Washington, 16 ago (PL) El proceso de preparación de la corte marcial contra el general Jeffrey Sinclair, acusado de delitos sexuales graves, continuará hoy, después que el Pentágono anunció nuevas medidas para contrarrestar estas conductas en las filas castrenses.
El militar enfrenta cargos de sodomia forzosa, conducta sexual ilegal, adulterio, relaciones inapropiadas con varias mujeres, fraude, desobediencia a sus superiores, posesión de pornografía, consumo de bebidas alcohólicas en su puesto de trabajo, y otras contravenciones del código de justicia castrense.
Sinclair se declaró inocente de todas las acusaciones, y su caso constituye una prueba de la forma en que el mando militar estadounidense maneja las alegaciones de ataques sexuales, delitos que son una epidemia dentro de las fuerzas armadas, señaló la víspera el diario The Washington Post.
El jurado lo integran cinco generales, todos hombres, quienes fueron designados por la jefatura de ese servicio armado después de entrevistar a 40 oficiales de ese rango, la mayoría de los cuales fueron desestimados por tener vínculos de algún tipo con el acusado.
El juicio contra Sinclair, exvicejefe de la 82 División Aerotransportada, unidad del Ejército con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte comenzará el próximo 30 de septiembre, aunque en las próximas semanas tendrán lugar audiencias previas.
Los preparativos del proceso tienen lugar en medio de una creciente preocupación en el Pentágono por el incremento inusitado de este tipo de delitos dentro de las fuerzas armadas estadounidenses, incluso entre oficiales de alta graduación.
Un total de 18 generales y almirantes fueron despedidos en años recientes, 10 de ellos perdieron sus trabajos debido a indisciplinas relacionadas con su conducta sexual, y otros por corrupción y problemas de adicción a las bebidas alcohólicas.
El secretario de Defensa, Charles Hagel, anunció la víspera nuevas medidas para enfrentar esta situación, ante la presión del Congreso, donde se discute un proyecto de ley para eliminar de la cadena de mando castrense la facultad para decidir si se procesan o no los acusados de conductas de ese tipo.
La senadora demócrata Kirsten Gillibrand, una de las auspiciadoras de la legislación, dijo que las medidas anunciadas por Hagel no resuelven el serio problema que se enfrenta en las fuerzas armadas, donde existe una falta de confianza en el sistema de enfrentamiento a los delitos sexuales.
Gillibrand, que cuenta con el apoyo de 46 de sus colegas, añadió que las víctimas no denuncian a sus atacantes por temor a represalias, por lo que se necesita un sistema de justicia militar independiente y objetivo, que no esté manipulado como el actual.
Un informe reciente del Pentágono reconoció que en 2012 se reportaron más de 26 mil delitos de ese tipo en las instituciones castrenses, lo que significó un crecimiento de más de un 30 por ciento en relación con 2010.