A TIRO DE PIEDRA: DEUDAS DE LA DEMOCRACIA

Por Julian Santiesteban

 

La verdad se robustece con la investigación y la dilación;

la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre

Tácito

Esta semana, del 5 al 9 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la etapa final del proceso de evaluación para los designación de consejeros de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs); concluyendo con ello las etapas de la reforma político electoral aprobada en mayo de 2014 por el Congreso federal, y que dejó al país muchas más dudas que certezas sobre el control de todos los órganos comiciales del país y su profesional e imparcial renovación.

 

Los aspirantes que primero serán evaluados son los de Coahuila, este lunes 5 de octubre, y los aspirantes de Chihuahua, Nayarit, Puebla y Quintana Roo harán lo propio entre el 6 y el 9 de octubre; pero cabe recordar que en este 2015 fueron designados ya los consejeros de los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

 

Con la reforma de 2014 se pretendió, porque así se dijo en su momento, quitar a los gobernadores el control de los órganos electorales estatales, pues la designación era responsabilidad de los Congresos locales, pero lo cierto es que con el proceso instrumentado por el INE han surgido aun más dudas, pues en la mayoría de los casos se han reelegido a muchos funcionarios que ya operaban dichos órganos, basados en criterios de capacidad, pero no de control.

 

Ahora bien, los mecanismos de control de las entidades han permanecido intocados, como el hecho de que los presupuestos los siguen asignando las entidades federativas y también los órganos de contraloría; luego entonces, la dependencia presupuestal y de fiscalización nos recuerda el dicho popular que reza que “el que paga, manda.”

 

Pero aun más, los consejeros electorales nacionales han destacado la importancia de aprovechar el conocimiento de los actuales funcionarios electorales, pero en esa dinámica han incluido a personajes reconocidos por su militancia partidista y que incluso han tenido cargos que legalmente los imposibilita a contender, factores ignorados por los garantes de la legalidad del proceso, baste mencionar el actual presidente del OPLE de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas; y en Quintana Roo el aspirante Iceberg Nahúm Patiño Arbea, ambos fueron representantes ante el INE, el primero del PRI, y el segundo hasta 2013 representante del PRD ante el distrito electoral federal 03.

 

Las irregularidades son de todo tipo, aunque no necesariamente ilegales, como el caso de otro de los aspirantes, Cleiver Yam Navarro, que el año pasado presentó examen para ser consejero en Yucatán –por ser esa entidad en la que nació- y al no ser seleccionado, ahora participa en Quintana Roo, lugar donde reside. Esa “doble oportunidad” es también sin duda uno de los “huecos” que deberán corregirse en la normatividad, pero que desde ahora no debieran pasar por alto las autoridades electorales; aun así, antes del 30 de octubre deberán ser designados los consejeros electorales locales, pero la enorme duda sobre la imparcialidad y profesionalismo ha dejado ya en entredicho, como si no fueran suficientes los escándalos nacionales que han permitido los consejeros del INE a partidos como el Verde Ecologista.

 

De esta manera, la renovación de los órganos electorales del país llegará a su fin, al más puro estilo “gatopardiano” de cambiar todo, para que nada cambie. Ya seguiremos abordando el tema.

 

DE LAS DEUDAS DEL IEQROO

A propósito de otras deudas que dejan los órganos electorales, el de Quintana Roo, que es el más claro ejemplo de lo que ya no debiera existir, tiene “magníficos” ejemplos de los pendientes que dejan. Fuentes fidedignas nos hacen llegar un caso surgido durante el proceso electoral local de 2013, en el que se renovaron diputaciones locales y presidencias municipales, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), a cargo aun de Jorge Manríquez Centeno, pues rentaron mobiliario para el distrito XI y para todas las casillas ubicadas en el municipio Benito Juárez, e incluso contrataron el servicio de “coffee break” para el día de la jornada electoral, a través de su auxiliar administrativo del Distrito VIII, Lía Amalia Puerto Amoros, pero al concluir el proceso simplemente nada pagaron e hicieron como si no existiera adeudo alguno.

 

El órgano electoral ha sido demandado, pues lleva 27 meses de retraso en el pago de la deuda, es decir 819 días –y contando-, por un monto que ya supera el millón y medio de pesos, y que es tan sólo una muestra de la rapacidad mostrada por el actual Consejo General del Ieqroo y su presidente, pero además del caso son corresponsables otros funcionarios como los actuales consejeros Vicente Aguilar Rojas y José Alberto Muñoz Escalante; y el secretario general del Instituto, Juan Serrano Peraza; todos ahora preparados para presentar su examen el viernes 9 de octubre y prestos a permanecer en el OPLE quintanarroense.

 

La demanda 115/2015 fue radicada en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún, y el acuerdo de admisión se fijó el día 24 de agosto pasado; el Ieqroo fue notificado desde el día 21 de septiembre y tiene 18 días hábiles para responder; es decir hasta el 16 de octubre próximo; así que mientras responden por la demanda, los funcionarios “profesionales” del Ieqroo estarán también esperando su ratificación en los cargos, aunque los agravios sociales por su lamentable desempeño estén a la vista. Esos son los resultados que el INE pretende dejar en todas las entidades federativas; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima, que el tema aun dará de qué escribir.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.