La Habana (PL) La reciente reautorización de los pelotones de fusilamiento para aplicar la pena máxima en el estado de Utah, confirma las contradicciones y crisis moral del sistema penal en Estados Unidos, algo denunciado por numerosas organizaciones y activistas.
La decisión del gobernador Gary Herbert, firmada el pasado 23 de marzo, devolvió la orden de «ÂíApunten! ÂíFuego!», en el único estado de la Unión que ha recurrido a este método en los últimos 40 años.
Lamentamos que siempre que alguien cometa un horrible homicidio como el agravado, amerite pena de muerte, y preferimos usar el método de la inyección letal cuando la sentencia lo determine, defendió el portavoz del gobernador a medios locales.
El promotor de la ley, el legislador republicano Paul Ray, considera que la iniciativa facilitará el proceso para ejecutar sentencias, debido a que usarán francotiradores.
Es más rápido y decente, consideró Ray.
Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles de Utah, rechazó la medida y la calificó como un instrumento «bárbaro y retrógrado».
La legislación precisa que el fusilamiento se usará como alternativa si las drogas específicas para la pena de muerte no están disponibles 30 días antes de la ejecución, o si la inyección letal es considerada inconstitucional.
Utah dejó de ofrecer el fusilamiento como opción voluntaria en 2004.
La Cámara de Representantes del estado de Wyoming aprobó en febrero una ley similar, que también necesita el respaldo de la Cámara alta local y del gobernador, con la estipulación adicional de que quien vaya a ser fusilado debe estar inconsciente al momento de recibir los disparos, según destacó la página digital del diario TheHuffington Post.
Estas iniciativas surgen luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara la revisión del procedimiento de ejecuciones para la inyección letal que utiliza una combinación de drogas.
Persiste una escasez de estos productos específicos, debido a que compañías farmacéuticas se han negado a vender las sustancias para estos fines.
En los últimos meses se registraron múltiples errores al aplicarse el método en varios estados, hechos que avivaron los cuestionamientos contra la pena máxima y el sistema penal estadounidense en su conjunto.
Las agónicas muertes de Dennis McGuire, en Ohio, en enero de 2014, y Clayton D. Lockett, en Oklahoma, en abril del propio año, levantaron críticas sobre la utilización de compuestos letales que provocaron sufrimiento a los condenados.
McGuire murió 25 minutos después de inyectado en lo que fue descrito como una penosa agonía; a Lockett, a causa del mal funcionamiento de los compuestos, le fue cancelada la ejecución 14 minutos después de ser medicado con el suero mortal, un cóctel con el sedante midazolam y el analgésico hidromorfina, pero murió 45 minutos más tarde de un ataque al corazón.
El propio presidente Barack Obama reconoció que la ejecución quedó por debajo de los estándares humanos y que la agonía sufrida por Lockett despertó interrogantes significativas sobre cómo se aplica la pena de muerte en el país.
La polémica ejecución parece merecer el calificativo de cruel, inhumana y degradante, además de que también pudo violar la Octava Enmienda de la Constitución norteamericana, donde se establece «que no puede infligirse un castigo cruel e inusual», advirtió por su parte la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Los Derechos Humanos.
Trascendió luego que, incluso, los abogados de Lockett agotaron todos los recursos judiciales incluyendo la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de saber qué tipo de fármacos se emplearían en el procedimiento, debido a los problemas presentados.
BARBARIE AGAZAPADA TRAS UNA SENTENCIA ¿JUSTA?
Estados Unidos es uno de los casi 60 países que todavía aplican la pena de muerte, si bien otros 140 la han abolido, la mayoría de ellos después de 1976, cuando la Corte Suprema de Justicia norteamericana la restableció.
Informes indican que entre 1890 y 2010 al menos ocho mil 776 personas fueron ejecutadas en la nación norteña; en 276 de esos hechos se registraron errores que prolongaron la agonía delos condenados, recordó meses atrás Austin Sarat, profesor de Jurisprudencia y Ciencias Políticas en el Colegio Amherst, de Massachusetts.
El país sigue recorriendo un camino tortuoso entre el reclamo de justicia social contra los criminales y la Octava Enmienda de la Constitución, la cual subraya que «no se infligirán penas crueles e inusitadas», manifestó.
