Alerta Roja: Condenada a 25 años de prisión

Víctima de violencia doméstica sistemática, Reyna mató a su pareja sentimental en Chetumal, en las primeras horas del cinco de julio de 2015. Recluida en el Cereso de la capital del estado, recibió ayer una condena de 25 años de prisión.
La mujer de 60 años de edad ha enfrentado uno de los procesos más desaseados de los que haya testimonio, ya que elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado la torturaron para arrancar una confesión que ella había entregado casi de inmediato, pero el castigo fue aplicado por hombres y mujeres que enlodan una institución que no debe permitir este tipo de agresiones contra los derechos humanos y contra eso que denominan “el debido proceso”.
Madre de un joven con ceguera, Reyna empuñó el cuchillo de cocina y mató esa noche en defensa propia. Su perfil no es el de una psicópata, y su caso no fue revisado a conciencia por el Juez que tan irresponsablemente minimizó y desechó testimonios, aplicando una pena de 25 años que será apelada por la defensoría de oficio que ya evalúa la opción de recurrir al amparo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos formuló una recomendación contra la Procuraduría de Justicia del Estado por “trato cruel y degradante, detención arbitraria e incomunicación” sufridas por esta mujer que fue sometida al infierno, en manos de agentes ministeriales que saciaron sus instintos violentos en esta beliceña indefensa y paralizada por el pánico.
La Procuraduría está obligada a revisar ese episodio de tortura que afecta el proceso, ya que nos juran que la tortura es un mito en nuestros dominios, pero con este manejo del caso queda demostrado que personal de la Procuraduría sigue aferrado a prácticas bestiales, despreciando métodos de investigación y protocolos que tanto presumen en el discurso.
El caso Reyna es doloroso ejemplo de lo que ya no debe ser en los pasillos de la Procuraduría de Justicia del Estado, obligada a modernizarse para no ser blanco de denuncias, muchas de ellas con todo el fundamento.
La tortura debe ser erradicada para que no sea más el primer recurso para arrancar confesiones, y los policías ministeriales de la Procuraduría que agredieron a Reyna deben abandonar el garrote prehistórico para instalarse en 2016.