- De acuerdo con un censo elaborado por la Delegación
- RMA denuncia amenazas por parte de Asamblea de Barrios y responsabiliza a líderes por algún agravio contra él o su familia
Ricardo Monreal Ávila exigió a las autoridades competentes liberar o dilucidar los más de 700 inmuebles invadidos o en conflicto jurídico que se encuentran en la Delegación Cuauhtémoc, ya que en muchos de ellos hay denuncias penales, como fue el caso del inmueble de Benjamín Hill en la colonia Condesa, en donde se realizó una orden de cateo la semana pasada.
Durante la reunión semanal del Comité de Seguridad Pública, el Jefe Delegacional felicitó a los responsables del operativo realizado, pero lamentó que se haya filtrado información ya que el día del cateo no se encontraba nadie adentro del inmueble.
Afirmó que al denunciar este tipo de actos ilegales, como se hizo en su momento con dicho predio, ha recibido amenazas, incluso se han interpuesto denuncias en su contra por parte de líderes corruptos, presuntamente delincuentes por intimidación, abuso de autoridad, y tráfico de influencias por denunciar ilegalidades en bienes inmuebles que no son de ellos.
“No dispongo de seguridad, aclaro, ni de personal de custodia. A mí y a mí familia nadie nos cuida, ni policías, ni agentes de seguridad, por lo que hago responsable de lo que me suceda a mí o a mi familia a los líderes de la Asamblea de Barrios, a los líderes políticos que los protegen y con quienes están vinculados y a todos aquellos que nos están enviando amenazas y denuncias”, sentenció.
“A los hermanos González y González, que son los líderes de esta zona de la Asamblea de Barrios, que son los que me denunciaron ante la Procuraduría y a todos aquellos que están preocupados, temerosos porque ya se les acabó su impunidad”.
Señaló que el predio de la Condesa no es el único que se encuentra en situación ilegal, ya que de acuerdo a un censo levantado en la delegación y que enviará a la Procuraduría General de Justicia, son más de 700 inmuebles invadidos, entre edificios, casas, y predios, lo que señaló como inadmisible en un lugar donde se presume un estado de derecho, dijo.
Ante ello, Monreal Ávila lanzó un llamado a la Procuraduría General de Justicia, a jefes delegacionales y a los partidos políticos para que ya no abanderen ese tipo de excesos al margen de la ley, a fin de erradicar y no permitir el modus operandi de muchos años, mediante el cual se invaden inmuebles o predios sin ninguna consideración.
“Muchos de ellos están intestados, otros tienen conflictos de carácter civil, y muchos otros son de propiedad incierta o que no se encuentran, pero estoy seguro, que estos más de setecientos inmuebles padecen de injusticia por parte de sus ocupantes”, describió Monreal Ávila.
Ante el escenario de ilegalidad lanzó una serie de cuestionamientos: ¿Quién los toleraba? ¿Quién les informa del estado jurídico en el que se encuentran? ¿Quién les da datos del Registro Público de la Propiedad, que el bien inmueble está solo, en conflicto o intestado? ¿Qué es lo que pasa? Son las mafias tan bien armadas que tienen despachos de abogados, de consultores, despachos de arquitectos.
Dijo que son bandas vinculadas a partidos y líderes políticos de alto nivel, y con conexiones financieras, que a la autoridad le corresponde investigar.