Si un gobernante rectifica su propia conducta, el gobierno es asunto fácil,y si no rectifica su propia conducta, ¿cómo puede rectificar a los demás?
Confucio
Si ya de por sí grave es que el crimen organizado ataque y asesine impunemente a ciudadanos en Quintana Roo, lo peor es que el gobierno –el anterior y el actual- tuvo la información y la advertencia del gobierno federal para prevenir los ataques y simplemente nada realizó; y de ello existe evidencia documental que poco a poco está saliendo a la luz.
Esta misma semana, señalé en este espacio que las estadísticas oficiales colocan a los municipios de Solidaridad y Benito Juárez como el primero y quinto lugar nacionales en extorsión a empresarios por parte del crimen organizado, y que esos datos son públicos, se han publicado en infinidad de ocasiones en medios de comunicación locales y nacionales, pero sobre todo son la base –se supone- para que las autoridades determinen las acciones a realizar en materia de seguridad. La información, por cierto, data de por lo menos dos años.
El gobierno cambia cada día de “versión oficial”, y en redes sociales emprende incluso campañas para que los ciudadanos crean únicamente lo que oficialmente se difunde, pero la realidad ha desbordado al régimen, ha demostrado que la respuesta no está a la altura de las circunstancias, pero además de que los indicadores ya les advertían de la gravedad de la penetración del crimen organizado en la entidad, noticiarios televisivos nacionales revelaron que desde septiembre de 2016, las áreas de inteligencia del gobierno federal entregaron al gobierno de Roberto Borge Angulo y al que estaba por iniciar, el de Carlos Joaquín González, un informe en el que advertían la posibilidad de una escalada de violencia.
En lo que va de 2017 el gobierno quintanarroense no ha atinado a brindar seguridad a sus ciudadanos, ni siquiera en el discurso, y todos, absolutamente todos los detenidos y presentados como posibles responsables de los actos criminales han sido liberados, ya sea por los asesinatos en Cancún, Playa del Carmen o los saqueos a establecimientos comerciales en toda la entidad como supuesta protesta a los gasolinazos. Y entonces el gobierno está igual que al principio, sin detenidos, sin que nadie alcance a presentar una hipótesis sobre los hechos que resulte coherente y mucho menos una línea de acción que garantice la detención de los verdaderos culpables.
Y entonces ¿puede culparse a administraciones anteriores por el caos local? En ánimo de apoyo pudiésemos decir que sí, por permitir que la problemática creciera, por alentar la ilegalidad y hasta por coludirse con los criminales, pero no puede culparse a nadie por carecer de la capacidad de reacción ante los embates criminales, menos aún si el gobierno fue advertido a tiempo; luego entonces ¿qué hace falta para que reaccionen adecuadamente, cuáles son las carencias e incapacidades, hasta cuándo los quintanarroenses seguirán a la deriva?
Mientras concluyo esta colaboración, nuevos ataques son publicados, ahora destruyen patrullas en el municipio de Cozumel, y campesinos mantienen cerrada la comunicación carretera entre el norte y sur quintanarroense en demanda del pago de un seguro agropecuario. Alguien en el gabinete no está haciendo su trabajo, y las decisiones adecuadas siguen sin tomarse, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.