Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 26/05/2015
Además de mantener en la impunidad el 80 por ciento de las agresiones contra mujeres, en el estado de Baja California (BC) van en incremento las muertes de mujeres por VIH/Sida, así como la negación de servicios de salud en casos de violación sexual, y la tasa de mortalidad materna (MM) entre las jóvenes.
Este fin de semana el Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en BC –con miras a decretar una Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad– emitió 14 recomendaciones al gobierno estatal a fin de que detenga las agresiones contra las mujeres.
En caso de que la administración local acepte las recomendaciones, éstas deberán cumplirse a más tardar en seis meses para que no se declare la AVG.
De la indagación que realizó el Grupo de Trabajo (conformado por gente de la academia y funcionarios federales) sobre la realidad que enfrentan las bajacalifornianas, se desprenden otras cifras, estadísticas y datos que demuestran que en la entidad no existe una plena garantía sobre los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
Por ejemplo, para el Grupo uno de los focos de atención en los que es necesario impulsar investigaciones que identifiquen prácticas de riesgo en la población y que se dirijan acciones específicas para limitar este problema, es la alta tasa de muertes de mujeres por VIH/Sida.
Lo anterior porque, en los años 2005, 2010 y 2013, en términos absolutos, BC ha ocupado los primeros cinco lugares respecto a la mortalidad por VIH en mujeres. En 2005 ocupaba el quinto lugar, en 2010 subió al segundo lugar, y actualmente se ubica en el cuarto lugar.
La tendencia en estos últimos 15 años ha ido en aumento. La tasa de mortalidad femenina más elevada por VIH ocurre en la fronteriza ciudad de Tijuana (83 por ciento del total), con un índice cinco veces mayor que la del municipio de Mexicali, seguido por las localidades de Tecate y Ensenada.
El 83.6 por ciento de la población femenina que falleció en 2013 tenía entre 20 y 49 años de edad, lo que se traduce en que “las infecciones por VIH están llevando a un número significativo de mujeres a la muerte en edad reproductiva”, y es factible que un número importante de portadoras del virus puedan presentar embarazos e incrementar la transmisión perinatal de la enfermedad.
En un monitoreo de servicios de atención a la violencia familiar en el sector salud, realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Sureste) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) –retomado en el informe del Grupo de Trabajo–, uno de los hallazgos fue que el desconocimiento de la atención de los casos de violencia familiar y sexual permea a los diferentes niveles de los servicios de salud.
Sólo en el 50 por ciento de los casos se otorga atención de lesiones leves si se presenta maltrato físico y únicamente el 15 por ciento llena los datos de identificación y resumen clínico correspondiente.
Aunque en los servicios de salud se da aviso al Ministerio Público sobre los casos de violencia contra las mujeres en un porcentaje más significativo que el relativo a nivel nacional, no se llega a dar aviso en más de una tercera parte de los casos, a pesar de los niveles de repetición de eventos.
Al recordar que la maternidad en edades tempranas “no sólo significa un obstáculo al sano desarrollo de niñas y adolescentes, sino que frecuentemente entraña el fin de la escolarización y el truncamiento de sus oportunidades de desarrollo personal”, y que puede ser el resultado de una violación sexual, el Grupo de Trabajo manifestó su preocupación de que entre 2009 y 2013 se registraron un total de 23 mil 810 nacimientos en los que la madre era menor de edad.
De esos casos, mil 578 correspondieron a nacimientos en los que la madre era menor de 15 años de edad.
A esto se suma que lejos de alcanzar la meta de reducir los niveles de Razón de Muerte Materna (RMM), “la posición de Baja California en el contexto nacional ha empeorado”.
De 2009 a 2013, el 14.1 por ciento de las mujeres que fallecieron por MM eran menores de 19 años, tres cuartas partes vivían en unión libre o eran casadas, y una de cada 20 era hablante de alguna lengua indígena.
Destaca que alrededor de una tercera parte murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud, y que, por el contrario es muy pequeño el porcentaje de MM ocurridas en el hogar, mientras que no se registraron nacimientos atendidos por una partera.
“La MM implica una negación de los DH de las mujeres, pues se trata de defunciones que en su gran mayoría se hubiesen podido evitar con una atención médica oportuna y de calidad”, dijo el Grupo de Trabajo.