Tratados Bilaterales de Inversión no favorecen a Ecuador, según informe

Quito, 8 may (PL) «Los TBI firmados por Ecuador, por un lado contradicen y así también menoscaban los objetivos de desarrollo planteados en la Constitución de 2008», aseguró hoy un informe oficial presentado al presidente Rafael Correa.
El reporte, elaborado tras un estudio por la Comisión para la Auditoría de Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa) concluyó además que los llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) no fueron determinantes en la atracción de inversión extranjera directa.    De acuerdo con los datos ofrecidos por Cecilia Olivet, presidenta de Caitisa, el principal flujo hacia Ecuador proviene de Brasil, México y Panamá, sin embargo, ninguna de esas naciones mantiene TBI con Quito.
También mencionó siete grandes inversores externos en este territorio ubicado en la Mitad del Mundo y de ellos solo 23 por ciento tiene suscrito ese tipo de acuerdo con el gobierno nacional.
«Ecuador está entre los países de América Latina que más TBI ha firmado (…) y sin embargo solo recibe 0.79 por ciento de la inversión extranjera directa que llega del mundo hacia América Latina y el Caribe«, precisó.
La Comisión también analizó riesgos y costos para el país, los cuales fueron «extraordinarios», según los hallazgos de la pesquisa.
Con un total de 26 demandas de inversores extranjeros a tribunales internacionales, la administración nacional llegó a ser en 2014 la quinta más emplazada del mundo, siendo el TBI con Estados Unidos el que representó mayores daños, invocado en 17 de los casos.
«Este gobierno ha sido el más atacado, porque el 71 por ciento de los casos han llegado en el período entre 2006 y 2015 (…) y el sector con más demandas es el de explotación petrolera con cerca del 50 por ciento», especificó Olivet en su presentación en el Salón Amarillo del palacio de Carondelet, sede de la presidencia de la república.
Además de revelar los resultados, Caitisa expuso algunas recomendaciones, entre las que destacaron, firmar nuevos tratados basados en un modelo alternativo, el cual asegure la capacidad del estado de regular en materia social y medioambiental, sin la posibilidad de ser demandado.    Igualmente, sugirieron garantizar el poder de reorientar la inversión según los objetivos nacionales y asegurar que los inversionistas extranjeros respeten los derechos humanos entendidos en su integralidad.
En ese sentido, llamaron a eliminar o reducir las clausulas más problemáticas que tienen los tratados actuales, excluir la relacionada con la solución de controversias Inversor- Estado e incluir derechos para el gobierno como el de imponer requisitos de desempeño a las empresas.
El informe se presentó pocos días después que la Asamblea Nacional aprobó pedidos de denuncia para 12 TBI vigentes.

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