La diputada del PRI, Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, dijo que el trabajo de los integrantes de esta Comisión será en insistir en la desaparición de la pena de muerte, y pidió que la comunidad internacional se pronuncie en contra de estas acciones.
En entrevista vía telefónica, la legisladora del PRI, señaló que en estos momentos apoyará a los familiares de Edgar Tamayo, de quien se violaron los procedimiento con que fue juzgado, y aseguró que insistirán para que no haya más victimas de procedimiento.
La diputada federal espera que esta acción del gobierno de Texas, cimbre a la comunidad internacional, que haya suficientes pronunciamientos y que la opinión pública se vierta contra acciones como esta, ante la falta de respeto a una sentencia de un organismo internacional, para que no se vuelva a darse estas situaciones.
Mencionó que mientras sigan estableciendo esta pena, sobre todo en Texas, serán los principales violadores de los derechos humanos, sin ninguna autoridad y calidad moral para que diga que existen los derechos humanos.
Reconoció que por parte de la cancillería y de la Cámara de Diputados se insistió sobre la importancia de respetar a un acuerdo contraído entre países, firmada en la convención de Viena, en ésta posición se pide respeto a una obligación contraída entre países, “insistieron pero las determinaciones con lamentable resultado corresponden a un Estado. Pese a que gobierno federal norteamericano pedía se aplazara la ejecución”.
Mientras que no exista una conciencia clara de lo que significa la pena de muerte hoy se pone en duda la ejecución del delito por parte de Edgar Tamayo, hoy se dice que no había pruebas suficientes que así lo acreditaban y que sin embargo fue condenado.
“Si de alguna manera se puede esclarecer la realidad, es lamentable que no haya como poner en libertad a una persona que pudiera haber sido injustamente detenido, entonces me parece que la pena de muerte es contraria a la falibilidad de los juzgadores. Los juzgadores son seres humanos que se pueden equivocar y si este es el caso ya no hay como remediar la situación”, lamentó la diputada Miriam.
Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Nelly Vargas condenó la acción del gobierno de Estados Unidos al incumplir los tratados internacionales de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), al ejecutar al mexicano Edgar Tamayo, quien se encontraba en la cárcel de Livingston, Texas.
En un comunicado de prensa señaló que el gobierno estadounidense incumplió con los tratos internacionales que ellos mismos firmaron desde su incorporación en 1951, por lo que están sujetos a dichas disposiciones.
Nelly Vargas añadió que en el 2004 la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que las cortes estadounidenses deben revisar el proceso y sentencia de los ciudadanos mexicanos para determinar sí hubo violación del debido proceso ante la ausencia de asistencia consular como sucedió en el caso de nuestro connacional.
La legisladora consideró como inaceptable la ejecución del mexicano y mostró su preocupación al existir otros cincuenta casos de mexicanos detenidos en Estados Unidos a los que se les debe garantizar un juicio justo, pero también la revisión del caso porque sus derechos habrían sido violados durante el proceso de su juicio y condena al no recibir asistencia consular alguna.
“Desafortunadamente en Estados Unidos nuestros connacionales indocumentados son perseguidos por las autoridades de ese país con una actitud racista, no se les respetan sus derechos humanos y no se les da un trato justo, digno, igualitario, mucho menos al momento de enfrentar la justicia de ese país”, finalizó la diputada federal, Nelly Vargas.