Madrid, 11 mar (PL) La Defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril,rechazó las regulaciones que impiden hoy recibir asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular, quienes solo pueden ser atendidos en caso de urgencia.
La atención de salud debe ser para todas las personas, sin excluir a quienes el Gobierno privó de tarjeta sanitaria en 2012 por no tener sus papeles en orden, expresó Becerril en una declaración difundida por la publicación Médicos y Pacientes.
Las declaraciones coinciden con la firma por una docena de partidos políticos de un acuerdo para derogar el decreto de exclusión sanitaria cuando alcancen mayoría parlamentaria suficiente, previsiblemente en las elecciones generales de fines de 2015.
Excepto el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, organización de derecha recientemente incorporada a la política nacional, las demás formaciones se comprometieron a restablecer el carácter universal de la sanidad española vigente de 1986 a 2012.
La oposición crítica la falta de debate parlamentario para aprobar la norma, tramitada con carácter de urgencia, así como la falta de estudios para justificar la medida ni informes posteriores sobre el ahorro o resultados.
Según un informe oficial enviado en 2013 a la comisión Europea, 873 mil extranjeros residentes en España fueron dados de baja como consecuencia de la decisión.
La medida también incluyó el llamado copago farmacéutico, mediante el cual los jubilados deben abonar una parte del costo de las medicinas antes entregadas de forma gratuita.
Como resultado de la reforma aprobada por el PP se disminuyeron siete mil millones de euros del presupuesto sanitario y quedaron sin financiación pública 400 fármacos de uso común.
El pacto por la derogación del decreto es apoyado por unas 50 organizaciones sociales y profesionales, entre ellas la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, que consiederan injustas las limitaciones.
Los críticos advierten que, además de violatoria de los Derechos Humanos, la medida es también negativa en términos económicos, pues es más caro tratar a esas personas en urgencias que de forma preventiva.
Defensora del Pueblo de España crítica deterioro de salud pública
