Ante la situación de emergencia que enfrenta la nación, las áreas de comunicación social del Gobierno de la República, suspenderán las campañas de difusión gubernamental, incluyendo la relativa a la Reforma Energética.
Así lo anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, al Pleno del Senado de la República, al inicio de su comparecencia en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, donde sostuvo que ésta fue una instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha actuado en consecuencia, estando desde las primeras horas en atención a quienes sufren esta circunstancia.
Lo anterior, para destinar los tiempos oficiales a “difundir las acciones de rescate, difundir dónde se encuentran los centros de acopio y difundir cómo la población puede acercarse a la ayuda ciudadana”, debido a la situación de emergencia que atraviesan muchos estados de la República, tras el paso las tormentas “Ingrid” y “Manuel”.
“Como nación — continuó — debemos ser solidarios con toda la República, pero particularmente creo que no hemos todavía dimensionado a cabalidad, los daños, la profundidad de la tragedia humana y económica en el estado de Guerrero”, subrayó el titular de la SHCP.
El Gobierno de la República -agregó- habrá de trabajar con todos los actores de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a los senadores del estado de Guerrero, en darle un trato especial a esta entidad que hoy requiere del apoyo solidario y decidido de toda la República.
Ya en el marco de su comparecencia, se refirió a las reformas recientemente presentadas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. “La convicción del Gobierno de Enrique Peña Nieto es clara, las reforma hacendaria tiene que tener un sentido social, el objetivo, la prioridad de esta reforma debe estar en aquellos que menos tienen”.
Se busca, apuntó, una reforma que establezca seguridad social, progresividad en los impuestos para cumplir a cabalidad el Artículo 31 de la Carta Magna: que los impuestos sean proporcionales y equitativos, expuso el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Bajo protesta de decir la verdad, el funcionario resaltó que para asegurar que se tenga el mejor paquete económico para México, la secretaria de Hacienda está en disposición de escuchar argumentos y “habremos de expresar así nuestra opinión al Congreso, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, cuando con argumentos de mérito y con cifras se nos propongan mejores alternativas o incluso una rectificación a elementos específicos de la reforma”.
Explicó que la reforma hacendaria y de seguridad social contiene tres elementos fundamentales: establecer un sistema de protección social universal; una reforma tributaria justa que simplifique los impuestos y transparente el ejercicio del gasto y un paquete económico que impulse, de manera decidida, el crecimiento económico.
Además, dijo, crea dos instrumentos de política pública ausentes en el andamiaje de solidaridad social, una pensión universal y un seguro de desempleo.
“México es uno de los pocos países de América Latina y el único país de la OCDE que no cuenta con un seguro de desempleo”; más de la mitad de quienes trabajan, lo hace sin la seguridad social, argumentó.
“Se propone un sistema de pensión universal y un seguro de desempleo porque es justo y porque es necesario y, sobre todo, porque atiende a quienes más lo necesitan”, señaló.
En este sentido, el funcionario público destacó que tres de cada cuatro personas desempleadas, antes de perder su empleo ganaban menos de cuatro salarios mínimos.
En materia tributaria, dijo, la reforma piensa en grandes mayorías, en los que menos tienen, por lo que no se propuso al Congreso la imposición del IVA en medicinas o alimentos, “primero, porque es lo justo, porque las familias más pobres de México destinan más de la mitad de sus ingresos a los alimentos y medicinas” y porque México requiere de un impulso para el crecimiento económico; la contracción en el consumo que implicaría una medida así, aseguró, no ayudaría para ello.
Videgaray Caso calificó la reforma como “justa” porque introduce elementos de progresividad como una tasa más elevada para quienes ganan más de 500 mil pesos al año, “quien gana más de 500 mil pesos al año está en el uno por ciento más favorecido de la población”.
Además, puntualizó que por primera vez se propone un impuesto a los dividendos, a las ganancias de capital de quienes comercian acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y se eliminan la mayoría de los tratamientos especiales de los regímenes de privilegio que caracterizan un impuesto sobre la renta y un sistema tributario que no cumple con la redistribución del ingreso.
Se sustituye el régimen de consolidación fiscal por un régimen de transparencia de sociedades que busca terminar con los privilegios y malos usos en esta figura jurídica, al mismo tiempo se hace una simplificación en el sistema tributario al eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a Depósitos en Efectivo.
Con una nueva ley -advirtió- se simplifica el sistema legal del Impuesto Sobre la Renta en el que se establecen nuevas facilidades para el pago de impuestos para las medianas y pequeñas empresas, que además combate la informalidad a través de un nuevo régimen de incorporación que dota al Estado mexicano de un instrumento que genera incentivos eficaces y justos para quienes se encuentran en la informalidad y se establece mayor progresividad en las cuotas de seguridad social, al reducir las de quienes ganan menos de cuatro salarios mínimos, a fin de generar incentivos para su incorporación a la formalidad.
En otro aspecto, informó, introduce elementos para apoyar el medio ambiente a través de gravámenes específicos a contaminantes que contribuyen al cambio climático, aunado a un impuesto a las bebidas azucaradas para combatir decididamente la obesidad, en particular, la infantil.
Adicionalmente, se propone un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex), “México necesita una reforma energética”, para ello se necesita un régimen fiscal que implique con el que se le trate como empresa, que el Gobierno actúe como un dueño que busca, a largo plazo, maximizar la riqueza nacional y no como recaudador.
También se promueve un ejercicio responsable y transparente del gasto público a través de modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como el establecimiento de un techo al crecimiento de gasto corriente –el gasto de la burocracia-.
“Los ingresos adicionales que genera la reforma no pueden ni deben ser destinados al crecimiento del aparato burocrático”, precisó.
En el mismo sentido, se incluye una nueva metodología para medir el balance estructural, asegurar que los gobiernos generen ahorro y que éste sea utilizado de manera efectiva para mitigar los efectos de las épocas de bajo crecimiento.
De la misma forma, se establecen nuevas definiciones de déficit público y requerimientos del sector público para transparentar el ejercicio real de éste. “Protege los derechos de contribuyentes y busca dotarlo de nuevas facultades y obligaciones”.
Respecto al Paquete Económico, se busca impulsar el crecimiento, ya que las prioridades de gasto para el Presupuesto 2014 están en la infraestructura, educación y en lo que pueda generar crecimiento a mediano y largo plazo.
Se pretende, además, ampliar la meta de déficit, a fin de evitar que el último trimestre del año se haga una reducción en el gasto público ante el menor crecimiento de los ingresos tributarios; con lo que se espera mitigar efectos desaceleración.
Mientras que para 2014, abundó, se propone el ejercicio responsable y temporal del instrumento del déficit público para acelerar el crecimiento económico, como medida de oportunidad en atención a las necesidades de la economía: actuar con practicidad y responder ante retos que representa un entorno internacional que afecta el crecimiento económico, al igual que factores como la industria de la construcción.