· Plantea la instalación de escuelas de tiempo completo y esquemas para el suministro de alimentos a los alumnos
· Establece transparentar el destino de donaciones y cuotas
La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 374 votos a favor, 84 en contra y una abstención, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, el cual fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Mónica García de la Fuente (PVEM) señaló que con las reformas el sistema educativo nacional asegura la participación activa de todos los involucrados, privilegiando, con sentido de responsabilidad, la colaboración de los educandos, los padres de familia y los docentes, además de que determinan, en el artículo tercero, que los servicios educativos de calidad permitirán el máximo logro del aprendizaje.
En su artículo sexto, precisó, se reitera el carácter gratuito de la educación pública y se deja claro que las cuotas no pueden ser entendidas como contraprestaciones de la educación. Al mismo tiempo, agregó, se especifica que las donaciones y cuotas estarán reguladas por las autoridades educativas en su destino y transparencia.
Con las reformas a dicha ley, indicó, se definirá la calidad educativa en nuestro orden jurídico, enfatizando la congruencia entre los objetivos y los resultados.
Aclaró que con estos cambios se buscan lineamientos de eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad en la educación de nuestro país.
Asimismo, explicó que será competencia única de la autoridad educativa federal la actualización y formulación de los planes de estudio para la educación normal y los demás relativos a la formación de maestros de educación básica; con ello, sostuvo, se reafirma y confirma la rectoría del Estado.
Además, añadió García de la Fuente, se establece que las autoridades federales y locales en materia de educación participarán en las evaluaciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente.
También, y de forma concurrente, se establece que las autoridades federales y locales podrán ejecutar programas para la inducción, capacitación y actualización de maestros.
Del mismo modo, se constituye la aplicación de exámenes a los educandos, se diseñan instrumentos de evaluación y se promueve la coordinación de un sistema de asesorías y acompañamiento en las escuelas públicas de educación básica y media superior.
Además, se completa la instalación de escuelas de tiempo completo y esquemas para el suministro de alimentos en las instituciones educativas.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado José Enrique Doger Guerrero (PRI) condenó la obstrucción de las vialidades y los accesos al Congreso de la Unión, por parte de la CNTE, y aseguró que en su oportunidad se debatirá la Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente, ya que es obligación de los legisladores, por lo que hizo un llamado a los coordinadores de los grupos parlamentarios a acordarla.
Sostuvo que la educación ha sido presa de poderes fácticos, de ahí la intención de recuperar la rectoría del Estado en este sector. Refirió que el debate en torno a la Reforma Educativa ha sido sustancial, intenso y, en ocasiones, ríspido, pero también ha permitido “diferenciar a quienes buscan elevar la calidad educativa de aquellos que hacen del conflicto una forma de hacer política”.
“La actual coyuntura se ha encargado de evidenciar a quienes favorecen el diálogo por sobre el insulto, a aquellos que usan como rehenes a nuestros niños y jóvenes, sin tomar en cuenta el daño que con su ejemplo les causan, a los que le apuestan al acuerdo y a los que chantajean por sistema”, subrayó.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (PAN) señaló que la propuesta del Ejecutivo federal en materia educativa se quedó trunca, pese a que es el único camino que tiene este país para garantizar a los niños y jóvenes un mejor futuro y un México más competitivo.
Consideró que esta reforma beneficia a los maestros de México que sí trabajan y se esmeran porque cada niño tenga una mejor educación. Asimismo, criticó al gobierno federal por no tener “el valor de liberar a uno de los Poderes de la Unión, como es el Congreso, no aplicó la ley ni ejerció el Estado de Derecho”.
“Sin la Ley del Servicio Profesional Docente ¿Cómo se sancionará o cómo se premiará a las maestras y a los maestros de México? ¿Cómo va a explicar el gobierno y esta Cámara de Diputados a esos maestros que no puedan ser sancionados o que no puedan obtener un premio después de ser evaluados?” concluyó.
El diputado Roberto López González (PRD) se manifestó en contra de las reformas en materia educativa por considerar que se han atropellado todos los procesos parlamentarios.
Aseguró que se violentó el Estado de Derecho que están obligados a respetar los legisladores. “Nos quejamos de la violencia en la calle, pero parecemos peor que los hooligans en Polonia, lastimando a nuestros compatriotas”, dijo.
El legislador acusó que anteriores administraciones hundieron a la educación en un pozo del que ahora se lamentan y hoy piensan que corriendo a algunos maestros, que siendo duros con ellos, va a mejorar el sistema. “Están equivocados. Solamente los que no saben de educación pueden pensar esa barbaridad”, puntualizó.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López, del PVEM, destacó que la mediocridad del crecimiento económico de las últimas décadas, generador de pobreza y marginación, está indisolublemente vinculada a la acción y presencia de un sistema educativo poco funcional e ineficiente que ha dejado de ser factor de movilidad y de transformación.
