Actualmente, la pena de muerte es legal en 31 de los 50 estados del país, mientras que 19 la han prohibido.
Washington, 30 ago (PL) Un grupo de congresistas hispanos, miembros del Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (Nhcsl), aprobó hoy una resolución en la que piden abolir inmediatamente la pena de muerte en Estados Unidos.
Los demandantes plantean en el documento que en la aplicación de la pena capital existe una «clara evidencia de prejuicio contra los latinos», además de los altos costos a los contribuyentes y su «inefectividad para combatir al crimen».
A su vez, los miembros del Nhcsl pidieron al Congreso que prohíba la aplicación de la pena de muerte a nivel federal, en cuyo corredor de la muerte aguardan la ejecución una minoría de los presos con condenas capitales del país.
California y Nebraska votarán en referendo el próximo noviembre si se unen a la lista de estados en los que está abolida.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reinstauró la pena de muerte en 1976, ejecutaron mil 437 presos en el país, 120 de ellos hispanos, lo que constituye 8,35 por ciento de los ejecutados.
Al inicio de este año, dos mil 943 reclusos que esperan por la ejecución, de los cuales 383 (13 por ciento) eran hispanos, la mayoría de ellos distribuidos en cárceles de California, Florida y Texas.
Por su parte, el presidente de Nhcsl, el demócrata Ángel Cruz, representante estatal en el estado de Pensilvania, comentó a medios locales de prensa que «la aplicación desproporcionada y con prejuicio de la pena de muerte hacia los latinos y otras minorías (…) nos llevó a levantar nuestras voces y hacer un llamado para ponerle fin».
En el estado de Nueva Jersey, la pena de muerte fue abolida en 2007, y en Pensilvania, rige una moratoria a las ejecuciones.
California y Nebraska votarán en referendo el próximo noviembre si se unen a la lista de estados en los que está abolida.
En el primer semestre de 2016 fueron ejecutados 15 reclusos en Estados Unidos. En Texas y Georgia se cumplieron condenas a muerte a seis reclusos en cada estado, mientras que Alabama, Florida y Missouri ejecutaron a un reo cada uno.