Refuta Trump políticas a favor de inmigrantes indocumentados

Washington, 13 mar (PL) El presidente norteamericano, Donald Trump, calificó hoy de ilegales e inconstitucionales las denominadas políticas santuario, a favor de la protección de inmigrantes sin documentos, del estado de California.

Las ciudades señaladas, cuya cantidad se estima en unas 200 a nivel nacional, limitan su colaboración con las autoridades federales en aras de ofrecer seguridad a los inmigrantes sin papeles.

Según el mandatario, quien visitará en ese territorio ocho prototipos para el muro fronterizo con México, tales normas ponen en peligro la seguridad de todo el país.

“Miles de extranjeros criminales peligrosos y violentos son liberados como resultado de las políticas santuario, liberados para atacar a estadounidenses inocentes”, escribió Trump, en su cuenta personal de la red social Twitter.

¡Esto debe parar!, concluyó el gobernante republicano, cuyas políticas migratorias reciben rechazo de manera habitual dentro y fuera de Estados Unidos.

Hace casi una semana, el fiscal general, Jeff Sessions, aseguró que utilizará todo su poder para obligar a California a colaborar con las autoridades federales, en la detención y deportación de inmigrantes sin papeles.

Al intervenir en una reunión anual de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con sede en Sacramento, la capital californiana, Sessions criticó que el territorio intenta forzar una agenda radical de fronteras abiertas en el resto de la nación.

También comparó las nuevas leyes de California y sus ciudades santuario con los intentos de los antiguos estados esclavistas del sur, en el siglo XIX, cuando trataron de anular las normas federales.

Sessions defendió la demanda presentada el 6 de marzo por el Departamento de Justicia contra California con el fin de bloquear tres legislaciones estatales, las cuales, a su juicio, frustran el trabajo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Vamos a luchar contra estas políticas irracionales, injustas e inconstitucionales, sostuvo tras preguntar qué pasaría si un estado aprobara una ley, para frustrar la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental de enfrentar a los contaminadores.

Una de las leyes incluidas en la demanda contra California es la SB 54, que prohíbe a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley notificar a los agentes federales de inmigración, sobre las fechas de liberación de los presos, bajo su custodia que han sido condenados y enfrentan la deportación.

La AB 450, a su vez, impide a los empleadores privados cooperar con los agentes que realizan operaciones en el lugar de trabajo, y les exige que informen a su personal cuándo las fuerzas del orden vienen a realizar inspecciones.

Por su parte, la AB 103 requiere que el estado revise las instalaciones de detención, donde las autoridades federales retienen a inmigrantes que enfrentan la deportación.

Al ratificar esas legislaciones, el gobernador del estado, el demócrata Jerry Brown, dijo que “con ellas se logra un equilibrio que protegerá la seguridad pública y, al mismo tiempo, brindará cierta comodidad a aquellas familias que ahora viven con miedo todos los días”.
oda/dsa

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