InsurgentePress / Ciudad de México.- La iniciativa de legislación secundaria de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que presentó el Ejecutivo federal carece de un punto importante: sistemas de pensiones, los cuales generan gran presión en las arcas subnacionales, alertó Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas de HR Ratings.
Si bien la propuesta contiene puntos favorables, “nos hubiera gustado que si hablamos de disciplina financiera, se considerara un sistema de alertas que evalúe el pago de pensiones, así como se hará con la deuda”, comentó en conferencia de prensa.
Actualmente, dijo, cada estado es libre de decidir su sistema de pensiones. Puede optar por afiliar a los trabajadores a instituciones como el IMSS o ISSSTE, o bien pagar con su gasto corriente.
Varias entidades que mantienen un régimen de beneficio definido —el Estado es quien se encarga de financiar las jubilaciones— están ocupando recursos del gasto corriente para completar el pago de pensiones de los trabajadores, refirió.
“Esto impacta a las finanzas públicas, porque los recursos que se distraen para pagar las pensiones se podrían ocupar para obras públicas y otros sectores”, externó.
Por ello, Gallegos exhortó a que cada estado cree reservas actuariales para pagar esas pensiones, aunque reconoció que ante el cambio demográfico que se percibe en el país, las reservas se terminan y la única opción es el gasto corriente.
Por ejemplo, expuso, Chihuahua se acabó sus reservas, logrando un impacto en el balance de 3,000 millones de pesos; si se suma por cada estado, el impacto es mayor.
Pasivo contingente
De acuerdo con María del Carmen Martínez, analista de Moody’s, es un hecho que los gobiernos federal, estatales y municipales deben dar seguimiento al tema de las pensiones, debido al impacto que pueden generar en las arcas locales, incluso, en el corto plazo: “La iniciativa (de disciplina financiera) está muy completa, abarca muchos temas. Como calificadora, no podemos decir si el gobierno debió incluir o no las pensiones, eso sin contar que se trata de una obligación contingente, no financiera”, externó.
Necesario, cambiar de sistema
Gerardo López, especialista en pensiones de la Universidad Panamericana, comentó que el pago de éstas se ha convertido en una de las deudas más grandes de estados y municipios, por lo que deberían estar consideradas dentro de las alarmas de deuda que se crearán para mantener finanzas públicas sanas.
“Si la nueva ley no considera el registro de las pensiones como un gasto tipo deuda, hay una falla muy grave, se tendría que corregir la ley. Tenemos focos rojos”, alertó.
López sugirió que para evitar que se incremente la deuda de pensiones, el sistema de beneficio definido debe cambiar al de contribución definida; es decir, donde cada trabajador sea responsable del ahorro para su retiro durante toda su vida laboral.
En su momento, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó en la Cuenta Pública del 2013 que si bien se lograron ahorros equivalentes a 1.5 veces el Producto Interno Bruto de ese año, mediante la migración de los regímenes de beneficio definido hacia el de contribución definida, aún quedan pendientes de transformar los esquemas de los estados y municipios.
Destacó que del 2004 al 2013, el presupuesto ejercido en la política de pensiones y jubilaciones registró, en términos reales, un crecimiento promedio anual de 12.8%, al pasar de 140,106.2 millones de pesos en el 2004, a 414,714.7 millones en el 2013.
Palomean topes a nómina
En otros temas, el analista de HR Ratings comentó que la mayoría de las entidades federativas destina 40, 50 y hasta 60% de su presupuesto al pago de nómina de funcionarios públicos.
“Por lo tanto, incluir techos de crecimiento en el capitulo de servicios personales, desde el punto de vista de disciplina financiera, es un elemento que las cámaras van a tener que discutir mucho, porque es uno de los fenómenos más importantes en términos de gasto”, agregó.
Existe presión financiera en 13 estados
Un total de 13 gobiernos estatales enfrentará presiones financieras importantes en el corto o mediano plazo por la insuficiencia de sus sistemas de pensiones, debido a la falta de reformas, o bien, dado que las modificaciones hechas son insuficientes, de acuerdo con la consultoría aregional.
Se trata de Durango, Guerrero, Baja California, Chiapas, Nayarit, Colima, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, Michoacán, Tabasco y San Luis Potosí.
“El principal factor en esta situación es la carencia o la deficiencia en las reformas que realizaron, las cuales no les han permitido adecuarse a las condiciones que actualmente se viven en cada estado”, refirió.
En el caso de Durango y Guerrero, sus reformas no son suficientes para dar viabilidad en el largo plazo. El primero debe tomar medidas a la brevedad; de no hacerlo, corre el riesgo de presentar problemas financieros en el corto plazo.
En Baja California, Chiapas y Nayarit, las reformas se han pospuesto por presiones políticas o sociales.
El resto de los ocho estados necesita cambios en su sistemas en el corto plazo. Colima, Morelos y Querétaro no tienen un esquema formal, por lo que el pago lo fondean con gasto corriente.
Tlaxcala ya enfrenta un déficit actuarial por 14,000 millones de pesos, equivalente a 100% de sus ingresos totales de un año. Tabasco tiene un periodo de suficiencia nulo.
Yucatán, San Luis Potosí y Michoacán tienen un periodo de suficiencia no mayor a 10 años.
De acuerdo con Moody’s, aunque los pasivos pensionarios son manejables, ya ejercen presión financiera en algunos casos que, de no corregirse, forzarán a 14 entidades a pagar mediante contribuciones adicionales en la próxima década.
Los mejores
Sólo 12 entidades pueden garantizar el pago a sus jubilados en el largo plazo. Cuatro de ellas, Baja California Sur, DF, Hidalgo y Quintana Roo, están afiliadas al ISSSTE. El resto (Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Sonora) realizaron reformas exitosas. (Con información de Fernando Franco)