Naciones Unidas, 7 ago (PL) Una andanada de críticas a las acciones ilegales de espionaje de Estados Unidos y de reclamos para una intervención de la ONU al respecto marcó el estreno de la nueva embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, Samantha Power.
Solo unas horas antes de la presentación de las cartas credenciales de la flamante representante estadounidense al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el propio titular del organismo recibió a los cancilleres de cinco naciones del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Los ministros de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Bolivia acudieron a la oficina del jefe de la ONU para denunciar el sistema de espionaje global que practica Estados Unidos como violatorio de los derechos, la soberanía e independencia de los países.
El repudio del Mercosur a esa labor revelada por el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana fue sancionado días antes por los jefes de Estado de ese mecanismo de integración sudamericano.
Sin embargo, ese rechazo no se limitó a la reunión entre los cancilleres y Ban Ki-moon, sino que concentró parte importante de un debate abierto celebrado ayer por el Consejo de Seguridad.
La sesión estuvo encabezada por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y fue el debut de la embajadora Power en el escaño de su país, el cual tiene carácter de miembro permanente y el privilegio del vetar decisiones en el órgano.
En su intervención en la reunión, la mandataria argentina aludió al problema del espionaje al defender que la privacidad de las personas constituye un valor inalienable que nadie debe despreciar.
Y fue más allá al reclamar el establecimiento de reglas de carácter global para asegurar la soberanía de los estados y la privacidad de los ciudadanos y convocar a «vivir y convivir en pluralidad y diversidad».
En la misma sesión, el canciller venezolano, Elías Jaua, anunció que el Mercosur inició gestiones para impulsar en el organismo mundial una discusión amplia de carácter multilateral que permita diseñar acuerdos para salvaguardar la soberanía y seguridad de los estados frente a esas prácticas ilegales.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de Ecuador exigió al Consejo de Seguridad que exija a uno de sus miembros permanentes (Estados Unidos) el cese de «la vigilancia global, masiva, discrecional, sin límites».
«Todos -absolutamente todos- deudores y acreedores, amigos y enemigos, Sur y Norte, somos considerados sospechosos habituales por las autoridades de los Estados Unidos de América», indicó.
Reclamó la fijación de límites porque «cualquier límite que pudiera existir se ha esfumado y la seguridad nacional de los Estados Unidos ha sido elevada por encima de todos los valores morales universales».
Lo ocurrido constituye una amenaza a la paz mundial y una responsabilidad del Consejo de Seguridad, agregó, para afirmar que «es el momento de que la propia ONU afronte responsablemente este asunto».
En la misma línea, el canciller de Brasil, Antonio de Aguiar Patriota, advirtió que «la interferencia de telecomunicaciones y las acciones de espionaje sobre nuestros países son parte de una inaceptable conducta contra la soberanía» y en detrimento de las relaciones entre las naciones.
Sin dudas, la nueva embajadora norteamericana inició su gestión en la ONU con un fuerte viento en contra proveniente, también, del sur latinoamericano y caribeño.