Puebla, 11 marzo (ASI) La tierra y el territorio en el que se asientan los pueblos indígenas en la Sierra Negra son ricos en biodiversidad, agua y minerales, y que ante tal riqueza el número de megaproyectos, como la minería, van en aumento.
Ante ellos diversas organizaciones de la Sierra Negra efectuaron en Tehuacán el Primer Foro en contra de los mega proyectos; ahí se estableció que es conocido también que la ambición por dichos recursos naturales, históricamente ha resultado en el desplazamiento, destrucción e incluso exterminio de muchas comunidades indígenas en América Latina.
A diferencia de la visión no indígena, para los pueblos originarios, la tierra, el territorio y sus recursos naturales, no son una mercancía sino la fuente de la vida misma, base no sólo de su subsistencia económica, sino de su identidad cultural y con los que mantienen una relación especial y espiritual.
Martín Barrios representante de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán dijo que debido a ello, los megaproyectos como la minería amenazan su supervivencia misma.Es en este contexto dijo, en el que el sistema económico privilegia el lucro y la explotación comercial, que diversas comunidades indígenas de Puebla presentaron entre el 17 de marzo y el 7 de abril, demandas de amparo en contra del otorgamiento de diversas concesiones mineras, así como en contra de diversos artículos de la Ley Minera. Entre dichas demandas, se encuentra la presentada por la Comunidad Náhuatl de Tecoltemi, del Municipio de Ixtacamaxtittlán (Puebla), la cual es acompañada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En dichas demandas, las comunidades reclaman al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Economía, haber violado derechos humanos reconocidos en la Constitución y en Instrumentos Internacionales, tales como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.
Las comunidades reclaman esencialmente la violación al derecho a la tierra y al territorio, al agua y a la consulta, enfatizando el incumplimiento del Estado Mexicano a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas para la implementación de este tipo de proyectos, todo ello en el marco de su derecho a la libredeterminación y la autonomía.