Santiago de Chile, 6 jun (ULAN-PL) Un proyecto de ley promovido por legisladores oficialistas para amnistiar a quienes cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fue rechazado por la Cámara de Diputados de Chile.
La Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados declaró inconstitucional la iniciativa encaminada por los parlamentarios Jorge Ulloa de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) y por Mario Bertolino de Renovación Nacional.
En un voto de mayoría salió a la luz que, además de los vicios de forma y de fondo, con ese proyecto se busca defender los horrores de la dictadura.
Los diputados de la bancada opositora explicaron que la propuesta contraviene los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos, donde la amnistía y las leyes de punto final no tienen cabida.
Por otro lado, en cuanto a la tramitación formal, precisaron que todo proyecto relacionado con amnistías debe ser ingresado a través del senado y no de la cámara de diputados.
Durante el régimen militar de Pinochet, como parte de la Operación Cóndor, fueron asesinadas dos mil 95 chilenos, según la Comisión de Verdad y Reconciliación (conocida también como Comisión Rettig).
Además, hubo mil 102 detenidos desaparecidos, se estimuló la xenofobia para evitar ayuda exterior a los movimientos revolucionarios, se aplicó de manera continua la tortura como herramienta para combatir a los no partidarios de la dictadura.
Cientos de miles de chilenos abandonaron el país para escapar de esos crímenes.
De acuerdo con un estudio de la privada Universidad Diego Portales, un total de 76 agentes de la dictadura habían sido condenados en Chile hasta mayo de 2012 por violaciones a los derechos humanos y 67 de ellos fueron encarcelados.
El proyecto presentado por los diputados oficialistas establece que los penados por delitos de violaciones a los derechos humanos recibirán la remisión completa de su pena, si el castigo no supera los 15 años de reclusión.
En su moción, los parlamentarios oficialistas argumentaban que su propuesta ayudaría al «fortalecimiento de la justicia, la equidad y la igualdad penal», lo cual fue calificado de aberrante e inaceptable por el jefe de bancada opositora, Ricardo Rincón.