Opositores del expresidente peruano piden cárcel para él y su esposa

Lima, 15 may (PL) Los más duros opositores del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, pidieron hoy cárcel para ambos, tras confirmar en Brasil que el empresario Marcelo Odebrecht les entregó un aporte electoral de tres millones de dólares.
Los parlamentarios Héctor Becerril, del grupo Fuerza Popular (FP), mayoritario en el parlamento, y Mauricio Mulder, de su aliado, el Partido Aprista, coincidieron en demandar la medida judicial, después de la declaración hecha horas antes por Odebrecht, expresidente de la empresa del mismo nombre.
En realidad, el empresario ratificó ante el fiscal peruano Germán Juárez, lo que había dicho ya a la justicia brasileña, en el sentido de que envió tres millones de dólares por encargo del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como contribución a la campaña electoral de Humala de 2011, en la que fue elegido mandatario.
El empresario encarcelado afirma que el dinero, de un fondo de su empresa destinado a sobornos y otras contribuciones a Heredia, pero tanto ella como Humala lo niegan tajantemente.
Tras la declaración, el fiscal Juárez, que desde hace más de dos años investiga a Heredia por presunto lavado de activos en el manejo de fondos electorales, dijo que la declaración «ha sido muy satisfactoria no solo para el fiscal sino para todas las partes», lo que muchos intentan explicar.
El abogado de la ex primera dama, Wilfredo Pedraza, quien asistió a la audiencia, dijo que no tiene ninguna preocupación tras el interrogatorio, aparente alusión de que aun falta que Odebrecht demuestre la entrega de dinero.
Odebrecht, según informes de reporteros peruanos desde Brasil, también ratificó que no pagó ningún soborno a Humala por el contrato de construcción de un gasoducto en el sur del país.
De otro lado, la bancada de FP, mayoritaria en el Legislativo, propuso crear una comisión parlamentaria que investigue el llamado caso Madre Mía, nombre de una base contrainsurgente que como militar comandó Humala en 1992 y en la que según exmilitares ordenó asesinatos de prisioneros.

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