Montevideo, 22 oct (PL) La Justicia de Crimen Organizado investiga el posible lavado de dinero de algunos de los propietarios de 15 locales de fotocopiado allanados la víspera en una operación en que fueron detenidas 32 personas.
Aunque la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) radicó el año 2011 una denuncia por fotocopiado ilegal de textos universitarios en violación de las leyes de derecho de autor, la policía sospecha que además hubo enriquecimiento ilícito.
Tras dos años de investigación, se supo que algunos de los propietarios de los locales de fotocopias tienen bienes costosos, como casas y automóviles adquiridos con las ganancias del negocio ilegal.
Según la ley, hay lavado cuando se adquieren bienes con fondos provenientes de delitos contra la propiedad intelectual.
Medios locales pusieron como ejemplo que un texto universitario, sacado gratuitamente de una biblioteca pública, puede ser fotocopiado y vendido masivamente por la sexta parte de su valor comercial entre los estudiantes.
Durante el sorpresivo operativo policial de más de 12 horas, fueron incautadas 79 máquinas fotocopiadoras profesionales. De los 32 detenidos, fueron puestos en libertad los empleados, quedando en el juzgado los 12 propietarios, algunos de ellos con antecedentes por el mismo delito.
En ese sentido, la presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Alicia Guglielmo, justificó el procesamiento de los fotocopiadores por violar las leyes de protección del libro y el autor.
Expresó su preocupación, tanto por el masivo fotocopiado de textos de estudio, como por la falta de compra de textos escolares por el Estado con destino a bibliotecas públicas.