BLAS A. BUENDÍA
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Dirigida una misiva al Licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador general de Justicia de la Ciudad de México, el movimiento de la ex Ruta 100 reiteró la urgencia a las autoridades judiciales de la capital, a revelar, primero, hasta dónde van los resultados de la vieja investigación del asesinato del magistrado Abraham Antonio Polo Uscanga (1935-1995).
Y, segundo, de quiénes obraban extraordinarias sospechas, ya que quien “lo sabía todo”, se fue con todas ellas a la tumba; se trata del recién fallecido Saturnino Agüero Aguirre, entonces presidente del TSJDF.
No obstante y sumadas las sospechas, sobradas son las aprensiones de quienes en la década de los 90´s dirigían este organismo sindical encabezado por Ricardo Barco López y quien tenía su oficina en el edificio de Insurgentes 300, en cuyo inmueble la Ruta 100, el magistrado de 50 años de edad, tenía también su despacho, en diferentes niveles, además que sabía de los movimientos del jurista.
PRIMERO. El día 19 de Junio de 1995, fue brutalmente asesinado el Magistrado de la Novena Sala Penal del Distrito Federal, Licenciado Abraham Antonio Polo Uscanga, tres días antes de su asesinato, toda vez que al manifestar en conferencia de prensa que estaba siendo objeto de amenazas de muerte por conducto del entonces Regente de la Ciudad de México Oscar Espinoza Villarreal y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Saturnino Agüero Aguirre, dos días después fue asesinado en su oficina privada de la avenida Insurgentes Sur, 300.
SEGUNDO. Las primeras indagatorias de la Procuraduría en su momento, fueron que se había “suicidado” el Magistrado de un tiro de arma de fuego “en la nuca”, por lo que fue dictaminado por peritos que “es absurdo un suicidio de esa manera”.
TERCERO. El único delito del Magistrado fue, no obsequiar a manera de instrucción, una orden de aprehensión contra los entonces representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100.
CUARTO. Como esto no sucedió, lo amenazaron de muerte, manifestándole que se atuviera a las consecuencias por los ex funcionarios antes mencionados, obligándolo a renunciar a dicha Magistratura y “poner un magistrado a modo”, para así obsequiar las órdenes de aprehensión.
QUINTO. El sindicato antes mencionado, exigió por todos los medios, el esclarecimiento y castigo a los cobardes que lo asesinaron, encontrando siempre por las autoridades responsables, evasivas a la consignación del propio proceso penal.
SEXTO. Han pasado 21 años y siete administraciones de Gobierno del Distrito Federal, dándonos cuenta que el asunto sigue como al principio: sin castigar a los responsables.
SEPTIMO. Es por ello, que por este conducto exigimos a usted Señor Procurador, siga las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de este vil y artero asesinato y ponga tras las rejas a los responsables de la muerte del Magistrado.
OCTAVO. No quisiéramos pensar que se trata de un crimen de Estado y que se haya dado línea para nunca esclarecer el cobarde ilícito. A sabiendas Señor Procurador, que vivimos en un Estado de Derecho y lo único que solicitamos es la aplicación de éste. Con un homenaje al mártir defensor de la “Autonomía del Poder Judicial”, quedamos a sus órdenes.
En entrevista, el líder moral de la ex Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez, dijo que esta demanda fue enviada para su conocimiento al Doctor LUIS MARIA AGUILAR MORALES , Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Doctor ÉDGAR ELÍAS AZAR, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
Asimismo, al Senador ROBERTO GIL ZUARTH, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de La Republica; al Diputado JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al Doctor MIGUEL ÁGEL MANCERA ESPINOZA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; a la Doctora PERLA GÓMEZ GALLARDO, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y a todos los medios de comunicación para su entero conocimiento.
Últimas palabras de Abraham Polo Uscanga
“Recibí, yo una recomendación del Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que yo resolviera un asunto de determinada forma. Lo que no era procedente, se lo indiqué; me dijo: ‘Aténgase a las consecuencias’. Me retiré de la oficina, y en virtud de ello, presente y/o solicité mi licencia prejubilatoria y posteriormente mi renuncia, cuando se venza ésta. Porque no estoy de acuerdo que se pisoteé al Poder Judicial”, avizoró días u horas antes de ser asesinado en su despacho de Insurgentes Sur, 300.
