Lima, 3 jun (PL) Un gobernador regional peruano acusado de homicidio y corrupción pasó su primera noche en un presidio de alta seguridad, mientras otro denunciado por malos manejos quedó impedido de salir del país.
El presidente (gobernador) de la región norteña Tumbes, César Álvarez, fue trasladado ayer bajo fuerte resguardo policial y en medio del asedio de la prensa, junto a decenas de coacusados, hasta el penal Piedras Gordas, en el norte de la ciudad.
Álvarez y los principales están involucrados en el asesinato por sicarios del consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco, en marzo pasado, en la ciudad ancashina de Chimbote.
Álvarez niega haber mandado matar a Nolasco y el confeso ejecutor del crimen coincide y dice que antes lo inculpó presionado por la policía, que lo habría torturado, aunque la Fiscalía asegura tener pruebas de que el autor intelectual es el Gobernador.
Ante los cargos, un juez dispuso que Álvarez sea encarcelado durante tres años mientras se profundizan las investigaciones y es juzgado y están igualmente presos casi 30 presuntos implicados entre funcionarios, periodistas, expolicías y otros involucrados.
Hay otras decenas de detenidos por un proceso paralelo abierto por la existencia de una oficina de producción de vídeo y prensa que según el Ministerio Público era usada por el Gobernador para actividades ilegales.
Congresistas de diversas tendencias manifestaron preocupación por el alto número de apresados y señalaron que las autoridades judiciales deben ser drásticas con la corrupción y el crimen, pero al parecer se están excediendo y podrían llegar a una «caza de brujas» por presión de la prensa.
Entretanto, el Poder Judicial dispuso que el gobernador de la región Tumbes, en el extremo norte de Perú, Gerardo Viñas, no salga del país en los próximos cuatro meses, mientras se le investiga por haber favorecido indebidamente a empresarios en contratos de obras públicas.
La Fiscalía había pedido que Viñas sea detenido por 18 meses, al igual que el gerente del gobierno regional, Javier Meneses, y los emperesarios supuestamente beneficiarios, Carlos Valadollid y Raúl García.
El ministro de Justicia, Daniel Figallo, informó que mañana presentará al Consejo de Ministros un primer borrador del proyecto de reforma de la ley de descentralización anunciado por el presidente Ollanta Humala para un mayor control del manejo económico en los gobiernos regionales.
La propuesta responde a las denuncias de corrupción que afectan a la mayoría de esas administraciones, que tienen un alto grado de autonomía, y se complementan con la de prohibir la reelección de presidentes regionales.
Gobernador peruano en cárcel de alta seguridad