En su libro GruesomeSpectacles (Espectáculos horripilantes), Sarat detalla los casos de reos decapitados durante las muchas décadas durante las cuales permaneció el ahorcamiento como un espectáculo público; a la par de los quemados en la silla eléctrica, asfixiados de forma lenta en la cámara de gas o agonizantes tras las inyecciones letales.
Precisó el académico que entre 1890 y 2010, las ejecuciones fallidas por cualquiera de estos métodos significaron el 3,2 por ciento del total.
Contrastó además que entre 1980 y 2010, cuando se generalizó el uso de las inyecciones letales como castigo último, la tasa de fallas subió al 8,5 por ciento.
Según Sarat, Estados Unidos pasó de la horca al fusilamiento, de la silla eléctrica a la cámara de gas y finalmente a la inyección letal buscando un método «seguro, confiable, eficaz y humano».
La Asociación Médica estadounidense vetó la participación de médicos y profesionales de salud en las ejecuciones, por lo cual corresponde a personal no médico colocar las inyecciones intravenosas.
Si hay alguna dificultad, por pequeña que sea, ello desborda la competencia e instrucción de los ejecutores, denunció Sarat.
De forma paralela a los debates sobre la justificación moral para derogar la pena de muerte, persiste la polémica sobre los métodos de ejecución, señalados por la ocurrencia de errores e infligir sufrimientos innecesarios a los condenados.
«Los estadounidenses están hartos de esta barbarie», afirmó DianneRust-Tierney, directora ejecutiva de la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte.
«La pena capital es una práctica bárbara e ineficaz y que socava el compromiso de igualdad bajo la ley», afirmó.
La popularidad de la pena de muerte ha ido disminuyendo en Estados Unidos, no tanto por los tratos crueles a los condenados, sino por una mayor conciencia ciudadana sobre las disparidades raciales en las sentencias y el aumento de casos de condenados que tras la revisión de sus casos, han resultado inocentes.
Según el Centro de Investigación Pew, el respaldo popular a la pena máxima descendió del 78 por ciento en 1996 al 55 por ciento actual.
Una investigación publicada en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias evidenció a mediados de 2014 que resultan inocentes alrededor del un cuatro por ciento de los condenados a morir en Estados Unidos.
La pesquisa analizó la situación de unos siete mil 500 sentenciados con la pena máxima entre enero de 1974 y diciembre del 2004, de los cuales el 12,6 por ciento fueron ejecutados.
Cerca de dos tercios de los casos ven conmutada su pena durante el proceso de apelación y cuando los jurados dudan de la culpabilidad del acusado eligen la cadena perpetua, con lo cual quienes son inocentes sufren prisión permanente y por lo general, son olvidados, añadió el estudio.
De acuerdo con un informe del Registro Nacional de Exoneraciones, durante 2013 fue anulada en la nación norteña una cantidad récord de condenas equivocadas.
De los casi mil 300 exculpados en los recientes 25 años, 87 fueron librados de cargos en 2013, pero no son más que «una pequeña parte de los errores que de hecho ocurren y que en la mayoría de las veces, nunca son descubiertos», afirmó Samuel Gross, profesor de leyes en la Universidad de Michigan.
Para algunos entendidos la gran interrogante consiste en saber cuántos inocentes más siguen presos o cuántos han sido ejecutados injustamente.
A inicios de abril de 2014, investigadores descubrieron amplias pruebas de la inocencia de Jonathan Fleming, quien permaneció casi 25 años en prisión por un delito que no cometió y fue finalmente puesto en libertad.
Fleming cumplía una condena por un supuesto asesinato ocurrido en 1989 en Brooklyn, Nueva York; sin embargo, al momento del hecho, se encontraba a más de mil 600 kilómetros de distancia, en Florida, con su familia.
A finales de marzo del año pasado, Glenn Ford, de 64 años, volvió a ser un hombre libre cuando una jueza anuló su condena ante el hallazgo de pruebas que lo exoneraron de culpabilidad por el homicidio del joyero IsadoreRozeman, en 1983.
Ford, también afroestadounidense, ingresó en el corredor de la muerte en agosto de 1988 luego de ser juzgado por un jurado compuesto exclusivamente por caucásicos, y llegó a convertirse en el prisionero con más tiempo aguardando la sentencia de muerte que haya sido exonerado en la historia de Estados Unidos.