Días más tarde, Abraham Polo Uscanga, sería asesinado, lo que desde el 19 de junio de 1995 al 19 de junio del 2016 –que suman 21 años, traducidos en 7,665 días de amplia impunidad-, sigue despertando la ira e indignación de los ex choferes de la Ruta 100, quienes han realizado una interminable serie de marchas, protestas y plantones entorno al esclarecimiento de este crimen de Estado, y a su permanente demanda que el Gobierno de Mancera, les devuelva su liquidación, como responsable del área de la Jefatura del Ejecutivo local, actualmente.
Aún se tiene en mente aquellos amargos recuerdos y los patentizados rostros desencajados, inyectados de odio y coraje, imposibilitados y la consecuente impotencia para hacerse justica con su propia mano…, observándose en La Marcha del Silencio al Zócalo por integrantes de la ex Ruta 100, que organizaron como protesta del artero asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga.
“Hasta hoy en día, el paraguas de la impunidad sigue cobijando a toda una familia de jueces y magistrados entorno al esclarecimiento de este crimen de Estado”, aseveraron los ponentes ante la tumba del magistrado Polo Uscanga, demandando por igual al Magistrado Presidente Édgar Elías Azar, “desempolve el archivo del caso Polo Uscanga”.
Aún quedan vivos varios cómplices. Uno de ellos, tal vez hasta el precursor intelectual de tan abominable atentado, el ex regente Óscar Espinosa Villarreal, de quien se presume que fue otro de los autores artífices e intelectuales de la desaparición de este prestigiado abogado penalista, sobre todo por haber fungido como el último regente de la Ciudad de México, funesto cargo que desapareció a raíz de la democratización de la capital de la República, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se convirtió democráticamente en el primer Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
De nada ha servido los cambios democráticos de la capital de la República, si entre la misma familia feliz que ahora gobierna la Gran Ciudad y que se dice ser de “izquierda” y que es “democrática”, no ha sido capaz de quitarse esos yerros y antifaces anquilosados propios que se desenvuelven entre las Mafias del Poder, sin moralización alguna, pero eso sí, degradando el Poder Judicial.
“El esclarecimiento del Crimen Político de Abraham Polo Uscanga va para largo”, puntualizó Jorge Cuellar Valdez, al pie de la cripta de este ilustre jurista donde los sutaures montaron guardias de honor y depositaron una ofrenda floral. “El magistrado mexicano dejó huella en su exigencia de respetar el Estado de Derecho, hoy pisoteado por muchos ante los cambios vertiginosos de toda la Nación”.
Fueron exhibidas varias pancartas alusivas a este acto, y una de las que impacto, que arrancó el sollozo de los ex ruteros de la 100, fue la que mostró un mensaje filosófico post mortem: “Cobardemente asesinaron a un hombre valiente que dio su vida por los trabajadores de Sutaur 100. Magistrado Abraham Polo Uscanga “, además de las arengas que se pronunciaron al pie de su tumba en el Panteón Jardín.
Pedro Aspe, Óscar Espinosa Villarreal y José Antonio González Fernández
En este sentido, el abogado Enrique González Ruiz, enterado fehacientemente del caso, en su momento hizo una serie de conjuras: “¿Quién se benefició de la muerte de Luis Moreno, secretario de Trasporte del Departamento del Distrito Federal? ¿Quién se benefició con la muerte del Agente del Ministerio Público, que llevaba precisamente los asuntos de Ruta 100?; y ¿quién se benefició con la muerte del magistrado Abraham Polo Uscanga?”
En todos los casos –apuntó- encontramos una primera respuesta: no se beneficiaron a los trabajadores, no se benefició al Sindicato. Entonces, descartando a ellos, tendremos que buscar entre el resto de los autores de este drama social a los que ordenaron la muerte de estas tres personas.
Y comentó: “Polo Uscanga reveló varios nombres. Mencionó a Pedro Aspe (ex secretario de Hacienda y Crédito Público), mencionó a Óscar Espinosa Villarreal (Jefe del Departamento del Distrito Federal), mencionó a Saturnino Agüero (presidente del TSJDF).
