Tegucigalpa, 27 may (PL) El Gobierno hondureño investigará las denuncias de corrupción que hoy circulan en torno al Instituto de la Propiedad (IP), informó Ebal Díaz, presidente de la nueva directiva.
Precisó que para llevar a cabo la investigación se contrató a una firma auditora privada encargada de verificar si anteriores administraciones cometieron irregularidades.
Díaz añadió que se decidió reestructurar esa oficina gubernamental, que será modernizada y tecnificada a fin de lograr un ahorro inicial del 20 por ciento en gastos.
Agregó que habrá una reducción de 10 a cuatro direcciones y que los empleados de ese ente estatal serán sometidos a pruebas de confianza, entre ellas el polígrafo (detector de mentiras).
El funcionario explicó que las direcciones que permanecerán en el IP son: Registro catastro, regularización predial, propiedad intelectual y la administración.
Díaz, quien además es el secretario general del Gabinete de Gobierno, informó que esa institución es de suma importancia para los planes de vivienda del presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
El IP se creó para garantizar la propiedad raíz a la población y no para generar zozobra e incertidumbre, dijo y anunció que los cambios volverán al ente más funcional y transparente.
Señaló que se realizará una auditoria interna sobre lo que existe y se profundizará en los procesos que indiquen malas prácticas contra la ciudadanía.
Si de las investigaciones de los auditores salen indicios, los responsables de llevar los casos serán el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, explicó.
Según el directivo se revisarán los casos de demandas en contra de la institución y los despidos de empleados realizados por malos procedimientos, pero no hay cacería de brujas, señaló.
Al comentar las medidas anunciadas por Díaz, el presidente del sindicato del IP, Jack Uriarte, aseveró que esa organización gremial no permitirá despidos masivos en la institución.
El caso del IP fue destapado la semana última por investigadores del diario El Heraldo que hablaron de podredumbre en la emisión de títulos de propiedad de tierras.
A través de varios reportajes, denunciaron irregularidades como extravío de expedientes, adulteración de folios, falsificación de firmas y hasta la realización de cobros indebidos para agilizar trámites.