México, 13 dic (PL) Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México y su dirigencia nacional anunciaron hoy que alistan una estrategia legal para revertir la reforma energética, la cual incluye acudir ante instancias y organismos internacionales.
El presidente nacional de la formación de izquierda, Jesús Zambrano, comunicó que están trabajando un recurso para presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de hacer inviable la iniciativa aprobada ayer en el Congreso de la Unión.
Según señaló el líder perredista en conferencia de prensa, la medida se avaló sin cuidar las formas y el respeto de constitucionalidad de los actos.
En declaraciones a Prensa Latina, Zambrano manifestó que están abogando para darle curso a la exigencia de declarar inválido el proceso legislativo, el cual, recordó, todavía continúa en los congresos locales, donde quiere dársele una rápida aprobación antes del 15 de diciembre.
Además, expresó, vamos a seguir trabajando para que en 2015 se haga realidad una consulta popular relacionada con las modificaciones realizadas en materia energética a varios artículos constitucionales.
Para el dirigente partidista, esos cambios, así como los artículos transitorios aprobados, vienen a trastocar las bases mismas de la carta magna de México como Estado soberano.
Agregó que también están trabajando para un acercamiento con las distintas organizaciones políticas, sociales y civiles que se identifican con banderas democráticas, progresistas y de izquierda, con el objetivo de hacer un frente común y ampliar las acciones.
Zambrano consideró que la reforma equivale a entregar la renta petrolera del país a manos privadas, lo cual representará un daño enorme para la nación y pérdida de la propiedad del Estado mexicano sobre la riqueza energética.
Por su parte, la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, expuso que ya se consulta a expertos y constitucionalistas para la vía jurídica, pero que de igual modo deben acudir a otras instancias, incluso internacionales, a fin de frenar la medida.
La reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales abre la puerta a que México alcance acuerdos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida o de licencias con particulares nacionales y extranjeros, y que el pago de recursos sea distinto en cada modalidad.
El dictamen determina además que la estatal Petróleos Mexicanos cuenta con 90 días para establecer los yacimientos que serán susceptibles de ser explotados de manera exclusiva o en conjunto con terceros.
Al estar ratificado en lo general y lo particular por ambas cámaras legislativas, el proyecto energético pasará a los 32 congresos locales para su discusión, de los que al menos 17 deberán darle su aval, y luego será enviado al jefe del Ejecutivo federal para su promulgación.