La Constitución no reconoce a las comunidades afrodescendientes y es necesario emprender reformas para resolver esta situación, señalaron legisladoras de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
Las senadoras priistas Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza; y la pevemista María Elena Barrera Tapia, señalaron que un primer paso es generar políticas públicas que garanticen la reducción de la pobreza, desigualdad y discriminación en las que viven.
Detallaron que presentaron una iniciativa de reforma a los artículos 2, 27, 28 y 115 de la carta magna.
Pese a los avances contra la discriminación, advirtieron, en México persisten los sesgos en las políticas públicas.
“Las comunidades afrodescendientes en nuestro país han sido un grupo olvidado y marginado, que ha sido objeto de discriminación y racismo, aunado a la falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano”, expusieron.
La historia de las personas africanas o afrodescendientes en México, dijeron, se remonta al periodo virreinal, cuando mujeres y hombres nahuas, otomíes o mayas convivieron con españoles, pero también con mandingos y wólofs de África Occidental y bantúes del centro de ese continente.
Comentaron que los africanos arribaron al país de manera forzada y cómo esclavos. Desde entonces y hasta la fecha, las comunidades afrodescendientes han sido “un grupo olvidado y marginado que ha sido objeto de discriminación y racismo, aunado a la falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano”.
Las legisladoras explicaron que los programas sociales, de combate a la pobreza y de salud atienden a sectores vulnerables, de acuerdo a sus características y riesgos que enfrentan, como los indígenas.
Sin embargo, admitieron, las poblaciones afrodescendientes no reciben beneficio alguno.
Destacaron que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluyó hasta 2015 a las comunidades afrodescendientes en su Encuesta Intercensal, lo que implicó un cambio relevante porque México era uno de los dos países en América Latina que no reconocía a estas poblaciones.
“Sin duda, esta acción impulsada por el Inegi es un paso hacía el pleno reconocimiento de los derechos de estas comunidades, pero es insuficiente”, acotaron.
Agregaron que la encuesta revela que un millón 388 mil 853 personas se consideran afromexicanas o afrodescendientes, es decir 1.2 por ciento de la población, que se concentra sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Veracruz y se encuentra entre los grupos más pobres y menos educados del país.