Brasilia (PL) La presentación por escrito de un descargo ante la Comisión Procesal del Senado Federal posibilitó a la apartada presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, exhibir los entresijos del juicio político que enfrenta por presunto delito de responsabilidad.
Este proceso de impeachment solamente existe por haber rechazado el asedio de chantajistas, señaló Dilma y recordó que desde la primera manifestación en estos autos su abogado defensor, José Eduardo Cardozo, dejó claro que el mismo fue abierto y viene siendo promovido con manifiesto e inequívoco desvío de poder.
Al explicar las razones del proceso de destitución, Rousseff -quien insistió en que es víctima de un complot- remarcó que su postura de no intervenir o no impedir las investigaciones llevadas a cabo por la operación anticorrupción Lava Jato representó y sigue representando un riesgo para sectores de la clase política brasileña.
A esos sectores, agregó, se sumaron quienes desde que se conoció el resultado de las elecciones de 2014 se negaron a aceptar su derrota, pues pretendían «otra política para el país, con fines y propósitos enteramente diferentes de los que eligieron la mayoría de los brasileños» en las urnas.
Contrario a lo que postula la Constitución, alegó Dilma, el impeachment no partió de actos ilícitos graves practicados por mí de forma dolosa, sino de un deseo claro de -por razones puramente políticas- apartarme de la Presidencia para entonces buscar cualquier pretexto jurídico que pudiera justificar, retóricamente, la consumación de ese propósito.
Advirtió también que no es con una destitución inconstitucional de un Gobierno legítimo, por medio de un golpe de Estado apoyado en la farsa y construido en una falsa retórica jurídica, que vendrán días mejores para el país.
El mayor riesgo para Brasil en este momento es continuar bajo la dirección de un gobierno sin voto, que no tendrá legitimidad para proponer salidas a la crisis porque él, en sí mismo, representa la crisis, apreció antes de ratificar su decisión de luchar con todos los instrumentos legales a su alcance para ejercer su mandato hasta el fin (enero de 2019).
Luego, y en clara alusión al presidente provisional Michel Temer, instó a mostrar que «sabemos decir no a quienes, de forma elitista y oportunista, actuando con absoluta falta de escrúpulos, se valen de la traición, la mentira, la estafa y el golpismo para, hipócritamente, llegar al poder y gobernar en absoluto desacuerdo con los deseos de la mayoría de la población».
El exhorto de Dilma ya había tenido un reflejo anticipado en la más reciente encuesta realizada por la empresa Ibope y divulgada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), según la cual más del 65 por ciento de los brasileños dijeron no confiar en el mandatario en funciones.
De otro lado, y en lo que respecta a la evaluación de su gobierno, un 39 por ciento lo consideró malo o pésimo, un 36 por ciento regular y apenas un 13 por ciento lo catalogó de excelente o bueno.
COMO SIGUE EL PROCESO
La apertura, el 7 de julio último, del plazo para que acusación y defensa presenten sus alegatos finales por escrito abrió un compás de espera en el proceso de juicio político contra la separada Presidenta.
Estos fundamentos servirán como base al relator de la Comisión Procesal de Impeachment del Senado Federal, Antonio Anastasia, para elaborar un nuevo parecer que será presentado al colegiado el 2 de agosto y 48 horas después sometido a votación.
Si -como ocurrió antes- el relatorio fuera favorable a proseguir el juicio político contra Dilma y éste resultara aprobado por la Comisión Procesal (por mayoría simple de sus 21 miembros), será entonces remitido al pleno de la Cámara alta donde, según confirmó su titular Renán Calheiros, podrá ser votado el martes 9 de agosto.
De aprobarse el parecer por la mayoría simple de los senadores (41 de 81), entonces corresponderá al presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, convocar al juzgamiento definitivo de Dilma, que de acuerdo con el propio Calheiros ocurriría solo a partir del 25 de agosto, después de finalizados los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Para que la Presidenta constitucional sea definitivamente apartada de su cargo se requerirá del voto de la mayoría calificada del pleno senatorial (54). En tal caso, el mandatario en funciones Michel Temer permanecerá en el puesto hasta el 1 de enero de 2019.
Si por el contrario más de 27 senadores votaran por restituir el mandato a Dilma, ésta reasumiría la jefatura del Estado una vez sea publicada la sentencia absolutoria.
El abogado defensor José Eduardo Cardozo ha manifestado confiar en que la Presidenta constitucional resulte absuelta por el pleno del Senado Federal.
No existe una denuncia verídica, por tanto -en condiciones normales- el caso sería de absolución sumaria, dijo el extitular de la Abogacía General de la Unión, quien ratificó que, en caso de producirse la condena y Rousseff ser separada definitivamente de su cargo, la existencia de un golpe parlamentario será confirmada.
A juicio de Cardozo, los resultados de la pericia realizada por tres técnicos de la propia Cámara alta dejó en claro la inocencia de su defendida, al indicar que la edición de tres decretos suplementarios no incidía en el incumplimiento de la meta fiscal y reconocer que ningún acto la vincula, directa o indirectamente, a las llamadas pedaladas fiscales. De otro lado, reconoció que este es un juicio jurídico-político, pero enfatizó que en su criterio «la gran mayoría de los senadores son personas que tienen la razonabilidad como parámetro de acción política».
Dilma Rousseff fue separada temporalmente de la Presidencia de la República el pasado 12 de mayo, después que una comisión de la Cámara alta decidiera someterla a un juicio político por presunto delito de responsabilidad.