Como suele suceder, la realidad terminó por demostrar que el «marketing político» no siempre sirve para tapar la pobreza.
Buenos Aires, 5 sep (PL) La Marcha Federal, organizada por sindicatos y respaldada por organizaciones políticas y populares, del último viernes puso en evidencia el malestar social en todo el país y la necesidad de visibilizar los reclamos.
En un acto que desbordó las expectativas de los organizadores -las dos Centrales de Trabajadores Argentinos- miles de argentinos mostraron su rechazo a las políticas de ajuste que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, colmando la neurálgica Plaza de Mayo con una heterogénea composición de movilización.
Bajo el rótulo de «Articulación Popular», centrales obreras, sindicatos con sus conducciones o bases, movimientos sociales, agrupaciones de pequeños productores, sectores medios industriales, grupos de izquierda, campesinos, rurales se hicieron presente para dejar bien en claro que los reclamos no tienen un solo rostro político.
También se dejó una consigna a futuro: la unidad del campo popular no se negocia, «porque esa unidad para la lucha, por la liberación y la justicia social [nos hará] invencibles», sentenció Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, en uno de los pasajes más vitoreados de los discursos.
En paralelo, el Gobierno buscó jugar al ajedrez con fichas de dominó; un error grosero el querer contraponer a la foto de una plaza repleta, la imagen de una mesa de diálogo entre varios ministros y la actual conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Sin embargo, esa reunión dejó algunas notas para el análisis. Juan Carlos Schmid, secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento, y uno de los jefes de la CGT, sostuvo que «el diálogo implica sentarse a la mesa, y tener voluntad de cambio». Algo que el Gobierno viene eludiendo.
Argentina no escapa al avance de la derecha en la región. La llamada «toma de Caracas» en contra del gobierno de Nicolás Maduro y la destitución de Dilma Rousseff en Brasil muestran los intentos por cerrar un ciclo de los sectores populares y progresistas de Latinoamérica.
Incluso algunas movidas golpistas se llevaron a cabo de formas irregulares y plagadas de arbitrariedades. El hecho icónico es el golpe contra Dilma, quien aún siendo relevada de toda acusación de corrupción, fue destituida por 61 senadores, de los 81 posibles, de los cuales 47 están bajo proceso judicial, y 15 de ellos, condenados.
De hecho, el presidente actual de Brasil, a Michel Temer le imputaron los mismos cargos que Dilma -reasignación de partidas y recursos presupuestarios- pero la benévola derecha carioca y el poder económico lo protegieron para cualquier intentona de arrastre.
Mientras en Argentina, el pueblo trabajador aguarda dos fechas: el 16 de este mes se realizarán las Audiencias Públicas para tratar las tarifas de los servicios.
Ya se anunciaron movilizaciones para evitar más aumentos de impuestos. Y el 23, la realización del Congreso Federal de la CGT donde se espera que entre sus conclusiones se anuncie un paro nacional.
La proliferación del reclamo, proveniente de diversos sectores, está mostrando que en Argentina, a tan sólo nueve meses de asunción del gobierno de Mauricio Macri, la protesta ganó nuevamente las calles y con claras señales de no querer abandonarla hasta tanto sean escuchadas sus consignas.