Forcejeo entre Martinelli y la justicia en Panamá

Panamá, 28 ene (PL) Un pleno extraordinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá decidirá hoy si llama a indagatoria al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), a quien confesiones de allegados lo vinculan a casos de corrupción durante su administración.
Lo anterior responde a trascendidos de prensa que publicó el sitio de noticias Panamá América, el cual se hace eco de las declaraciones de uno de los 15 abogados del anterior mandatario, Sidney Sittón, quien aseguró que para un proceso contra su cliente deberá aprobarlo el Parlacen.
Otra opinión fue reiterada al canal TVN por el exmagistrado de la CSJ, Edgardo Molino, quien refiere que el tratamiento a diputados del Parlacen depende de la legislación de cada país miembro y en Panamá el artículo 149 de la Constitución eliminó la inmunidad parlamentaria en 2004.
«Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional.
«La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia», consigna el texto legislativo.
De admitirse, la CSJ debe solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral a Martinelli, quien preside el partido Cambio Democrático; a la vez el máximo órgano de justicia deberá nombrar de entre sus miembros a un Fiscal y a un Juez de Garantía.
El proyecto que circula en el CSJ establece iniciar una investigación contra el expresidente, con base en la causa penal remitida por la Fiscalía Segunda Anticorrupción para determinar la posible comisión de delitos y el levantamiento del fuero electoral, según el canal Telemetro.
Un vocero de Martinelli aseguró la víspera a la televisora TVN, que el exmandatario saldría «en las próximas horas del país para una reunión del Parlacen», lo que algunos círculos políticos y de prensa interpretaron como una huída para evitar la justicia.
Las declaraciones de los dos directores del Programa de Ayuda Nacional (PAN), durante el gobierno anterior, Giacomo Tamburrelli (2009-2012) y Rafael Guardia (12012-2014) vincularon a su antiguo jefe de ser el que daba las órdenes de la red de corrupción gubernamental.

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