Buenos Aires, 16 sep (PL) El ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, explicó que el gobierno de Dilma Rousseff se propone desarrollar tres áreas consideradas estratégicas en materia de defensa.
«Una es la nuclear, con el plan de desarrollar el submarino de propulsión nuclear» para la vigilancia de la costa atlántica, donde se encuentran yacimientos petroleros a mucha profundidad, precisó en entrevista al diario argentino Página 12, publicada hoy.
Otro plan estratégico es el espacial que incluye la capacidad de lanzamiento y también satélites y está a cargo de la Fuerza Aérea, añadió.
Por último, es la defensa cibernética para evitar una guerra de ese tipo.
Sobre este último elemento recordó que antes del 2010 ya había en Brasil equipos trabajando, pero después de esa fecha se creó el Centro de Defensa Cibernética con base en el ejército y que sirve también a las otras fuerzas.
Dicho centro ya actuó en tareas de prevención durante la cumbre de Río + 20, en la Copa de confederaciones, en la visita del papa Francisco, detalló.
A través de su acción se logró detener varios ataques de hackers, «algo incomparable con lo que puede ocurrir en una situación de conflicto a gran escala», dijo Amorim.
Cuando se habla de defensa cibernética se trata de evitar «un ataque del tipo del que puede realmente afectar todo un sistema. El sistema eléctrico, el sistema de control de los aeropuertos… Qué sé yo… Un ataque así puede generar el efecto de un arma de destrucción masiva», comentó el ministro.
La pasada semana la presidenta argentina, Cristina Fernández, recibió al titular brasileño de Defensa con quien dialogó sobre temas de interés común y regional.
En el encuentro participó también el ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi.
Ambos titulares firmaron un acuerdo para crear un subgrupo bilateral de trabajo dedicado a «lograr un óptimo desarrollo en ciberdefensa» y minimizar «situaciones de vulnerabilidad».
La idea surge tras las denuncias de espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos a ciudadanos de países latinoamericanos, incluidos la presidenta de Brasil y el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto.