Bogotá, 22 oct (PL) La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció el asesinato de cuatro personas en Belén de Bajirá y las reiteradas amenazas contra los líderes reclamantes de tierras en el departamento colombiano del Chocó.
En una carta difundida en internet y dirigida al presidente Juan Manuel Santos y varios miembros de su Gobierno, la organización rechazó los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares en Belén de Bajirá, donde, señala, existe una permanente presencia policial.
Las actuaciones de control social y comercial son evidentes por parte de estos grupos, que continúan reiterando que asesinaran a líderes que reclaman la devolución legítima y legal de sus territorios despojados, sostiene el texto.
La Comisión apuntó que las actuaciones de efectivos policiales contra las víctimas del despojo dejan en vilo su legitimidad como garantes de la protección de los civiles por su evidente parcialidad y actividad a favor de operarios de empresas ganaderas y palmeras para evitar la devolución de las tierras.
«Nuestra censura ética ante los nuevos asesinatos cometidos por estructuras paramilitares, que se hubieran podido evitar con actuaciones integrales y eficaces del Estado y el Gobierno en su conjunto», manifestó Justicia y Paz.
En el comunicado reitera la continuidad y planes de atentados contra dirigentes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Pedeguita Mansilla, sin que existan medidas implementadas de planes integrales de protección y devolución con garantías de libertad para los legítimos dueños del territorio.
La Comisión pidió al Gobierno respuestas sobre los asesinatos de las últimas semanas y qué medidas se van a adoptar frente al plan de atentados contra los líderes comunitarios que se oponen al desarrollo empresarial en predios despojados.
El 6 de octubre pasado la organización había denunciado los continuos hostigamientos y señalamientos contra 10 reclamantes de tierras oriundos de las comunidades de Pedeguita y Mansilla, que intentan retornar a sus hogares.
Decenas de líderes de restitución de tierras han sido asesinados en diversas regiones de Colombia en los últimos meses.
El 28 de marzo pasado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos instó al Estado a implementar medidas eficaces para proteger a activistas y defensores rurales.