· Excluye a jubilados y pensionados; para 2014, en el DF los afectados serán más 248 mil personas; para 2028, podrían ser 384 mil personas.
· El programa de la Pensión Universal debe ser operado de forma concurrente con las entidades federativas y tener esquemas complementarios, propone Ernestina Godoy Ramos.
· Exhortó a la Cámara de Diputados a analizar a fondo la iniciativa y evitar que se acaben con experiencias exitosas como las del DF.
La iniciativa de Ley de pensión para adultos mayores del Gobierno Federal no es universal ni generalizada, es centralista y desaparece las experiencias locales exitosas, como la del Distrito Federal, aseguró la diputada Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Explicó que la iniciativa federal va en contra de la universalidad, porque promueve la exclusión de los pensionados por el IMSS, ISSSTE o por los gobiernos estatales. El artículo cuarto establece como requisitos que “no tengan el carácter de Pensionados… y tengan un ingreso mensual igual o inferior a quince salarios mínimos”.
Estas cláusulas vulneran el principio de universalidad al focalizar y escatimar los apoyos a este sector de la población. El DF es ejemplo a nivel nacional de cómo aplicar la universalidad en sus programas, en la capital del país todos los adultos mayores de 68 años son derechohabientes de la pensión universal del Gobierno del GDF, independientemente si son o no pensionados o de su nivel de ingresos
En caso de aprobarse la iniciativa sin correcciones o precisiones, advirtió que en el Distrito Federal quedarán excluidos más 248 mil personas en 2014 (año que entra en vigor la ley) y para 2028 serían más de 384 mil personas, año en el cual se prevé concluya la etapa de transición para que todas las leyes y programas de las entidades federativas queden sin efecto. Así lo refieren los artículos transitorios de la mencionada iniciativa.
Al respecto la diputada Ernestina Godoy Ramos indicó que de acuerdo al Artículo Primero transitorio, fracción I y Artículo Tercero Transitorio de la iniciativa, las entidades federativas que cuenten con programas para los adultos mayores, podrán continuar otorgándolos durante el periodo de transición, es decir, quince años y posteriormente desaparecerán.
Por ello, propuso las políticas de atención a los adultos mayores sean ubicadas como un tema de Estado; que establezca como derecho universal para los mayores de 65 años, lo que evita exclusiones de un segmento de población que percibe ingresos muy menores por concepto de pensión o jubilación.
Asimismo el programa de la Pensión Universal debe ser operado de forma concurrente con las entidades federativas, por lo que no puede asumirse una política centralista, debe generarse desde la ley mecanismos de concurrencia que fortalezcan la política de atención a este sector de la población y que evite exclusiones.
Además debe contener mecanismos de complementariedad que posibilite a las entidades federativas, con sus recursos propios, ampliar el alcance o los montos del beneficio o la prestación de servicios (prestar servicios de salud, educación, esparcimiento, asistencia, etc.).
Frente a ello, exhortó al Congreso de la Unión a realizar un análisis a fondo de la iniciativa para evitar la exclusión de miles de personas y la desaparición de programas exitosos como el del DF. Los legisladores federales, afirmó, deben corregir la iniciativa para que reconozca como un derecho universal y no sólo quede en el título. Por ello, advirtió que desde el Distrito Federal no permitiremos un retroceso en los derechos de los adultos mayores.