México (PL) El presidente de México, Enrique Peña Nieto, al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia 2016 afirmó que no hay un sector o ámbito político en el país que esté libre de corrupción. Por ello, dijo, en el tema nadie puede lanzar la primera piedra.
Dura confesión del mandatario mexicano al que le dan la razón gobernadores y exgobernadores de diversa filiación política, hoy encarcelados, prófugos o bajo investigación.
Es el caso del exgobernador del norteño estado de Sonora, Guillermo Padrés (Partido Acción Nacional), contra quien la Interpol interpuso ficha roja para su localización.
Luego de semanas evadiendo la justicia, el exfuncionario se presentó en la emisora Radio Fórmula, dio una conferencia de prensa acompañado de su abogado y luego se dirigió a una cárcel capitalina, seguido por un convoy de efectivos de la Marina Armada de México.
A la espera de ser enjuiciado, Padrés fue ingresado junto a su hijo en el penal del Altiplano, estado de México, donde estuvo preso Joaquín «El Chapo» Guzmán, y es reclusorio de otros capos del crimen organizado.
Durante meses sonaron las acusaciones contra el entonces gobernador, incluso de comunidades indígenas contrarias a una presa que construyó para alimentar de agua a su rancho y cortó el suministro a esos pueblos.
Entonces no procedió la Procuraduría General de la República (PGR) que ahora le acusa por lavar 8,8 millones de dólares de fondos públicos. Pero una segunda orden de aprehensión en su contra le imputa cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con información dada a conocer por el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Gilberto Higera, el detenido desvió fondos millonarios destinados a programas de beneficio escolar.
La administración de Padrés otorgaba contratos a empresas con participación de su familia, y una vez que el dinero se encontraba en las cuentas de estas compañías, los recursos eran transferidos a cuentas personales.
DUARTE, EL GOBERNADOR PROFUGO
El propio día que Padrés fue encarcelado, la PGR ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (más de 800 mil dólares) a quien informara sobre el paradero del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, prófugo de la justicia e imputado también por cargos de corrupción.
Duarte pidió licencia para separarse del cargo y defenderse de las acusaciones en su contra; así lo dijo en un programa noticioso de Televisa de alta audiencia, pero a continuación se le perdió el rastro pese a una orden judicial para su captura.
Inicialmente enfrentó una acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales fueron transferidos a 31 empresas fachadas que obtuvieron contratos con el gobierno veracruzano.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, al ejecutivo veracruzano se le presentaron denuncias millonarias por simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación.
El total de los recursos observados por el auditor superior de la Federación entre 2011 y 2014 ascendió a 35 mil 421.7 millones de pesos (cerca de dos mil millones de dólares).
Además, en las indagatorias aparecen 10 empresas que tienen como accionistas a familiares, amigos y colaboradores de Duarte. También se indaga la propiedad de 25 inmuebles a su nombre, acciones en un campo de golf, una propiedad en Texas, intereses en el Hotel St. Regí, en Nueva York, y una casa en Phoenix, Arizona.
Tanto Duarte -Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, como Padrés, del PAN, fueron separados por sus respectivas organizaciones políticas, un recurso tardío cuando ambos llevaban tiempo bajo escarnio público.
Para que se tenga una idea: durante la gestión de Javier Duarte, Veracruz duplicó su deuda pública y creció en 60 por ciento la población en situación de pobreza, según datos de la revista Siempre que dirige Beatriz Pagés, secretaria de Cultura del PRI, el partido que lo llevó al poder.
La propia fuente afirma que el PIB veracruzano se estancó y se perdieron alrededor de 142 mil puestos de trabajo.
Entre las instituciones que sufrieron desvío de recursos figura la Universidad Veracruzana, cuyos docentes y profesores protagonizaron manifestaciones de protesta.
También los maestros, que mantienen paros en reclamo de salarios impagos, e incluso los presidentes municipales o alcaldes, que tomaron el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz, residencia oficial del gobernador del estado.
Veracruz también se resintió en materia de derechos humanos con el aumento de los secuestros y asesinatos, en particular de periodistas, activistas sociales y jóvenes, no pocas veces con el contubernio entre policías municipales y el crimen organizado.
LA CORRUPCIÓN EXTENDIDA
Otro que está bajo el colimador de la justicia es el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, también del PRI, que dejó el estado en bancarrota mientras aumentaba su patrimonio financiero y en bienes inmuebles, incluida la adquisición de seis ranchos y el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua.
Priísta es el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, a quien en su momento el presidente Enrique Peña Nieto presentó como ejemplo de «una nueva generación política».
Su sucesor afirma que recibió el tesoro en quiebra técnica y la entidad federal con el per cápita de mayor endeudamiento del país.
De Borge se desconoce su paradero, aunque tiene imputaciones de despojo, propiedades adquiridas de manera irregular, desvío de recursos y derroches en el uso de aviones privados. De ascendencia libanesa, se presume que pueda haber viajado a ese país árabe, con el que México no cuenta con tratado de extradición.
Según el investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Diego Díaz, los estados mexicanos y los municipios se endeudan con índices de corrupción en los que son protagonistas sus gobernadores, funcionarios, pero también la debilidad institucional de los congresos estatales.
Entre los estados más endeudados están Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo. No por gusto los exgobernadores de esas entidades están en la picota pública y bajo investigación criminal.
Para el experto, el problema no es solo que contraigan deudas, sino que lo hacen para obras inexistentes y los recursos quedan en sus bolsillos.
Entre tanto, la Procuraduría General de la República, las procuradurías y fiscalías estatales actúan por lo general tarde.
Mientras, el sistema judicial otorga amparos a los inculpados que dilatan o impiden la consumación de la justicia, con lo que la corrupción persiste, impune, por más que no sean pocos los que lanzan piedras en esa dirección.