Los datos del fracaso del sistema educativo mexicano son enormes y evidentes: 32 millones de jóvenes mayores de 15 años, se encuentran en situación de rezago educativo. “De persistir las políticas públicas mediocres en este sector, los especialistas advierten que requeriremos al menos un siglo para superar los efectos del descomunal rezago educativo”, advirtió.
“Por eso –continuó- hoy estamos ante la histórica responsabilidad legislativa de crear los cimientos de un nuevo sistema educativo, que formule con profundidad y amplitud para la nación, una mirada con certidumbre al futuro inmediato. No simuladora y sí transformadora, que elimine a partir de una nueva cultura, los vestigios de un Estado clientelar y corporativo, obstáculo del mejoramiento y desarrollo económicos”.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) reconoció que la educación en México está envuelta en múltiples problemáticas que derivan en niveles bajos de aprovechamiento escolar, altos índices de deserción, desinterés de alumnos, padres y maestros por generar una dinámica educativa competitiva integral y un exceso por la desatención en la impartición y contenidos de la educación.
Sin embargo, se manifestó en contra del dictamen porque “ninguna de las ideas recabadas en el debate nacional, el cual incluyó a padres de familia, representantes sindicales y de organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores, fue recabada en los proyectos entregados por el gobierno federal”.
En su turno, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) enfatizó que su grupo parlamentario está de acuerdo en que exista una mejor calidad en la educación, pero no en que se violenten los derechos laborales.
Subrayó que su partido refrenda el compromiso con los maestros, “porque ellos son los actores fundamentales de la transformación educativa en este país. Reconocemos que el sistema educativo nacional es fallido, pero no somos los maestros, ni los alumnos, ni el pueblo de México los responsables”.
La diputada Dora María Talamante Lemas (Nueva Alianza) aclaró que con las reformas al marco legal se busca garantizar los instrumentos para consolidar una política educativa consistente y eficaz, y que lleguen a las escuelas los recursos necesarios para infraestructura, equipamiento, materiales y mantenimiento, así como que los padres no paguen cuotas.
La ley, dijo, incorpora todo lo concerniente a la evaluación y profesionalización docente, a la eficacia y a la gestión escolar, a la provisión de los apoyos necesarios de las escuelas, a la extensión del tiempo de estudio y a la evaluación integral del sistema educativo.
Pleno aprueba adéndum
Previamente, el Pleno autorizó agregar algunas modificaciones al dictamen. En el artículo 14, fracción XII Ter, debe decir: “Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional bajo la responsabilidad de los supervisores escolares”.
En tanto, el artículo 65, fracción VI mandata “Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el resultado de las evaluaciones realizadas”.
Respecto al Transitorio Decimosegundo indica: “A efecto de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la educación, las autoridades educativas deberán proveer lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos educativos.
Mientras que el Decimotercero: “las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán de forma paulatina y progresiva, conforme a la disponibilidad presupuestaria, un programa de subsidios escolares compensatorios para reducir condiciones de inequidad social en el sistema educativo”.
Mociones suspensivas
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Se rechazaron tres mociones suspensivas presentadas por los diputados Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Lilia Aguilar Gil (PT).
Para hablar en contra el dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) afirmó que el país requiere una verdadera reforma, “no ésta mediocre, que atenta contra la gratuidad y que no va por la educación superior”.
Agregó que los planteamientos de los foros en torno a esta reforma no fueron incluidos en el dictamen final porque, dijo, había consigna de “empatar a rajatabla y a prisa una ley dictada desde la Secretaría de Educación Pública”.
Pidió que se investiguen los hechos ocurridos en días pasados, pues, “no dudamos de que haya un montaje, una infiltración y un mecanismo mediático para satanizar al magisterio disidente. No quedan arengas reaccionarias, ni esa vuelta al fascismo parlamentario ni echarle más gasolina al fuego social”.
A su vez, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) manifestó su voto en contra por considerar que no es una reforma educativa, sino administrativa-laboral que afectará más a los maestros del sureste del país.
Enseguida, el diputado Javier Orihuela García (PRD) señaló que las reformas a las leyes en materia de educación no fueron consensuadas con el magisterio nacional, por lo que pidió que la Cámara de Diputados incorpore las propuestas de los maestros a los lineamientos que se van a votar.
Indicó que el hecho de sesionar fuera de San Lázaro, “en este recinto debe hacernos reflexionar respecto a que en México hay un problema real y como legisladores no podemos, vanamente, decir vamos a votar por esa reforma”.
Advirtió que se gesta un gran problema y añadió que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se atienden las verdaderas causas de la mala educación por lo que “no es culpa de los maestros, que con bajos salarios están dando clase”.
Reservas
Las reservas presentadas a los artículos 6°; 12, para eliminar la fracción V BIS; 24, para agregar párrafo tercero; eliminar el artículo 28 BIS; 33, fracción VII y 67, fracción III, fueron aprobadas en términos del dictamen, por 325 votos a favor, 58 en contra y una abstención.