“Y por un acto de magia –reveló impresionado- el procurador de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González Fernández, exoneró a estos personajes ‘en menos de lo que canta un gallo’, cuando la investigación se ha mantenido abierta durante todo este tiempo, y luego la explicación lógica…, para que nos hayan dicho que esos tres mencionados por Polo Uscanga, no tenían que ‘ver en el entierro’ ”.
Clementina Gil de Léster
En su mandato, llegó al despacho de Saturnino Agüero una carta de la ex presidenta del TSJDF y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Clementina Gil de Léster, quien rompiendo las reglas de ética y secrecía de una impartidora de justicia, arremetió en contra del Presidente Magistrado cuando despidió a media planilla de jueces y magistrados que ella había colocado al presidir este Tribunal.
Este fue su contenido:
“Durante más de cuatro años se ha dedicado usted a denostar a la institución a la que debe servir y a sus integrantes, sin que nadie haya levantado públicamente su voz para defenderlos.
“La dignidad que siempre ha acompañado mis actos me impide seguir callando.
“Miente cuando afirma que la resistencia a la moralización y la falta de voluntad para acabar con la corrupción en los tribunales de justicia del fuero común en el Distrito Federal haya originado la destitución y despido de 50% por ciento de jueces y funcionarios del fuero común en lo que va de su administración.
“Usted ha corrido sin causa justificada, degradándolos, a funcionarios que en muchos casos han dedicado más de 15 años de su vida a cumplir con honestidad y conocimientos jurídicos la alta misión de impartir justicia, lo que para usted es un defecto y no una virtud. A ellos y al honorable Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al que tuve el gran honor de presidir y pertenecer por más de 20 años, expreso mi profundo respeto”, concluye.
Copias de la carta fueron enviadas a cada uno de los magistrados del TSJDF; al Jefe del DDF Manuel Camacho Solís, y al procurador general de Justicia del DF Diego Valadés Ríos.
La reacción de Agüero Aguirre fue violenta. Según versiones de algunos magistrados, se molestó tanto que de inmediato los presionó para que salieran en defensa de la Institución. Los funcionarios judiciales cuentan, incluso, que la Secretaría de Gobernación impidió que el presidente del TSJDF respondiera a las críticas de la ministra de la Corte, Clementina Gil de Léster.
Gobernación argumentó, de acuerdo con versiones obtenidas por el reportero Raúl Monge, de la Revista Proceso, que la misiva no pretendía desacreditar a los poderes judiciales Federal y local. Se trata de una carta estrictamente personal, por lo que no procede contestar, ordenó la dependencia.
Y fue cierto, porque en el contexto de esa “misiva incómoda”, la Ministra de la Corte, aclaraba: “La dignidad que siempre ha acompañado mis actos me impide seguir callando”.
Ese “conflicto de intereses” pese a que quedó en los anales del Poder Judicial Federal de República mexicana, no ha apaciguado los ánimos de todos los sectores políticos, sociales y laborales del país, toda vez que su movilidad es la permanente exigencia de que se les haga cumplir la balanza de la justicia, en pro o en contra, pero justicia simplemente justicia.
Saturnino Agüero
Tuvo una importante trayectoria en el Poder Judicial del Distrito Federal, y ocupó varios cargos en la administración pública y su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El abogado y político coahuilense Saturnino Agüero Aguirre, en el Distrito Federal desarrolló la mayor parte de su carrera, principalmente en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, del cual fue Presidente.
Considerado por muchos años prospecto a la gubernatura de Coahuila, Saturnino Agüero nació en Parras de la Fuente, en 1933.
Estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, de donde egresó en 1955. Realizó estudios de posgrado sobre administración pública y planeación económica en la Universidad de París (1962). Fue miembro de la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Primer dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Pensiones Militares (1957-1959).
Secretario auxiliar y director de Ingresos y Egresos del CEN del PRI (1966-1970). Delegado de este partido en varias entidades del país.
Magistrado fundador y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (1971-1983). Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (1989-1997).
Saturnino Agüero falleció el sábado 3 de octubre de 2015, a los 82 años y su funeral se realizó en las Capillas Lomas del Memorial, de Gayosso en la Ciudad de México.