México: ¿conflicto de baja intensidad?

México (PL) Vehículos blindados, retenes militares, sobrevuelos de helicópteros, despliegue de cientos de soldados; la imagen ocurre en el estado mexicano de Jalisco, su capital Guadalajara y otras zonas: es el combate al crimen organizado.
Para más de un observador se trata de una postal de guerra, una especie de conflicto de baja intensidad, pero que se une a otros operativos implementados durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que hizo de la seguridad una de sus promesas de campaña.
Son más de dos años de fuertes enfrentamientos, en los que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal,  la Gendarmería, la Armada, la Procuraduría General de la República y otras dependencias federales y estatales.
La guerra no viene de ahora, cobró su mayor intensidad en tiempos del sexenio del presidente Felipe Calderón, del ahora opositor Partido de Acción Nacional, con miles de víctimas, desaparecidos e incluso la aparición de grupos de autodefensa.
El enemigo no está a la vista, son fundamentalmente los grandes carteles criminales que operan en el país, entre ellos Jalisco Nueva Generación, considerado autor del derribo de un helicóptero Cougarde la Fuerza Aérea, con saldo de ocho militares y una policía federal fallecidos, y una decena de heridos.
La aeronave participaba en operaciones de patrullaje como parte de la operación Jalisco el pasado primero de mayo, cuando avistó un convoy de camionetas con hombres armados.  Diversas fuentes afirman que fue un cohete RPG el que derribó el helicóptero, lo cual indica el poder de fuego de los delincuentes.
Ese propio día, con el empleo de adictos a la droga, indigentes y sicarios armados, tuvieron lugar en Jalisco y otros estados colindantes hechos de violencia que incluyeron bloqueos de rutas con vehículos incendiados y ataques a comercios, bancos y oficinas.
Durante una ceremonia en homenaje a los caídos en el derribo de la aeronave, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, llamó a la unidad del país para combatir al crimen organizado. «No permitamos que se mezclen entre nosotros», subrayó en medio de acusaciones por la infiltración de estos grupos en estamentos del poder político y público.
Sostuvo que la nación vive y se ve acosada por circunstancias apátridas y quienes lucran con el temor, por desadaptados sin escrúpulos y que lastiman a los mexicanos.
Cienfuegos invitó a la población a denunciar a los delincuentes y a quienes los apoyan, para desterrarlos, y con ellos, a la ilegalidad, la irresponsabilidad, la corrupción y la impunidad que los cobijan.
Además, convocó a cubrir de nueva cuenta de gloria a la nación, venciendo a la ignorancia con educación, abatiendo la corrupción con la transparencia y rendición de cuentas, y derrotando a la impunidad con un sistema jurídico más robusto.
Alguien pudiera pensar que sus opiniones pudieran traspasar las barreras entre lo civil y lo militar, pero lo cierto es que las fuerzas armadas mexicanas no están en los cuarteles y han tenido que ocupar espacios reservados incluso constitucionalmente para los cuerpos policiales, tanto estatales como municipales, en más de una ocasión controlados por los criminales, como ocurrió en Iguala, estado de Guerrero.
No en balde el alto oficial, y secretario del gabinete, estimó en 95 la cifra de militares caídos en el enfrentamiento a la delincuencia organizada, llámese los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, el cartel de Sinaloa, del Golfo, entre otros, durante la actual administración.
En esta guerra, con un enemigo que se alimenta del narcotráfico, los secuestros, las extorsiones y el tráfico de armas hacia el mayor mercado del mundo de estupefacientes y armamentos, Estados Unidos, más de una vez las batallas son desiguales.
Pero también al calor de este clima, las fuerzas armadas han sido acusadas de ser partícipes de violaciones a los derechos humanos.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega en Tlatlaya, estado de México,  el 30 de junio de 2014. Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 «presuntos criminales» habían fallecido durante un enfrentamiento con elementos del Ejército.
Aunque se comprobó que la escena del crimen fue alterada «con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento», no fue posible establecer «precisamente quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas», según la CNDH.
Por otro lado, familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos en la madrugada del 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, han acusado a las fuerzas armadas de tener conexión con el crimen.
Incluso hubo un enfrentamiento frente al cuartel del 27 batallón de infantería que tiene sede en Iguala, y al que los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa intentaron ingresar por la fuerza en búsqueda de sus hijos desaparecidos.
En medio de críticas a las fuerzas armadas, y del combate a los carteles, el general Cienfuegos advirtió de que hay sectores «que quieren distanciarnos del pueblo».
Por su parte el general de división retirado Luis Garfias tiene otra visión sobre el involucramiento de los uniformados en el combate al narcotráfico.
La decisión del gobierno federal de encomendar a los generales Miguel Gustavo González Cruz y Felipe Gurrola Ramírez los operativos en contra del crimen organizado en los estados de Jalisco y Michoacán, respectivamente, representa una acción ‘‘desesperadaâ€Öâ€Ö que no cuenta con el marco legal adecuado para que obtengan los resultados esperados, aseveró Garfias.
Es cierto que en poco más de dos años fueron detenidos o abatidos en México muchos de los principales capos de los más peligrosos carteles delincuenciales. El costo ha sido alto, y según algunos analistas, la caída de las cabezas principales no asegura la desarticulación de esos grupos.
A su vez, el editorial del último número de la revista Siempre afirma que ningún gobierno mexicano ha desplegado una verdadera estrategia de Estado que por su dimensión involucre a todos los sectores en el enfrentamiento al crimen organizado.
Se refiere a los gubernamentales, pero también los financieros, la iniciativa privada, partidos, Congreso, Iglesias, sociedad y medios de comunicación.
Claro que no menciona a los componentes militares, al Ejército y la Armada, que por estos días se mueven en vehículos blindados y helicópteros artillados en Jalisco, cual evidencia de una guerra (¿de baja intensidad?), que está lejos de terminar.