La Procuraduría General de la República (PGR) no ha permitido que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) –que investiga la desaparición forzada de los normalistas en Iguala, Guerrero– entreviste a personal militar del Batallón 27.
Tras concluir su tercera visita a México, el GIEI –nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición de las familias y los estudiantes– informó en cuatro puntos sus primeras conclusiones sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en la localidad de Ayotzinapa, Guerrero.
Las y los expertos informaron que como parte de la búsqueda de los 43 normalistas, los familiares se reunieron el pasado 5 de mayo con Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal, y acordaron continuar con el proceso de búsqueda hasta tener certeza del destino de los normalistas.
También acordaron asegurar la adecuada formación, medios y garantías legales para llevar a cabo la búsqueda y asegurar la participación, información y seguimiento de la localización con las y los familiares.
No obstante, en el tema del proceso de las investigaciones, el GIEI señaló que la PGR tiene pendiente realizar “numerosas diligencias” para aportar información que completaría el expediente.
Entre ellas –recordaron las y los expertos–, hace mes y medio que solicitaron a la PGR entrevistar de manera directa al personal militar del Batallón 27, lo que hasta ahora no ha conseguido a pesar de que este elemento aportaría información relevante para la investigación judicial.
Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR, pero luego desistieron y se comprometieron a dar otra respuesta a las y los expertos en próximos días.
La misma respuesta tuvo el GIEI sobre su solicitud de entrevistar a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial, que presuntamente estuvo presente en la primera parte de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
Por otro lado, las y los expertos detallaron que durante un taller que realizaron del 3 al 5 de mayo con las familias de los estudiantes desaparecidos analizaron los “desafíos” que suponen para ellas el paso del tiempo, la falta de respuestas, la presión y los “intentos de manipulación de terceros”.
Sobre estas formas de victimización secundaria por parte de terceros –sin dar nombres o cargos– que han sufrido las familias de los estudiantes desaparecidos, la Secretaría de Gobernación señaló que ya se presentó la denuncia correspondiente.
En este punto, el GIEI sugirió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que tenga un mapeo completo de las víctimas del caso; dé pasos progresivos para acercarse a las víctimas y familiares; y haga una propuesta de atención en la que se informe a cada familiar sobre sus derechos de forma personalizada.
El grupo de personas expertas informó que ya se estableció un mecanismo para dar atención al resto de las y los familiares, con una primera valoración médica que permita identificar los impactos y necesidades de salud específicas.
De acuerdo con el informe, las autoridades reafirmaron que se mantendrá la atención médica para Edgar Vargas y sus familiares hasta su restablecimiento completo, y en el caso de Julio César Mondragón (cuyo cuerpo fue hallado con rasgos de tortura), se comprometieron a brindar atención y atender las necesidades de la familia.
El GIEI también expresó su preocupación porque la investigación sobre la desaparición de los normalistas está fragmentada en 13 causas distintas en seis juzgados de diferentes ciudades del país.
Además, los presuntos responsables de la desaparición forzada se encuentran en prisiones de tres estados distintos, lo que podría provocar que se pierda la visión integral de los hechos, se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales, y la pérdida de evidencia para hechos conexos, dijeron las y los especialistas.
El GIEI también señaló que los delitos a investigar configuran el delito de desaparición forzada, no de secuestro, además de que se presentaron otras graves violaciones a Derechos Humanos que tienen que ser revisadas con diligencia, como la tortura (en el caso de Julio César Mondragón Fontes); tentativas de homicidio; encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza; y lesiones y amenazas contra los sobrevivientes.
Además, el GIEI reconoció que la noche del 26 de septiembre del 2014 los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” llegaron después de que se terminara el acto público de la presidenta del DIF para realizar actividades de “boteo” y no para sabotear el evento.
El trabajo –dijo el GIEI– se ha centrado en el análisis del desarrollo de los hechos en los más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la información obtenida por el propio Grupo.
El Grupo dijo que analizó las primeras actuaciones en contra de los normalistas, sin que esto suponga una valoración de la eventual responsabilidad penal en los hechos del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa y presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, actualmente presos.
En el cuarto punto del informe –que se refiere a la problemática general de desaparición forzada–, el GIEI calificó como “satisfactoria” la reciente aprobación de la reforma constitucional que faculta al Poder Legislativo a elaborar leyes en materia de desaparición forzada y tortura.
El GIEI continuará su investigación en México, de la que se espera deriven más informes en los próximos meses.
Fuente: Cimacnoticias