El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 356 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones el dictamen de la iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Este órgano contará con autonomía constitucional y tendrá atribuciones para evaluar el desempeño, calidad y resultado del Sistema Nacional de Evaluación.
Al dar el fundamento de la reforma, la secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputada Guadalupe Mondragón González (PAN), explicó que con esta reforma se asegura el cumplimiento de los principios constitucionales en materia educativa.
“Se establece que la evaluación contribuye a mejorar la calidad de la educación, orienta la formulación de políticas educativas, ofrece información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, mejora la gestión escolar, además que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas”, agregó.
Indicó que esta reforma establece con claridad las atribuciones que tendrán las autoridades educativas respecto a la evaluación de la educación.
“Propicia que el sistema educativo en general y el Sistema Nacional de Evaluación cuente con la participación activa de los diferentes actores y los sectores sociales, público y privado”, señaló.
La reforma establece un Consejo Consultivo para conocer, opinar y dar seguimiento al resultado de las evaluaciones del instituto, así como definir las acciones para su difusión.
“Con la aprobación del dictamen que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Cámara de Diputados da cumplimiento al mandato constitucional de creación del marco jurídico por el que se regirá este órgano autónomo y con personalidad jurídica”, resaltó.
En los posicionamientos del dictamen de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano) dijo que de los 34 países que integran la OCDE, México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación de bachillerato, cuando solo 47 de cada 100 alumnos que ingresan en este nivel logran terminar sus estudios.
Señaló que no se cumple con el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que la Ley General de Educación obliga a destinar a este rubro, por lo que antes de crear el Instituto se debe proceder a una evaluación del Sistema Educativo Nacional que contenga un diagnóstico del número de escuelas y de las condiciones que se encuentran.
En su turno, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) precisó que la evaluación debe servir para localizar las ineficiencias del sistema, pero no para correr a nadie, se trata, resaltó, de reivindicar al instituto y darle la autonomía para que evalúe el sistema educativo nacional.
“Es necesario conocer sus fortalezas y debilidades, así como evaluar su infraestructura y equipamiento”, resaltó.
En contra del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) detalló que no se puede hablar de un instituto nacional de evaluación cuando no se cuenta de manera integral con un servicio profesional docente.
“No estamos de acuerdo con esta reforma, porque es excluyente no ve la calidad educativa ni resuelve el colapso del sistema educativo de México, cuando hay miles de jóvenes que no tienen acceso a la educación y los condenamos a que ni estudien, ni trabajen, a que sean ninis”, asentó.
En su intervención, el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) aseveró que el instituto de Evaluación propuesto con esta ley, “no es otra cosa que un organismo a modo” para quitar el empleo a los maestros.
Agregó que tal instrumento jurídico constituye una “contra reforma educativa”, y la calificó además de calificarla como un “engaño y una simulación”.
Las reservas presentadas a los artículos 32 y el segundo párrafo del 37, fueron aprobadas en términos del dictamen, por 360 votos a favor, 59 en contra y ninguna abstención.