La presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, Gisela Raquel Mota Ocampo (PRD), urgió a simplificar las reglas de operación de los programas rurales, ya que su complicación provoca que el 90 por ciento de los campesinos quedan fuera de los beneficios económicos destinados al agro nacional.
Sugirió presentar al Ejecutivo federal una propuesta integral de las comisiones unidas del campo de la Cámara de Diputados, para superar el rezago y la pobreza que prevalece en el agro mexicano, y se establezcan requisitos sencillos y fáciles para que los recursos del Programa Especial Concurrente sean distribuidos con equidad y a tiempo.
Durante una reunión de la Comisión de la Reforma Agraria con Arturo Osornio Sánchez, subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, la diputada Mota Ocampo destacó la necesidad de impulsar una reforma estructural del sector rural y apoyar con mayores partidas etiquetadas en el Presupuesto al minifundio, y vigilar que los recursos económicos se entreguen con oportunidad.
Por su parte, Osornio Sánchez afirmó que se debe pugnar por subir el tema del campo a la agenda nacional, impulsar el desarrollo del minifundio, porque “es el futuro del país y es una realidad”. Debe lograrse que sea exitoso, productivo y genere riqueza para “socializar y masificar la producción del campo”, con una revolución del agua, para aprovecharla al máximo, a través de sistemas por goteo.
“Llegó la hora de fomentar el minifundio para equilibrar la pobreza con producción agropecuaria, porque es lo único que tenemos y quede dinero en los bolsillos. No dar aspirinas, sino enseñar a producir”, apuntó el funcionario federal ante diputados.
El subsecretario de la Sagarpa reconoció la falta de planeación, la complicación de las reglas de operación y la nula coordinación, porque cada quien busca sus prioridades. Por ello, convocó a “ponerse las pilas” para cuidar las metas productivas regionales y locales y revertir la elevada exportación de granos.
José Antonio Rojo García de Alba (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, propuso que el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Alimentación (CEDRSSA), realice un estudio sobre las reglas de operación para simplificarlas y conjunte la visión de los diputados de las comisiones del campo para presentar un Punto de Acuerdo, además de definir una agenda conjunta de actividades de los órganos parlamentarios que atienden problemas agrarios.
La planeación del campo requiere una reforma estructural y buscar nuevas expectativas, y en ese marco evaluar, hasta dónde se puede, seguir en el esquema vigente y abrir ventanillas para distribuir los recursos, que sólo atienden el 10 por ciento de los proyectos y dejan fuera de los beneficios al restante 90 por ciento de los productores.
Gloria Bautista Cuevas (PRD), presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, aseveró que el problema del campo mexicano no data de dos sexenios sino de 500 años. “No es cuestión de partidos, ni del Presidente ni de los gobernadores, sino de todos para trabajar por el México que tiene hambre”. Demandó que las palabras se reflejen en los hechos y se cumpla garantizar el derecho a la alimentación.
El diputado Mario Rafael Méndez Martínez (PRD), presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente, convocó a dejar los debates, las quejas y las buenas intenciones, porque legislaturas van y vienen y no se ha logrado cambiar la situación del agro nacional. Sostuvo que los diputados no han tenido la capacidad de negociar con Sagarpa para revertir la pobreza y el rezago, “no se ha avanzado nada”, afirmó.
El diputado del PRI, Salvador Romero Valencia, integrante de la Comisión Especial de Energías Renovables, aseguró que el agro requiere proyectos productivos viables como el producir energía a partir del uso de insumos del campo como la caña de azúcar.
“Con los recursos que maneja la Sagarpa no hemos sido capaces de sacar de la marginación a la gente del campo; más de la mitad de los mexicanos viven en pobreza, refleja que hemos recaudado mal y se ha gastado mal”, precisó el michoacano.
La perredista María del Rosario Merlín García urgió a hacer realidad el apoyo económico y técnico a los campesinos, y demandó dar seguimiento a los proyectos agrícolas más allá de los sexenios.
Óscar Bautista Villegas, del PRI, se sumó a la propuesta de una reforma profunda al campo, porque todavía “no ha llegado la justicia”, ya que en los últimos doce años ha permanecido en un total abandono. Se requiere, dijo, nuevos esquemas para apoyar a los pequeños productores, porque en el campo no hay partidos sino personas, aseguró.
La diputada del PRI, Maricruz Cruz Cruz, secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural, urgió a resolver de fondo los problemas del sector “con hechos más allá de los discursos”, como fijar una tasa de interés rural, porque de no resolverse los campesinos no podrán ser sujetos de crédito.
Demandó planear a 25 años, y no por sexenio, el establecer precios de garantía para los granos. Reconoció la urgencia de una reforma estructural del campo y por reorientar el Presupuesto de Egresos para 2014 para la reconstrucción nacional, y advirtió que “ya se acabó el discurso del engaño y la mentira”.
El perredista Javier Orihuela García apuntó que la buena voluntad para solucionar los problemas del campo no es suficiente; pugnó por promover el autoconsumo a través del desarrollo e impulso del minifundio, y reconoció la urgencia de una reforma profunda al campo para revertir la importación de alimentos y aprovechar al máximo las alternativas para generar energías renovables.
José Antonio León Mendívil, del PRD, criticó la falta de planeación; advirtió que colocar al último a los productores mexicanos y apoyarse a agroindustrias, incluso transnacionales como Cargil y Monsanto se da carta de naturalización al coyotaje internacional, que es a lo que juegan esas empresas, afirmó.
El diputado del PRD, Pedro Porras Pérez estimó que las actuales políticas agrarias no van a resolver los problemas, por la falta de planeación y coordinación entre la Federación y las regiones agrícolas, lo cual requiere un tratamiento diferente para garantizar la productividad a partir de aprovechar las condiciones de cada zona.
Benjamín Castillo Valdez, del PRI, dijo que el 85 por ciento de los productores son de autoconsumo, y exigió reorientar la política económica del campo, para otorgar créditos a los pequeños y medianos campesinos que no se han beneficiado con los recursos, y sólo “los titanes de la agricultura asociados con empresas transnacionales” los captan porque cumplen con las complicadas reglas de operación vigentes.
Precisó que el campo debe tener un trato especial porque no se puede prescindir de alimentos, y sólo así se puede frenar que haya más pobres.
Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, PRD, exigió “por humanidad a la Sagarpa atienda a los cañeros”, porque no se ha interesado ni por conocer su problemática y menos por resolverla, advirtió el latente riesgo de desplomarse más el precio del dulce por la sobreproducción, al autorizarse el ingreso de fructuosa.
Alertó del peligro de descomposición social de no resolverse los problemas del agro, además de que un país importador de alimentos está condenado a la esclavitud, aseguró la perredista.
El diputado del PRI, Juan Manuel Rocha Piedra, apuntó que es prioritario que los campesinos mexicanos tengan dinero en sus bolsillos, al proponer una estrategia de comercio de los productos del campo, a fin de combatir el coyotaje y se proteja en los hechos a los productores.