México, D.F. a 24 de junio de 2015.- Las grandes corporaciones de los alimentos y bebidas ultraprocesadas, han lanzado una batalla para bloquear las políticas que enfrentan la epidemia de obesidad en la región de América Latina y el Caribe, que está colapsando los sistemas de salud pública. En esta estrategia las corporaciones cuentan con el apoyo de varios países como México, Estados Unidos y Canadá. Las asociaciones nacionales de esta industria se han agrupado en la Alianza Latinoamericana de Industrias de Alimentos y Bebidas que se ha pronunciado contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los grupos de expertos de las naciones de la región.
Las corporaciones de manera individual, con sus asociaciones nacionales, así como con su alianza regional, apoyadas por naciones aliadas, están impugnando estas regulaciones en los organismos nacionales y están acudiendo ante el Comité de Barreras Técnicas al Comercio de la OMS para exigir que esta instancia sancione a los gobiernos de la región por estas políticas contra la obesidad que califican de “barreras al comercio”.
La estrategia de las corporaciones, con el apoyo de los gobiernos aliados, se ha dirigido contra:
1.- El etiquetado frontal establecido en Ecuador para alimentos y bebidas procesadas.
2. La regulación propuesta en Perú para alimentos y bebidas en escuelas y para su publicidad dirigida a la infancia.
3. El etiquetado frontal y la regulación a la publicidad de estos productos dirigida a la infancia en Chile.
En México, esta industria con la complicidad de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) estableció un etiquetado frontal y una regulación de la publicidad dirigida a la infancia con criterios diseñados por la propia industria.
“La región de América Latina y el Caribe presenta uno de los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. El sobrepeso y la obesidad han aumentado a la par del consumo de alimentos ultraprocesados. En este sentido, es urgente que los países de la región implementen y /o fortalezcan sus políticas y regulaciones para reducir el consumo de bebidas y alimentos nocivos para la salud a pesar de la oposición de la industria”, señaló Luis Manuel Encarnación de Contrapeso
“Los ministros de salud de la región aprobaron en 2014 el Plan de Acción contra la Obesidad de la Infancia y Adolescencia presentado por la Organización Panamericana de la Salud que establece propuestas sobre la regulación de etiquetados frontales que permitan a los consumidores identificar los alimentos y bebidas no saludables, así como garantizar la protección de los niños y niñas frente a la publicidad de estos productos. Algunos gobiernos tratan de implementar estas políticas y son bloqueados por el poder de las grandes corporaciones”, señaló Fiorella Espinosa, Coordinadora de Investigación en Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor (EPC).
“Llama la atención que el gobierno mexicano ha secundado a las grandes corporaciones en su oposición al etiquetado desarrollado en Ecuador y al propuesto en Chile, cuando aprobó el Plan de Acción contra la Obesidad Infantil y Adolescente. Hemos entregado una carta al embajador de Chile en México, Ricardo Núñez Muñoz, para expresarle que las organizaciones de la sociedad civil que hemos estado trabajando para enfrentar esta epidemia de sobrepeso y obesidad damos el respaldo a las políticas que se han propuesto en Chile y desconocemos y criticamos profundamente la posición del gobierno mexicano que atenta contra los derechos de los consumidores chilenos a la información y contra el derecho a la salud de los niños y niñas chilenas”, añadió Alejandro Calvillo, Director de EPC.
Por su parte Mercedes López de Vía Orgánica puntualizó: “La falta de información es atentatoria a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza que el público consumidor debe conocer los contenidos para decidir si compra o no determinado alimento, de forma fundamentada. De igual forma, la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada de México (2014) garantiza el derecho a la información sobre lo que se está consumiendo y el cuidado de la salud de las y los consumidores a partir de alimentos y bebidas suficientes, oportunos, de calidad e inocuos, a este problema se suma que en el contenido de los alimentos industrializados es que en la mayoría de los casos son elaborados con aditivos transgénicos como harinas, almidones, dextrosas y glucosas, sin que se especifiquen esos contenidos en las etiquetas”.
La Alianza por la Salud Alimentaria consideró La Declaración de Quito, realizada por la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas el pasado 11 de marzo de 2015, como una declaración de guerra en contra de las políticas públicas de avanzada contra la obesidad y la diabetes
“La oposición de las grandes corporaciones ha sido muy bien orquestada y la Declaración de Quito, es parte de una declaración de guerra, que han hecho contra los criterios nutricionales desarrollados por las instituciones de salud pública de los diversos gobiernos de la región, así como de los propios criterios de la OMS sobre consumo de azúcar, en fin, contra las políticas recomendadas para enfrentar la epidemia de obesidad”, señaló Yatziri Zepeda, Directora de Proyecto Alimente.
En tanto, Lorena Vázquez, Directora The Hunger Project México, consideró que “el respeto y cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada debe ser respetado y garantizado sobre cualquier interés del sector privado. En México y en todo Latinoamérica, estamos viviendo con la doble carga de la mala nutrición: por un lado está el problema de la desnutrición; y por otro, la cuestión del sobrepeso y la obesidad. En México el 14% de los niños menores de 5 años tienen una baja talla para su edad mientras 9% de estos niños tienen sobrepeso”.