Panamá, 28 may (PL) Una carta de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) reveló hoy que las autoridades panameñas tenían información sobre la investigación seguida contra el local Grupo Waked International S. A. (Wisa) por lavado de dinero.
El documento filtrado al diario La Prensa está firmado por Ronald Robinson, director de la DEA en Panamá, y dirigido al fiscal primero de Drogas, Markel Mora, quien investiga de oficio al Grupo Wisa, y en el cual se narra la participación de entidades istmeñas en las investigaciones iniciadas en 2006.
A principios del actual mes de mayo esta nación se estremeció con la inclusión de 68 empresas panameñas en la Lista Clinton de lavado de activos, incluidas las que aglutina Wisa, lo que tiene en peligro el empleo de al menos cuatro mil trabajadores, quienes comienzan a sufrir las consecuencias de tales sanciones.
Según la misiva con fecha 11 de mayo de 2016, las pesquisas comenzaron el 16 de agosto de 2006 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de esta capital, cuando detuvieron a una ciudadana mexicana quien llevaba 217 mil 295 dólares en efectivo y con su colaboración, capturaron a otras dos personas involucradas.
A su vez allanaron la residencia de uno de ellos, Ali Abd Fares Shaaban, e incautaron facturas por valor de 10 millones de dólares, emitidas por numerosas compañías, incluidas el Grupo Wisa.
Fares-Shaaban declaró entonces a las autoridades panameñas que durante cuatro o cinco años recibió dos millones de dólares en efectivo semanalmente que traían viajeros quienes llegaban por Tocumen, dinero que depositaba en cuentas y a cambio obtenía los recibos.
«Esta información recabada en Panamá dio origen al inicio de nuestra investigación», dijo la DEA en su carta, afirmó la fuente.
La defensora de Wisa, Guillermina McDonald, confirmó al diario La Prensa la existencia de la misiva y dejó entrever sorpresas al conocerse de otros involucrados en el caso referido, en el cual aseguró no se confirmó la autenticidad de las facturas.
Otra participación oficial de las autoridades del país centroamericano, según la DEA, fue la asistencia judicial para que la Agencia estadounidense conociera «múltiple información bancaria».
Ello condujo a que se «formularan cargos, los cuales se mantuvieron cerrados o sin acceso alguno, en el Distrito Sur de la Florida, y por el otro, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), se aplicaran medidas restrictivas de operaciones comerciales», señaló.
El documento explicó que organizaciones criminales transportaban cocaína de Colombia hacia Centroamérica para su distribución final en Estados Unidos, entre otros los cárteles de Sinaloa (México) y Los Urabeños (Colombia).
Tras recibirse la droga, las ganancias ilícitas se transportaban a Panamá para «lavarlas» a través de esquemas comerciales como la facturación falsa y otros, dijo.
Autoridades de Panamá sabían de la investigación de EE.UU.
