente del PAN con millonarios sobreprecios en obras deficientes ejecutadas, y por aprobar la construcción en Los Santos de una carretera que solo benefició a su suegro.
En el caso de una compra de alimento escolar deshidratado a un sobreprecio de 32 millones de dólares, que afectó la salud de los niños, acusa a Martinelli de haber ordenado la compra a favor de su amigo Rubén de Ycaza, en prisión domiciliaria.
Tamburelli fue el hombre que le compró a israel los equipos de espionaje usados por Martinelli y desaparecidos tras dejar el gobierno.
Un testigo del Ministerio Público cuya identidad no se divulga para protegerlo, estima que el monto malversado por él supera los cien millones de dólares, pero Tamburelli lo desmiente y desvía la culpa hacia Martinelli y su exsecretario Privado Adolfo Obarrio.
Rafael Guardia (exadministrador del PAN): se le acusa de delitos contra la administración pública al igual que Tamburelli. Entre ambos manejaron mil 200 millones de dólares sin que hayan rendido cuentas para justificar ese enorme monto.
A Guardia Jaén se le han incautado en cuentas bancarias por 18 millones de dólares, y se le han descubierto varias propiedades inmobiliarias de extremo lujo, una de ellas valorada en dos millones de dólares. Cuando llegó al cargo era un humilde vecino de un barrio pobre capitalino.
Una querella interpuesta contra Guardia sirve de base a pesquisas que instruye la fiscal Lozano de Coronel en contratos asignados a numerosas empresas relacionadas con el anterior gobierno:
3D & LSA, Grupo HD & L, Construcciones Internacional, S.A., Grupo HDEL Construcción Internacional, S.A., Constructora Brithany, S.A., Suplidora Osman, S.A., Inversiones Cincuentenario, S.A., Corporación Vulcano, S.A. y Grupo Exalhe, S.A., supuestamente relacionadas con malversación de fondos públicos.
El testigo protegido cifra en 30 millones de dólares el monto del dinero malversado por Guardia Jaén.
Adolfo Chichi de Obarrio (exsecretario privado de Martinelli):Aparece como quien recibía en su oficina en la Presidencia de la República las coimas generadas por el PAN y luego las redistribuía entre todos los implicados.
Fue supuestamente la persona clave en la administración de los recursos mal habidos generados en el PAN.
Un testigo del Ministerio Público, que protege su identidad por la gravedad de sus revelaciones, asegura que De Obarrio pudo haberse quedado con el 20 por ciento de las coimas, cifra alucinante que podría estar muy por encima de los cien millones de dólares.
Guillermo Ferrufino (exministro de Desarrollo): Presunto delito contra la administración pública. Aparece como dueño de una residencia millonaria en Pyne Hills Albrook Field, tiene fincas y un yate de lujo a pesar de que entró al gobierno sin propiedades ni fortunas declaradas.
A ello se agrega la presunta compra de una residencia playera de lujo en el exclusivo Coronado por un valor de medio millón de dólares. Cuando ingresó al gobierno era un simple animador de la televisión, poco culto y sin recursos financieros.
Salomón Shamah (exministro de Turismo): señalado como creador y director de un centro de escucha (espionaje telefónico); intento de extorsión a Mayté Pellegrini. Según Victor Ramos, hermano del desaparecido Vernon, Shamah lo amenazó para que no siguiera investigado el caso.
Se le vincula a casi todos los presuntos casos de corrupción en el gobierno de Martinelli y artífice de la campaña sucia contra los políticos opositores, en especial contra el actual presidente HJuan Carlos Varela. Tamburelli lo acusa de haber amenazado a su familia para que no hable en el caso de las compras del PAN.
También su nombre aparece vinculado al narcotráfico a pesar de lo cual siguió y sigue siendo el hombre de confianza de Martinelli. El gobierno de Estados Unidos le tiene negada la entrada a ese país.
Frank de Lima (exministro Economía y Finanzas): aparece en el caso Finmeccanica, y en la falta de transparencia en los dineros
Asignados al PAN y al Ministerio de Salud para la construcción de cinco hospitales que no fueron terminados, así como en la deuda contraída de 485 millones de dólares de los contratos llave en mano.
De Lima, en su condición de representante legal de Tocumen S.A. otorgó durante la administración de Martinelli el 62 por ciento de las actuales concesiones comerciales ofertadas por la empresa estatal. De las 87 que se aprobaron entre 2009 y el 30 de junio de 2014, en total 78 se entregaron de forma directa.
