Beirut (PL) Sin menoscabar los incuestionables acontecimientos positivos que le marcaron, los países con litoral en el golfo Pérsico recordarán 2016 como un año de conflictos a veces cíclicos y fútiles en frentes tan dispares como el militar, diplomático, político, confesional y económico.
Las seis naciones árabes agrupadas en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein y Kuwait- siguieron dando pasos hacia su anhelada integración plena, incluso en un escenario global y regional por momentos apabullante.
Sin embargo, el colapso de los precios del petróleo y las consiguientes políticas nacionales de ajustes para compensar la pérdida de ingresos ampliaron las prioridades de esos estados, volcados a combatir la amenaza terrorista y cultivar la eterna rivalidad con Irán.
Precisamente, los otros dos vecinos del Golfo -el Iraq árabe y el Irán persa- también tuvieron protagonismo, uno por cargar la peor parte de la guerra contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y otro por cómo aprovechó el primer año del acuerdo nuclear con seis potencias mundiales.
EL SEXTETO E IRÁN
Dada su singularidad como único estado persa, potencia chiita y mayor rival de Arabia Saudita en el Golfo, la república islámica resultó insoslayable en casi todas las acciones diplomáticas e incluso en las políticas domésticas de sus siete vecinos árabes.
En lo que al CCG concernió, la 37 cumbre ordinaria anual efectuada en diciembre en Bahrein revalidó el compromiso integrador de ese bloque, revivió sus ansias de un mercado común y de aunar fuerzas en cuestión de seguridad, pero también marcó un cierre de año de modo muy similar a como empezó.
Si el 4 de enero la monarquía Al-Saud anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con la república de los ayatolah, el 7 de diciembre la dinastía Al-Khalifa propició en Manama un coro unísono de unidad con virulenta retórica anti-iraní, a cuyo concierto fue convidado el gobierno británico.
Pero también fueron noticia los múltiples desencuentros entre el CCG, como bloque, y varios de sus miembros, a título individual, por las guerras en Siria y Yemen, el enfriamiento de las relaciones con El Líbano y la catalogación como terrorista del movimiento de Resistencia chiita Hizbulah.
El ambiente de crispación regional se reflejó en la suspensión de una ayuda militar millonaria de Riad a Beirut y la retirada de embajadores, paso imitado por otros países del CCG, tomando como pretexto la supuesta influencia de Hizbulah en el gobierno libanés.
Por otro lado, mientras las monarquías árabes respaldaban a la que llaman oposición moderada en Siria y bombardeaban Yemen con el argumento de defender la legitimidad del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, Teherán les criticó.
Junto a Rusia y milicianos de Hizbulah, Irán asesoró y dio apoyo militar al gobierno de Bashar Al-Assad contra opositores y terroristas armados que el propio mandatario sirio denunció que son financiados y ayudados por países occidentales y de la región como Arabia Saudita, Qatar y Turquía.
La reconquista de Alepo por el gobierno de Damasco en las postrimerías del año ahondó los ya severos antagonismos, esta vez por la satisfacción de los que contribuyeron a derrotar una «conjura internacional» y la frustración de quienes perdieron uno de sus principales estandartes para atacar a Damasco.
Irán y su aliado Hizbulah tampoco ocultaron su respaldo al movimiento chiita houthi Ansar Allah que con apoyo de militares fieles al expresidente yemenita Alí Abdulah Saleh expulsó de Sanaa a Hadi y, contra los pronósticos sauditas, ha resistido 21 meses de guerra y bloqueos por tierra, mar y aire.
La discordia se hizo patente en la conferencia de septiembre en Jeddah de ministros de Relaciones Exteriores del bloque con sus homólogos de Estados Unidos y Gran Bretaña para discutir la crisis en Yemen, de la que responsabilizaron abiertamente a los iraníes.
«Vemos a Irán apoyando a los houthis en Yemen y tratando de tomar el gobierno, suministrar armas, contrabandear explosivos a Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita», comentó entonces el canciller saudita, Adel Al-Jubeir.
Tres meses después, los jefes de Estado del Golfo expresaron en Bahrein interés en afianzar una alianza estratégica con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump y los vínculos con el gobierno británico de Theresa May, quien agradó al auditorio lanzando dardos contra Irán.
Pero si bien ningún país del CCG se replanteó la condición de aliado de Washington, todos fueron críticos y tantearon respuestas a la aprobación por el Congreso norteamericano de la Ley de Justicia contra los Promotores del Terrorismo, diseñada contra su vecino más influyente: Arabia Saudita.
En los nexos con Irán, Bahrein recriminó las críticas del país persa a la dinastía Al-Khalifa por reprimir a la mayoría chiita, acusándole de fomentar sedición, traficar con armas, promover el terrorismo y de injerencista.
Para Emiratos Árabes Unidos (EAU) la relación con la república islámica tampoco resultó un lecho de rosas, pues además de mantener el litigio por la jurisdicción de tres islas del golfo Pérsico, cruzaron acusaciones de incitar al sectarismo y al extremismo en el mundo islámico.
Abu Dhabi, la capital emiratí, fue sede en octubre de una reunión de miembros del denominado «comité del cuarteto árabe para monitorear la interferencia iraní en los asuntos internos de países árabes».
Integrada por EAU, Arabia Saudita, Bahrein y Egipto, así como por el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul-Gheit, la referida instancia consideró varios escenarios para «contener» la influencia del país persa.
Kuwait y Qatar mantuvieron un nivel aceptable de diálogo, a pesar de la clara parcialización a favor del CCG, al igual que Omán, aunque siguió siendo el más cercano de los seis a Teherán y concretó proyectos y ferias comerciales, y estrenó una línea de transporte marítimo binacional.
