InsurgentePress – Ciudad de México, 11 de Mayo -El candidato del PAN al gobierno de Sonora, Javier Gándara Magaña, y sus familiares directos tienen al menos nueve casas en Estados Unidos y un avión que el ahora aspirante nunca reportó en sus declaraciones patrimoniales siendo presidente municipal de Hermosillo entre 2009 y 2012.
De acuerdo con los registros de propiedad en poder de MILENIO, Gándara posee una mansión en La Jolla Scenic Drive, de las zonas más exclusivas de San Diego, California, valuada en tres millones 600 mil dólares.
Esa casa figura como propiedad de la empresa Mannon LTD, una firma británica cuyo principal giro es la adquisición de inmuebles por parte de personas que no desean que se hagan públicos sus nombres; tiene su sede en Irlanda del Norte y actualmente se encuentra disuelta.
Javier Gándara y su esposa, Marcela Fernández de Gándara, también son propietarios de dos condominios horizontales en el suburbio Bonita, también en San Diego, con un costo de 270 mil dólares cada uno.
En el Barrio Linda Vista, del fraccionamiento Fashion Hills, también en San Diego, Gándara tiene otra propiedad de 172 metros cuadrados, con precio de mercado de 372 mil dólares, y se encuentra a nombre de Ana Marcela Gándara Fernández, hija del candidato.
Otra propiedad del matrimonio GándaraFernández en San Diego, valuada en un millón 200 mil dólares, está en la zona residencial University City.
La quinta propiedad en esa ciudad californiana se encuentra en Chula Vista, con precio en el mercado de 320 mil dólares.
En enero de 2015, Javier Gándara y su esposa otorgaron un poder legal para que su yerno Juan Carlos Tirado Woolfolk, esposo de su hija Alejandra, quedara como “responsable” de cuando menos una de estas casas en San Diego.
Las otras tres posesiones que tampoco fueron declaradas en México están en Arizona: la primera, a nombre de Gerardo Gándara Fernández, hijo del ex alcalde de Hermosillo, en el número 7751 de la East Via Casta, en Scottsdale, en el condado de Maricopa, en el McCormick Ranch Golf Club, adquirida en enero de 2007 por 537 mil dólares.
En el momento de la compra Gerardo Gándara tenía 23 años y según las declaraciones patrimoniales de su padre, era su “codependiente”.
La segunda se encuentra en Phoenix, en el Club de Equitación Sandspur Ranch. Y aunque en los registros consta que pertenece a Juan Carlos Tirado Woolfolk, quien la habría adquirido en 2010, ese mismo año cedió los derechos a la esposa de Gándara Magaña.
Esta propiedad, sin embargo, no ha sido dada de alta por la esposa del candidato y en los registros sigue apareciendo a nombre de Tirado Woolfolk.
En Tucson se encuentra la tercera casa, en el número 6171 del residencial Placita Manantial La Paloma, costó 400 mil dólares y está a nombre de Adreana Gándara Fernández hija que el aspirante, a quien en su declaración patrimonial el padre también cita como “codependiente”.
La sumatoria del valor de las seis propiedades en California y las tres en Arizona, de acuerdo con el cambio actual, 117 millones de pesos, aproximadamente, los cuales no aparecen reportados en ninguna de las declaraciones patrimoniales que Javier Gándara presentó siendo presidente municipal de Hermosillo.
Gándara tampoco reportó en sus declaraciones patrimoniales un jet con matrícula XAUSS, a nombre de su esposa y con valor de dos millones de dólares. Según Gándara, este avión presta servicios en una compañía de taxis aéreos. Recientemente se supo que ha sido rentado por el actual gobernador del estado, Guillermo Padrés, y el propio Gándara lo emplea pagando el alquiler en su campaña electoral.
La familia Gándara también dio de alta una empresa restaurantera en Maricopa, Arizona que, de acuerdo con registros públicos de la Arizona Comission Corporation, habría sido establecida un mes antes de terminar su gestión como alcalde de la capital sonorense y en la que incorporó a la totalidad de los integrantes de su familia en calidad de directivos, lo que tampoco consta en sus declaraciones patrimoniales.
