Lima, 21 ago (PL) El presidente del parlamento peruano, Freddy Otárola, emplazó hoy a un analista ligado a la embajada de Estados Unidos a que revele los nombres de congresistas que afirma están vinculados al narcotráfico.
Otárola consideró lamentables e irresponsables la afirmación de Jaime Antezana, en el sentido de que en el Congreso de la República hay entre 10 y 12 legisladores cuyas campañas electorales fueron financiadas por traficantes o tienen otros vínculos con el ilícito negocio, sin presentar nombres ni pruebas.
Invitó a Antezana a que se presente ante el parlamento a dar esos detalles y, ante el alegato del analista sobre supuestos riesgos legales e incluso para su vida si lo hiciera, le ofreció que dé el informe en una sesión secreta.
El personaje ha dado algunos elementos que corresponden a casos de sospechas no investigadas o no probadas y en 2011 hizo una denuncia similar sobre legisladores elegidos ese año, ante lo cual el parlamento lo citó a declarar pero no asistió.
«Hay que tener mucho cuidado con esas acusaciones cuando se afecta la honorabilidad de miembros de una institución del Estado», señaló Otárola, a tiempo de rechazar la afirmación gruesa de que el narcotráfico ser ha infiltrado en el Congreso.
Las aseveraciones de Antezana, según dijo, «son denuncias no articuladas y sin ningún elemento de juicio» y el autor dice que solo dará detalles a la procuraduría antidrogas.
Antezana defiende habitualmente posiciones de la embajada de Estados Unidos que consideran a los productores de hoja de coca como un eslabón del narcotráfico y propugnan la mano dura para eliminar sus plantaciones.
En 2011 su nombre apareció en un cable confidencial de la embajada de Estados Unidos, difundido por la organización Wikileak, como fuente de una versión según la cual el entonces candidato y actual presidente Ollanta Humala había recibido financiamiento de Venezuela para su campaña.
Humala negó entonces la afirmación y Antezana dijo no haberla hecho o no recordarlo, aunque son públicos sus nexos con la representación norteamericana.
El tema de la llamada «narcopolítica» cobró actualidad tras la detención de la dirigente cocalera Nancy Obregón, excongresista del Partido Nacionalista, de Humala, bajo la acusación de narcotráfico y vínculos con actividades terroristas.
Desde la prisión, Obregón rechazó la posibilidad de declararse culpable y convertirse en «colaboradora eficaz», es decir aceptar ser culpable y ofrecer información, a cambio de una sentencia con atenuantes, y dijo ser acusada por razones políticas.
En una carta difundida por Internet, Obregón proclamó su inocencia y dijo ser «la principal interesada que se sepa la verdad de toda esta patraña creada desde hace varios años por la embajada norteamericana» y oscuros personajes empeñados en desacreditarla.
La policía antidrogas, bajo fuerte influencia de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, acusa con gran apoyo mediático a Obregón de producir y comercializar cocaína, para lo cual filtra grabaciones telefónicas judicialmente autorizadas, cuyo contenido interpreta cono referencias a esa actividad.
A raíz del caso, el congresista Walter Acha, también dirigente cocalero y legislador oficialista, dejó la comisión de Defensa del parlamento, en medio de ataques de Antezana y políticos y medios de prensa conservadores que lo acusaban de ser un infiltrado del narcotráfico en el grupo.
Acha anunció que enjuiciará por difamación a Antezana y otros acusadores y se declaró luchador social cocalero, lo que, indicó, «no significa que sea un narcotraficante», subrayó.