Buenos Aires, 10 dic (PL) Una comisión de fiscales se ocupará de posibles conexiones entre los saqueos y los paros de sectores de la policía en varias provincias argentinas, que han creado situaciones de caos social en varias localidades y el saldo de 10 muertos y numerosos heridos.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia presentará una denuncia penal contra promotores de grupos de Facebook que alientan esos hechos, destaca el diario Página 12 en su edición digital.
Ante la multiplicación de saqueos en distintas provincias y la hipótesis de que podría existir vinculación entre esos hechos y las protestas policiales en expansión, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils, decidió crear una comisión para que se ocupe de coordinar las investigaciones en todo el país, precisa la publicación.
Por su lado, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, dispuso crear comités de crisis de fiscales y defensores en la provincia de Buenos Aires ante eventuales nuevos episodios.
El ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió que «los saqueos son organizados, no espontáneos y se dan en forma simultánea con medidas de fuerza» de las policías en distintas jurisdicciones. «No obedecen a necesidades alimentarias y de precariedad», afirmó.
Por su parte, el secretario de Justicia de la Presidencia, Julián Alvarez, informó que proliferaron convocatorias a desvalijar comercios desde las redes sociales y anunció que la cartera hará una denuncia penal.
A su vez, les apuntó a actores políticos en la provincia de Buenos Aires afiliados al Frente Renovador, de Sergio Massa, un partidario del gobierno ahora opositor, por instigar al desacato policial y a los saqueos.
Gils comenzó a analizar la semana pasada el escenario ante las protestas policiales crecientes y los saqueos en Córdoba, y el viernes pidió una reunión con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recordó Página 12.
El encuentro se concretó la víspera y allí la jefa de los fiscales planteó su idea de generar una comisión investigadora para ocuparse de coordinar las pesquisas y centralizar la información.
Hizo especial hincapié en que no se puede descartar que estén en juego «conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional».
Así lo dice la resolución que establece la comisión de fiscales para ocuparse de esta problemática que ha ensombrecido las celebraciones por los 30 años de la restitución de la democracia.