El Servicio de Administración Tributaria implementa desde enero pasado una detallada estrategia para cotejar los domicilios fiscales que los contribuyentes tienen registrados ante esa instancia recaudadora.
El plan, obtenido por REFORMA, incluye, cuando haya visitas por personal del SAT, la toma de al menos cuatro fotos del domicilio, la aplicación de un cuestionario a la persona que abra la puerta y el envío de los datos de geolocalización para su registro en el Sistema de Información Geográfica Fiscal.
Lo anterior está asentado en el documento «Estrategias Relacionadas con el Domicilio Fiscal», del 24 de enero, enviado a todos los administradores del SAT y sus colegas de los estados, quienes también participan en tareas de supervisión para cobro de impuestos federales.
Las estrategias fueron lanzadas para unificar la coordinación entre las oficinas del SAT e impedir que los causantes traten de burlar al fisco.
«Existen contribuyentes que realizan conductas irregulares, tendientes a impedir u obstaculizar actuaciones en relación con actos de fiscalización, verificación y ejecución», indica el documento.
Destaca que el programa busca «detonar acciones» contra quienes engañan con el domicilio fiscal e imponer multas, revocar certificados de sello digital y ejercer acción penal por operaciones inexistentes.
«La Administración General de Planeación proporcionará con periodicidad anual una relación de contribuyentes considerados de riesgo alto, a efecto de que esta información sirva para direccionar y priorizar las acciones de diligenciación».
Las estrategias especifican que en los casos en los que no haya coincidencia del domicilio reportado por el causante se realizará una investigación más profunda o incluso una querella penal.
Para acreditar ante un juez el delito en cuestión, se instruye al personal del SAT para que levante actas en las que haga constar de manera fehaciente, con fecha, hora y lugar, que el domicilio visitado ha sido abandonado y ya no es lugar de trabajo donde se pueda localizar la contabilidad del contribuyente.
También se pone énfasis en detectar domicilios fiscales «de dimensiones superficiales notoriamente pequeñas en relación con la actividad declarada» con la idea de ubicar a quienes se dedican a expedir facturas por servicios inexistentes.