Por desacato a una orden judicial, el director del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro, Joel Ortega Cuevas, y otros directivos, enfrentan una denuncia penal ante la Procuraduria General de la República, derivado del desalojo de locales comerciales y el robo de su mercancía en estaciones del Metro.
Luego de manifestarse frente al edificio de la PGR y bloquear la avenida Insurgentes esquina Monterrey, decenas locatarios y trabajadores, el abogado Raúl Carrancá y Rivas ratificó la querella contra funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, al señalar que el director del Metro, Joel Ortega Cuevas, violentaron la ley y no acató la suspensión provisional girada por un juez federal.
Los comerciantes, quienes afectaron la vialidad en ambos sentidos de la la avenida Insurgentes por espacio de dos horas, denunciaron que los funcionarios y administradores del STC le han mentido al Jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera al desalojar y cerrar los locales de la estación del Metro Hidalgo, violando la Ley de Amparo al desacatar la suspensión definitiva otorgada por un juez federal.
Denunciaron que la suspensión definitiva no se ha respetado desde el pasado 8 de abril del 2015, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.
Se pronunciaron en contra del desalojo y cierre de los locales comerciales, legalmente establecidos y condenaron las acciones abusivas y prepotentes de funcionarios públicos al destacar que nada justifica la violación a las leyes, por lo que pidieron que se aplique la ley a los funcionarios administrativos que violaron la suspensión definitiva a los locatarios del metro Hidalgo.
Se informó que las pérdidas ascienden a un millón de pesos diarios, desde el pasado 10 de abril y que 250 familias se quedaron sin empleo tras el desalojo de 80 locales en el Metro Hidalgo, a la vez que mil 300 locales que operan desde hace 45 años en las líneas del Metro se ven amenazados por estos operativos sorpresa del STC.