En lo que respecta a sus declaraciones de ley, por cierto, las cifras son coincidentes y poco variables pues, en el apartado de los ingresos, Gándara reconoce haber ganado mensualmente en ese periodo unos 285 mil pesos durante esos tres años.
Por concepto de salario en su último año en el cargo reportó 73 mil pesos al mes; 1 50 mil pesos por actividades empresariales (particularmente operaciones con ganado); 34 mil 500 pesos por arrendamientos y 20 mil 500 de intereses sobre inversiones.
El total anual aproximado de ingresos durante su etapa como servidor público fue de 3 millones 300 mil pesos, con muy poca variación, según sus reportes.
El ex funcionario también detalló en cada una de sus declaraciones anualizadas la propiedad de seis camionetas, dos casas, un predio, un rancho y un parque industrial, así como cuentas bancarias por unos dos millones 170 mil pesos (también casi invariables).
En el apartado de “dependientes económicos”, reportó que comparte domicilio con su esposa y sus hijos Adreana y Gerardo. Sin embargo, ambos aparecen como “propietarios” de casas en Arizona.
Las investigaciones contra el ex alcalde de Hermosillo se reactivaron luego de que se dieron a conocer los resultados de auditorías al gobierno que encabeza su correligionario Guillermo Padrés, en las que se establece que se perdonaron millones de pesos a varios funcionarios y personas cercanas al mandatario estatal.
En esas auditorias salió el nombre de Javier Gándara, a quien presuntamente se le habrían perdonado 14 millones de pesos. El candidato panista rechazó el resultado de las auditorias del año 2011 (donde salió su nombre), aunque aceptó que ese año no pagó impuestos.
Para tratar de demostrar lo anterior, Gándara presentó su declaración de impuestos, en las que asegura que solo tuvo ingresos por su actividad ganadera. Sin embargo, en esa declaración no reporta su sueldo como presidente municipal ni sus ingresos por otros rubros, tales como rentas, los cuales, independientemente de si los destinó a donaciones, tenía la obligación legal de reportar.
Gándara encabeza el grupo empresarial Ganfer, dedicado a los agronegocios y al diseño, construcción y manejo de invernaderos y desarrollos inmobiliarios, de lo cual tampoco ha reportado nada en sus declaraciones patrimoniales o fiscales.
La omisión de estos datos poco abona a mejorar la imagen de Gándara, quien ha estado en el ojo del huracán desde que gobernó la capital del estado que hoy quiere gobernar.
El candidato del PAN enfrenta denuncias ante la PGR por desvío de recursos federales y peculado desde el año pasado, centradas en la desaparición de 1 47 millones de pesos que hasta la fecha Gándara no ha explicado.
También enfrenta acusación por la presunta licitación fraudulenta del rastro de Hermosillo y una irregular “regularización” de terrenos federales, en la que se registró inclusive un robo de identidad a un modesto cantinero de Navojoa.
Obligatoria, la declaración de bienes La legislación de Sonora obliga a los servidores públicos del estado y de sus municipios a reportar periódicamente las modificaciones de carácter patrimonial, así como las inversiones, movimientos de cuentas bancarias, saldos de créditos hipotecarios, préstamos, compras y tarjetas de crédito, tanto del declarante como de su cónyuge y dependientes económicos.
La situación patrimonial del cónyuge debe ser declarada sea cual sea el régimen del matrimonio, mientras los dependientes económicos se definen como las personas, familiares o no, cuya manutención dependa principalmente de los ingresos del servidor público obligado.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora, entre la información que los declarantes deben presentar se encuentran las inversiones bancarias, sean de ahorros, a largo plazo o cuentas de cheques.
Los funcionarios deben enlistar la compra de cualquier bien inmueble a crédito, además de los adeudos contraídos con instituciones, personas físicas, compras a crédito y tarjetas de crédito, con el detalle de los saldos correspondientes.
Igualmente deben formar parte de las declaraciones de modificación patrimonial los costos de las obras de construcción, ampliación o remodelación de bienes inmuebles, con el desglose de superficie, costo de proyecto concluido o erogación anual destinada a obras inconclusas.
Los servidores públicos estatales y municipales de Sonora deben reportar la adquisición, ampliación o herencia de acciones societarias o partes sociales de las empresas en que eventualmente tengan participación.