AJUSTES IMPENSABLES Las reformas y ajustes emprendidos por Arabia Saudita sirvieron de referente para medir la magnitud del impacto que tuvo la caída de los precios del crudo en economías basadas en ese rubro, a pesar de que sus gobernantes desdeñan el calificativo de «monarquías petroleras».
El reino wahabita comenzó en 2016 a vivir lo que el monarca Salman bin Abdulaziz definió como «transformación histórica» con la Visión 2030, un ambicioso plan de diversificación adoptado en abril que se vio amparado en diciembre con la aprobación del presupuesto general del Estado para 2017.
Por segundo año consecutivo, Riad redujo el gasto debido al declive de los precios del carburante y nuevamente anunció un levantamiento gradual de los subsidios al combustible para reemplazarlos con entregas de efectivo a los ciudadanos, medida también aplicada por Kuwait y otras naciones del CCG.
El golpe económico fue tan severo que Arabia Saudita aplicó a partir del 1 de octubre el calendario gregoriano para pagar salarios y bonificaciones a trabajadores estatales, ajustando así los pagos al año fiscal del gobierno.
La inusual medida, forzada por la necesidad de más austeridad, desestimó el calendario islámico, y así el gabinete homologó los plazos de desembolsos de honorarios con los cobros de los empleados del sector privado, además de que alargó el mes laboral y quitó a los empleados públicos 11 días de pago.
En otros países del bloque como Kuwait, el Gobierno y el parlamento acordaron subsidiar 75 litros mensuales de carburante a los ciudadanos para atenuar el impacto de los ajustes, causantes de protestas que en cierto modo incidieron en la disolución del hemiciclo y la convocatoria a elecciones.
Los 75 litros equivalen al 30 por ciento del incremento en el precio del combustible y se concibieron para contrarrestar un alza aplicada como «paso para racionalizar subsidios y mejorar el déficit presupuestario de Kuwait».
En Omán, donde la caída del precio del crudo generó un déficit presupuestario de 11,4 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2016, el gobierno advirtió a empresarios y compañías que incurrirían en una ilegalidad si delegaban en sus empleados el pago de los visados de trabajos.
A comienzos de noviembre las autoridades del sultanato anunciaron que el costo de los permisos de trabajo para expatriados se incrementó de unos 520 a unos 780 dólares para elevar la recaudación fiscal en tiempos de severa contracción económica, pero el pago debían hacerlo los patronos.
Qatar, entretanto, aplicó también iniciativas recaudadoras y de recortes, entre las que sobresalió el comienzo de un proceso de fusión de las compañías estatales Qatargas y RasGas a fin de crear lo que el gobierno definió como un «operador global de energía verdaderamente único».
Ese procedimiento empresarial comenzó a mediados de diciembre pero podría tomar un año para concretarse bajo el nombre de Qatargas y, según el presidente y jefe ejecutivo de la empresa Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kaabi, permitirá al emirato ahorrar «cientos de millones de dólares».
El país, que realiza grandes inversiones en infraestructuras para la Copa Mundial de Fútbol 2022, registró en el año que acaba un déficit presupuestario de más de 12 mil millones de dólares, el primero en tres lustros, y el gobierno optó igualmente por reducir los gastos.
IRAQ Y SUS PROPIAS GUERRAS
Respecto a Iraq, el Consejo de Cooperación del Golfo esgrimió preocupación por la estabilidad de ese país vecino, pero en la cumbre de Manama culpó a las milicias chiitas Al-Hashd Al-Shaabi, aliadas de Bagdad en la lucha contra el EI, de «profundizar el abismo y la división sectaria» allí.
Si bien está fuera del bloque, la fuerte presencia terrorista en Iraq inquietó sobremanera a sus vecinos del Golfo por el impacto en sus sociedades de las ramificaciones de la agrupación fundamentalista sunnita.
A pesar de lo sangrienta y devastadora de la guerra contra el DAESH, nombre árabe de EI, la nación mesopotámica entrará a 2017 confiada de que será el año de su derrota definitiva, a juzgar por los avances en la ofensiva lanzada en octubre para liberar Mosul, la segunda ciudad iraquí.
Las fuerzas militares iraquíes reconquistaron ciudades de Diyala, así como Fallujah y Hit situadas en la provincia occidental de Al-Anbar, cuya capital Ramadi también vivió escaramuzas en enero a raíz de un contraataque del EI tras haber sido declarada libre en diciembre de 2015.
Pero Iraq generó noticia y preocupación por la eventualidad de una inestabilidad descontrolada a raíz de masivas protestas populares y el enfrentamiento de los poderes ejecutivo y legislativo, que bloqueó o limitó promesas de reforma hechas por el primer ministro Haider Al-Abadi.
Miles de seguidores del clérigo chiita Muqtada Al-Sadr protestaron en abril y volvieron a hacerlo en el verano por la inercia de los políticos iraquíes ante el reclamo de reformas y exigir que el parlamento destrabara la renovación del gobierno señalado como nido de funcionarios corruptos.
Los partidarios de Al-Sadr, que irrumpieron en la fortificada Zona Verde y tomaron la sede del parlamento, presionaron por las reformas prometidas y exigidas por la máxima jerarquía islámica chiita, incluido un gobierno de tecnócratas, en lugar del actual basado en cuotas sectarias y confesionales.
En julio, en medio de renovadas presiones para que emprendiera reformas, Al-Abadi intentó reestructurar su equipo tras aceptar la renuncia de cinco ministros, luego de la dimisión del de Interior a causa del atentado más letal perpetrado por el DAESH en el distrito bagdadí de Karrada.