Asunción (PL) Federico Franco abandonará el poder en Paraguay el próximo 15 de agosto, tras 14 meses ejerciendo la presidencia de la nación sin haber sido electo por la población para ese cargo.
No hay dudas -y es algo que ya está sucediendo- de la multiplicación de análisis y calificaciones sobre ese corto período de su estancia en el más alto cargo del Poder Ejecutivo y sobre todo, del legado dejado al país tras el paso de su gobierno por el Palacio de López.
Elemental resulta recordar de inicio lo que nacional e internacionalmente representó para Paraguay la forma en que se concretó el quiebre del hilo institucional con el cual la nación mediterránea comenzaba un camino de graduales reformas sociales.
El país, apenas comenzando a recuperarse de una dictadura de 35 años de duración siempre apoyada por Estados Unidos, la cual dejó una honda huella de frustración en la sociedad paraguaya, se asomaba lentamente a la adopción de medidas populares con el fin de mitigar la enorme carga de la pobreza, la discriminación, la inequidad y la desesperanza.
Bastaron poco menos de 40 horas dedicadas a la ejecución de un plan preparado en la sombra por los representantes de la clase política y económica tradicional, para un juicio de características inéditas a un presidente constitucionalmente electo.
Al parecer, no existe antecedente de una operación similar de derrocamiento de un gobierno con la presencia física en el país de una docena de cancilleres de toda la región, llegados en tiempo récord, para tratar de evitar tal desatino apenas a unos pocos meses de un proceso electoral adecuado para intentar cualquier cambio usando el voto popular.
El aislamiento internacional provocado a Paraguay por esa situación, extendido durante todo este tiempo como un rechazo a lo ocurrido, lo convirtió en un país con embajadas extranjeras sin embajadores, sin poder tener presencia física en los eventos regionales y con un presidente al cual no recibían en los Estados del entorno.
El deterioro de la novel imagen democrática de Paraguay ante la comunidad internacional trajo condenas, no sólo de los gobiernos, sino de organizaciones regionales, partiendo incluso de las protestas por los hechos atentatorios a la vigencia de los derechos humanos.
Uno de los ejemplos más contundentes fue, durante todo el tiempo, el reclamo de una investigación imparcial y justa del sangriento desalojo campesino de Curuguaty, en el cual murieron 11 labriegos y seis policías, episodio emblemático provocado por el injusto sistema vigente de tenencia de la tierra.
Parte del legado del gobierno de Federico Franco es la apertura incondicional del país a las empresas transnacionales, con especial incidencia en los conocidos casos de la Monsanto y la Río Tinto Alcán.
La primera de ellas recibió vía libre para la introducción de sus criticados productos y semillas destinados a los cultivos transgénicos, que arrastran experiencias negativas en otros rincones del mundo y golpean duramente a la agricultura familiar del campesinado paraguayo.
Incontables manifestaciones populares, protestas de las organizaciones sociales y especialmente rurales y alegatos de los técnicos nacionales y extranjeros, fueron insuficientes a fin de impedir la imposición de semillas y de productos para la fumigación agrícola con daños comprobados a la salud.
Los grandes agroexportadores, puntal decisivo del control latifundista de la agricultura y economía paraguayas, ignoraron siempre a la débil estructura agrícola familiar, desplazándola de sus asentamientos con el cultivo extensivo y alimentando los cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades.
El empeño personal de Franco en el caso de la megaproductora de aluminio Río Tinto Alcán, acusada en otros países de contaminación medioambiental, tuvo mayores tropiezos.
Hubo resistencia popular a la intención de la multinacional de controlar la soberanía energética paraguaya apoderándose a bajos precios de la electricidad procedente de las represas binacionales de Itaipú y Yaciretá.
A todo ello se une la consolidación, en este corto período de gobierno, de la injusticia en la tenencia de la tierra, buena parte de ella obtenida por latifundistas en forma ilegal, mediante negociados o con cooperación de los cuestionados Poderes Judicial y Legislativo.
Esto permite comprender mejor que más de 300 mil campesinos sigan sin acceso a un pedazo de tierra, viviendo en carpas durante años o deambulando por Asunción y otras capitales.
En el ámbito administrativo, las denuncias de distintos factores sociales apuntan hacia la vigencia de la estrategia clientelar y prebendaria, la exigencia de afiliación partidaria para trabajar en la función pública sin tomar en cuenta la idoneidad y capacidad, y los despidos por razones políticas.
Esas denuncias de sectores como la coalición de izquierda Frente Guasú y otros actores políticos, hablan de la extendida corrupción en todos los niveles de la administración, la alegre utilización de los fondos del Tesoro Nacional y la contratación abusiva de préstamos que endeudan cada vez más a Paraguay.
En las semanas finales de los 14 meses de gobierno de Franco, los escándalos de corrupción tuvieron acogida importante en la prensa, nada cercana a la izquierda, por supuesto, y las protestas de los distintos sectores se reflejan directamente en las calles.
Docentes reclamando atrasos en los pagos de salarios y bonificaciones, hospitales públicos planteando ausencia de medicamentos y de fondos que obligan a cobrar los servicios e insólita declaración de un ministro de Hacienda sobre su imposibilidad de fabricar dinero, muestran como están las arcas del Estado.
A ello se une la paralización del sector de la construcción por falta de recursos para mantener o construir vías, deudas millonarias con las empresas privadas dedicadas a esa actividad y rechazo a los reclamos de aumentos de salarios y pensiones que hicieron salir a las calles a miles de personas.
Paraguay hoy es un país, de acuerdo con las estadísticas oficiales y de organismos internacionales, con casi la mitad de su población en estado de pobreza, un 25 por ciento de sus niños desnutridos y una gran parte de la infancia realizando trabajos sin recibir instrucción en los ya deficientes locales escolares.
El gobierno surgido del golpe parlamentario de junio del 2012 se va pero los partidos tradicionales que lo materializaron siguen dominando el todopoderoso Congreso y eso constituye también parte del legado de Franco.