Juan Carlos Pino (exadministrador Aeropuerto Tocumen SA):aparece con denuncias de negociados y sobre costos en el Muelle Norte de la ampliación del aeropuerto, y los contratos para el Muelle Sur. Fue uno de los primeros en renunciar apenas asumió el gobierno el presidente actual de Panamá, Juan Carlos Varela.
Demetrio Papadimitriu (exministro de la Presidencia): se le menciona en un fracasado intento de apropiarse de las áreas playeras de Juan Hombrón supuestamente de sus padres. Entró en litigio con Martinelli por ese hecho y renunció a su cargo de ministro de la Presidencia.
Enrique Ho (exdirector de aseo): acusado por varios diputados de negociados y poca transparencia en el manejo de presupuestos superiores a los 80 millones de dólares anuales, y alquiler innecesario de camiones recolectores de basura. No ha rendido cuentas del gasto de más de 300 millones de dólares.
José Ayú Prado (exprocurador general y actual presidente de la CSJ): aparece como protagonista principal en supuesta extorsión a Mayte Pellegrini para que se retractara de acusación a Martinelli de poseer una cuenta cifrada en Financial Pacific que usó en la compra de acciones de la minera Petaquilla.
Encubrió a Financial Pacific en el desfalco de 14 millones de dólares según Pellegrini. No investigó las denuncias relacionadas con el PAN.    Acumuló varias querellas ante la Asamblea Nacional por supuestos delitos de corrupción, abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público pero fueron archivadas por los integrantes de la Comisión de Credenciales de la Asamblea que entonces dominaban los diputados de CD.
Alejandro Moncada Luna (magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia de la que fue presidente dos años):procesado en la Asamblea Nacional por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos y corrupción de servidores.
Compró dos apartamentos -uno de ellos al contado- en Coco del Mar, por valor de 1.7 millón de dólares. Es mencionado en el proceso de Mayte Pellegrini también como encubridor a favor de Financial Pacific y Ricardo Martinelli.
No procesó ninguna de las denuncias sobre delitos de corrupción que llegaron a su despacho como presidente de la CSJ.
Ana Belfon (procuradora de la nación): el Frente Amplio por Colón solicitó que se investigue cuando abandone el cargo el 31 de diciembre por cerrar los expedientes y patrocinar la impunidad en caso de la matanza de colonenses ordenada por el gobierno de Martinelli para tratar de imponer la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón en 2012, hecho que era ilegal.
Aparece como que ha bloqueado todos los procesos de corrupción que han llegado al Ministerio Público para que no prosperen, incluido Finmeccanica, Financial Pacific, y ventas de acciones de propiedad estatal, malversación en el PAN y otros delitos.
Eduardo Peñaloza (Fiscal Electoral): aparece subordinado a Martinelli en todos los procesos de impugnación y denuncias de mal uso de recursos del Estado por parte de los candidatos a todos los niveles de Cambio Democrático.
Se le responsabiliza por el silencio mantenido en la comisión de actos delictivos violatorios a la ley electoral y a la Constitución en los comicios de mayo de 2014.
Gioconda Torres de Bianchini (Contralora): aparece como que refrendó sin previa investigación todas las órdenes de compra de las diversas entidades del gobierno, incluidas del PAN en cuyas bodegas no existieron controles ni inventarios.
Exempleada de los Super 99 de Martinelli, no actuó en ninguna de las denuncias de inversiones, compras y otros usos irregulares de los dineros del Estado, ni las investigó y firmó las solicitudes llegadas a su escritorio desde las diversas instancias del gobierno.
No cuestionó ninguna asignación presupuestaria o de otro tipo proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sergio Gálvez (expresidente de la Asamblea Nacional); gastó 117.2 millones en la planilla de contratados adicional al personal fijo durante sus dos años de mandato (2012-2014).
La Prensa asegura hubo una componenda con Martinelli y Frank de Lima, para autorizar esos gastos astronómicos posiblemente con fines políticos.
Según denuncias presentadas por el testigo Giancarlo Terán, supervisor del call center que dirigía Salomón Shamah, el centro de espionaje telefónico era financiado por la Asamblea Nacional que lideraba Gálvez.
Hay decenas de implicados más según expresara el presidente Juan Carlos Varela, quien ha ratificado que las investigaciones continuarán.